La seguridad minera en Chile vuelve a estar en el centro del debate tras conocerse las cifras de accidentes fatales en el sector. De acuerdo con antecedentes de Sernageomin, durante 2025 fallecieron 20 trabajadores en faenas mineras, lo que representa un aumento del 81,8% respecto de los 11 decesos registrados en 2024. A octubre de 2026, en tanto, se contabilizan otros 12 fallecimientos, evidenciando que la tendencia al alza no se ha revertido. La situación fue abordada por Cristián Sánchez López, director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad Central, sede Región de Coquimbo, quien publicó un análisis en el que sostiene que la vida debe estar por sobre cualquier meta productiva.
El incremento de la fatalidad minera ocurre pese a que la industria chilena ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, con nuevas tecnologías, automatización, avances en ingeniería y mejoras normativas que han permitido operaciones más eficientes y seguras. Sin embargo, los accidentes evitables persisten. Históricamente, los siniestros fatales se han vinculado con desprendimientos de roca, inestabilidad del terreno, maquinaria pesada, atrapamientos y energías peligrosas, riesgos conocidos para los cuales existen procedimientos y tecnologías de control. La pregunta que surge es por qué se siguen perdiendo vidas frente a peligros que pueden identificarse y gestionarse.
Seguridad minera en Chile: la prevención exige compromiso en terreno
Para Sánchez, la respuesta va más allá del error individual. «La prevención exige integrar planificación, mantenimiento, supervisión y evaluación continua de riesgos. No basta con protocolos escritos: deben cumplirse en terreno, y cualquier trabajador debe poder detener una tarea cuando existan condiciones inseguras, sin temor a represalias», plantea el académico. En esa línea, subraya que Sernageomin y las empresas mineras públicas y privadas tienen un papel decisivo. «Urge fortalecer la fiscalización, el monitoreo preventivo y los planes transversales de seguridad, con iguales estándares para trabajadores de empresas mandantes, contratistas y colaboradoras. La protección de la vida no puede depender del vínculo contractual ni del tamaño de la faena», agrega.
Las cifras entregadas por Sernageomin reflejan la magnitud del desafío. El salto de 11 a 20 muertes entre 2024 y 2025 representa un retroceso en materia de seguridad, mientras que los 12 fallecimientos acumulados a octubre de 2026 confirman que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. Detrás de cada número hay una pérdida irreparable para familias y comunidades mineras, y el deber de revisar las estrategias de prevención. La industria minera es un pilar de la economía chilena, especialmente en regiones como Atacama y Coquimbo, donde la actividad concentra una parte importante del empleo local.
Formación universitaria y cultura de seguridad: claves para revertir la tendencia
El director de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad Central también apunta a la responsabilidad del mundo académico en la formación de los futuros profesionales. «Las universidades tenemos una responsabilidad importante en formar profesionales que comprendan que toda decisión de ingeniería tiene consecuencias humanas, además de económicas. La seguridad debe incorporarse desde el diseño de la faena hasta su cierre», afirma. De esta manera, la prevención no solo depende de la fiscalización estatal o de los protocolos empresariales, sino también de una cultura de seguridad que se construye desde la etapa formativa.
Chile aspira a mantener su liderazgo minero a nivel mundial, pero ese liderazgo también debe medirse por la capacidad de proteger a las personas. «No podemos normalizar las muertes como un costo inevitable de producir. Ninguna tonelada extraída ni meta operacional justifica perder una vida. El verdadero progreso será que cada trabajador regrese sano y salvo a su hogar», concluye Sánchez. El llamado de atención llega en un momento en que la industria enfrenta presiones productivas y desafíos técnicos, pero también la obligación ética de garantizar condiciones laborales seguras. La seguridad minera en Chile, por tanto, se posiciona como un tema prioritario que exige coordinación entre el Estado, las empresas y la academia para revertir las cifras y evitar que más trabajadores pierdan la vida en el ejercicio de sus funciones.
