El pleno de la Corte Suprema abrirá este jueves un debate para reformar el recurso de protección, la acción constitucional más utilizada por los ciudadanos y que, según fuentes judiciales, ha colapsado las cortes de Apelaciones del país. La decisión fue anunciada por la presidenta del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, quien detalló que las jornadas de reflexión de este año se centrarán en tres ejes: la regulación de esta acción, la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la votación de la primera política institucional sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la judicatura.
El recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, carece de una ley que lo regule desde su creación en 1980. Ante esta omisión del Poder Legislativo, la Corte Suprema ha suplido el vacío mediante un auto acordado, una norma infralegal cuya última modificación data de hace casi una década. Con el tiempo, según fuentes del máximo tribunal, el recurso se ha ampliado en extremo, al punto de generar una carga excesiva para las cortes de Apelaciones, que deben resolver miles de causas cada año. La situación ha llevado a que los supremos consideren necesario abrir un proceso de reflexión que podría derivar en un cambio al auto acordado o en un llamado al Ejecutivo y al Legislativo para que tramiten una ley que regule la materia.
El recurso de protección y la necesidad de una reforma legal
En palabras de la presidenta Chevesich, el objetivo de estas jornadas es «mejorar el servicio de la administración de justicia enfocándonos en temáticas que pueden impactar positivamente tanto en las personas que trabajan en los tribunales como aquellas que acuden a los tribunales para obtener una respuesta de orden jurisdiccional que sea oportuna y también de calidad». Respecto del recurso de protección, la ministra reconoció que «el volumen es excesivo» y que «hay que reformarlo, hay que reformarlo o dictar una ley que regule aquello para mejor seguridad jurídica tanto de las personas que presentan sus recursos de protección como también para que las cortes de Apelaciones puedan tomar las decisiones».
El debate se sustentará en el diagnóstico que han levantado los ministros de la Tercera Sala -Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz- tras tres jornadas de conversación con profesores de Derecho con motivo de los 50 años de esta acción de protección. Según fuentes del máximo tribunal, todo indica que los supremos solo abrirán el debate y designarán una comisión a cargo de pensar la reforma, aunque no se descarta que el pleno haga un llamado formal a los otros poderes del Estado para que asuman su responsabilidad legislativa.
Inteligencia artificial en la judicatura: primera política institucional
Otro de los temas centrales de las jornadas será la votación de la primera política institucional sobre el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Hasta ahora, la judicatura solo cuenta con una regulación general en el Código de Ética Judicial y un oficio con buenas prácticas. El texto, que será expuesto por el ministro Matus junto con la Dirección de Estudios, busca establecer principios rectores para el uso de estas herramientas tecnológicas. La ministra Chevesich enfatizó que «hay que tener siempre presente y, tal como lo dice el Código de Ética del Poder Judicial, que la responsabilidad en materia jurisdiccional es siempre del juez o de la jueza. La idea es adoptar una política de inteligencia artificial en el Poder Judicial, y eventualmente conocer los términos de un auto acordado para que sea obligatorio para todos los funcionarios del Poder Judicial, que recoja los principios que deben inspirar esta política».
El programa de las jornadas contempla además la revisión de presentaciones de las asociaciones gremiales del Poder Judicial durante la tarde del jueves y la adopción de los acuerdos finales del pleno al cierre de las sesiones el viernes. Se espera que de estas deliberaciones surjan lineamientos concretos que podrían traducirse en cambios normativos internos y en una postura institucional frente a la necesidad de una ley que regule el recurso de protección.
La apertura de este debate en la Corte Suprema ocurre en un contexto de creciente preocupación por la sobrecarga de los tribunales y la calidad de la justicia. La reforma al recurso de protección, de concretarse, tendría un impacto directo en la ciudadanía, que vería modificada la principal vía para reclamar por afectaciones a derechos constitucionales. Asimismo, la política de inteligencia artificial marcaría un precedente en la modernización del Poder Judicial, estableciendo resguardos éticos y jurídicos para el uso de estas tecnologías. Las definiciones que adopte el pleno en los próximos días serán seguidas con atención por abogados, académicos y usuarios del sistema judicial.
