La industria minera planteó este martes que el ciclo de inversión en Atacama depende de obras habilitantes en el primer seminario de EXPO FOREDE 2026, actividad que abrió la agenda de la décima versión de la feria en el Parque El Pretil de Copiapó. El encuentro, titulado «¿Cómo enfrentar los desafíos de inversión en Atacama?», reunió al Ministro (s) de Minería, Álvaro González; a Juan Andrés Morel, vicepresidente de Lundin Mining; James Whittaker, vicepresidente y gerente general de Capstone Copper; Max Combes, vicepresidente senior de Crecimiento Estratégico de Kinross; Francisco Bize, portfolio manager de BTG Pactual; al presidente de SONAMI, Jorge Riesco; y al presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco. La instancia fue moderada por la periodista Macarena Morales y se centró en los obstáculos que enfrenta la región para concretar su cartera de proyectos.
El seminario se desarrolló en un contexto de estancamiento de la producción nacional de cobre, que se mantiene entre 5 y 5,5 millones de toneladas anuales, y de una caída sostenida en la ley del mineral. Según expuso el Ministro (s) González, la ley promedio del mineral procesado en Chile disminuyó 55% en 25 años, lo que obliga a procesar un 46% más de material para obtener la misma cantidad de cobre. Esta realidad productiva presiona sobre los costos y la competitividad de la industria, y explica, en parte, la urgencia de generar condiciones habilitantes para las inversiones. En la región, la cartera de proyectos mineros se estima en torno a los US$36.000 millones al 2036, según cifras aportadas por CORPROA, lo que representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico territorial.
Obras habilitantes: el factor clave para el ciclo de inversión en Atacama
El panel desplazó el foco desde la normativa hacia la infraestructura. Juan José Ronsecco, presidente de CORPROA, alertó sobre un déficit energético cercano al 30% hacia el cierre de la década, junto con una demanda habitacional de 16.000 viviendas, de las cuales 4.000 corresponderían a perfiles ejecutivos y profesionales. A ello sumó la necesidad de fortalecer la conectividad aérea y logística de la región, condiciones previas para sostener los umbrales del ciclo de inversión. «Los desafíos de Atacama deben resolverse desde la región y no esperar a que la autoridad central gestione todas las obras», planteó Jorge Riesco, presidente de SONAMI, quien propuso avanzar hacia infraestructura compartida —desaladoras y líneas eléctricas de uso común entre distintas operaciones— como fórmula para reducir la huella territorial y acelerar los plazos de habilitación.
Desde el segmento financiero, Francisco Bize, de BTG Pactual, precisó que el principal freno energético actual no está en la generación renovable, cuya ejecución es más rápida, sino en la lentitud para construir y robustecer las redes de transmisión necesarias para asegurar un suministro continuo a operaciones que demandan energía 24/7. Los ejecutivos mineros coincidieron en la necesidad de previsibilidad. Juan Andrés Morel, de Lundin Mining, señaló que existe claridad sobre la fórmula de desarrollo regional, pero que faltan mecanismos que agilicen su ejecución dentro del ciclo actual, destacando el potencial de la infraestructura compartida ante yacimientos de menor ley y escasos nuevos descubrimientos. James Whittaker, de Capstone Copper, abordó el proyecto Santo Domingo y subrayó que los inversionistas requieren certezas de concreción y capital humano disponible. Max Combes, de Kinross, puso el acento en las empresas proveedoras, cuya capacidad de gestión debe fortalecerse para responder simultáneamente a un número creciente de proyectos, y en la necesidad de plazos conocidos para dimensionar la demanda de bienes y servicios.
Permisología y certeza jurídica: avances y desafíos pendientes
El Ministro (s) de Minería, Álvaro González, detalló un paquete de medidas orientado a otorgar certidumbre jurídica y agilizar la tramitación, que incluye cambios en el régimen de patentes mineras, la reducción de 55 a 30 permisos en seguridad minera y ajustes a los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Como resultado de estas gestiones, informó que desde el 11 de marzo han ingresado a evaluación ambiental proyectos por más de US$24.500 millones, equivalente al 62% de la inversión nacional del período. Estas cifras fueron valoradas por los asistentes, aunque se insistió en que la agilización de permisos debe complementarse con obras de infraestructura que permitan materializar las inversiones.
El llamado de CORPROA y SONAMI apuntó a la articulación público-privada. Instancias como EXPO FOREDE funcionan como plataformas catalizadoras idóneas para que el sector público y los privados dialoguen francamente y coordinen el trabajo a largo plazo que transformará las cifras y expectativas en progreso social concreto. La décima versión de la feria, que se extiende por varios días en Copiapó, busca precisamente generar espacios de encuentro entre autoridades, empresas y comunidad. En ese sentido, los participantes coincidieron en que superar los déficits de infraestructura es condición necesaria para que la región capture los beneficios del ciclo inversor y los traduzca en empleo, desarrollo local y mejores condiciones de vida para sus habitantes.
