La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un lapidario informe que revela graves irregularidades en viajes por comisiones de servicio realizados por autoridades y funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío entre los años 2022 y 2024. Según el Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026, el organismo fiscalizador detectó reparos que superan los $100.436.919, cifra que responde a incumplimientos normativos y desembolsos de dinero público cuya necesidad institucional no pudo ser debidamente acreditada ante el ente contralor.
Este hallazgo se enmarca en una fiscalización exhaustiva a la gestión de recursos públicos, un tema que ha cobrado especial relevancia en el debate nacional sobre la probidad administrativa. La auditoría no solo cuestiona el gasto directo, sino que también pone en tela de juicio los procedimientos internos de adquisición de pasajes aéreos, donde se detectaron compras realizadas sin la debida anticipación, emisión tardía de órdenes de compra y una preocupante falta de antecedentes que justificaran la elección de determinadas rutas o aerolíneas, contraviniendo los principios de eficiencia y economía que deben regir a toda repartición estatal.
Detalles de las irregularidades en viajes del GORE Bío Bío
Entre las observaciones más críticas, el informe de la CGR detalla que el Gobierno Regional autorizó la participación de funcionarios en comisiones de servicio al extranjero junto al entonces gobernador regional, Rodrigo Díaz, sin contar con la habilitación legal expresa ni las autorizaciones excepcionales que exige la normativa vigente. Asimismo, se detectaron casos donde los resultados o beneficios obtenidos para la institución tras estos viajes no pudieron ser demostrados documentalmente, lo que sugiere una falta de planificación estratégica en las misiones internacionales y nacionales financiadas por el erario público.
La investigación también puso el foco en casos específicos, como una comisión de servicio realizada en Estados Unidos por una funcionaria, donde no se logró acreditar la relación entre el viaje y las funciones propias del cargo, ni la existencia de un interés público justificado. Adicionalmente, la Contraloría identificó otros $98.627.794 en gastos pendientes de justificación, monto por el cual el GORE deberá presentar documentación técnica que valide el aporte real de dichas actividades para la región.
Acciones correctivas y reintegro de recursos
Ante la magnitud de los hallazgos, la Contraloría ha instruido al Gobierno Regional del Bío Bío adoptar medidas inmediatas para gestionar el reintegro de los recursos observados. El organismo fue enfático al señalar que, de ser necesario, se deberán ejercer las acciones administrativas y judiciales correspondientes para asegurar la restitución de los dineros al fisco. Esta medida busca sentar un precedente sobre la responsabilidad que recae en las autoridades al momento de administrar fondos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Finalmente, el GORE Bío Bío se encuentra obligado a remitir todos los antecedentes pendientes a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría, con el fin de acreditar los resultados de las gestiones cuestionadas. Este proceso de fiscalización marca un punto de inflexión en la administración regional, obligando a la institución a reforzar sus controles internos y a transparentar de manera rigurosa cada peso invertido en misiones de servicio, bajo el estricto cumplimiento de la ley y la probidad administrativa exigida en Chile.
