La reciente cuenta pública del presidente José Antonio Kast dejó una señal política clara: para el gobierno, el principal obstáculo al crecimiento es la lentitud de la institucionalidad ambiental. El discurso insistió en conceptos como “destrabar”, “agilizar” y “racionalizar permisos” para acelerar inversiones millonarias. Y aunque Chile necesita un Estado eficiente, esta manera de abordar el tema revela una visión muy limitada sobre el rol de la sostenibilidad.
Es válido querer mejorar los procesos, pero el problema surge al transformar la evaluación ambiental en sinónimo de burocracia. Cuando un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no solo se revisan papeles. En juego están los ecosistemas, la calidad del aire, la salud humana y la resiliencia. Reducir esta discusión a una “maraña de permisos” instala la peligrosa idea de que el medio ambiente es una traba administrativa, y no un límite ecológico fundamental que exige gestión responsable.
Si bien la frase “crecer y cuidar no son opuestos” fue uno de los ejes del discurso, el cuidado ambiental quedó completamente subordinado al objetivo de la inversión. Se habló extensamente de montos aprobados, tiempos reducidos y reclamaciones resueltas, pero se omitieron crisis urgentes: escasez hídrica, adaptación climática, pérdida de biodiversidad o justicia territorial. No se abordó cómo se fortalecerá la fiscalización o la capacidad técnica de los servicios públicos.
Y esto importa profundamente. Cuando la rapidez se erige como el principal indicador de éxito, se corre un enorme riesgo de socavar la legitimidad de las decisiones territoriales. Una evaluación ambiental robusta requiere tiempo, evidencia técnica, análisis acumulativos y diálogo social. Resolver rápido no siempre equivale a resolver bien.
Además, este enfoque desplaza el rol histórico del Ministerio del Medio Ambiente: de garante protector a un mero facilitador de inversiones. Esto puede parecer eficiente hoy, pero multiplicará los conflictos socioambientales, la judicialización y la incertidumbre futura. Paradójicamente, muchos proyectos no se paralizan por un exceso de regulación, sino porque ingresan deficientemente diseñados y carecen de legitimidad ciudadana.
Al referirse a la inteligencia artificial refleja la misma tensión estructural. Se promovió a Chile como un polo de centros de datos y capacidad de cómputo, pero se omitió el gigantesco consumo energético e hídrico que estas industrias exigen a nivel local. Así, la sustentabilidad aparece como secundaria ante la competitividad.
Chile enfrenta un desafío más profundo. La pregunta estratégica no es solo cómo atraer capitales de forma rápida, sino qué tipo de inversión necesitamos para enfrentar la actual crisis ecológica. Un modelo de desarrollo verdaderamente moderno no puede medir su éxito exclusivamente en la velocidad de aprobación, sino en su capacidad de proteger los territorios y construir resiliencia de largo plazo. Porque el verdadero riesgo no es tener regulación ambiental. El verdadero riesgo es olvidar por qué existe.
