En un fallo histórico por su contundencia y unanimidad, el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile ha decretado la expulsión de Ariel Wolfenson Rivas de sus registros gremiales. El jurista, quien alcanzó notoriedad pública mediante una agresiva estrategia de marketing digital donde se autodenominaba como el “mejor abogado de Chile”, fue sancionado tras acreditarse una serie de conductas que vulneran profundamente los deberes profesionales. La resolución, que consta de 105 páginas de análisis jurídico, establece que el sancionado incurrió en engaños deliberados, abandono sistemático de sus representados y cobros de honorarios sin la debida contraprestación de servicios.
La investigación gremial se originó a partir de seis denuncias formales presentadas por exclientes, quienes aportaron antecedentes críticos sobre el proceder de Wolfenson. Según el fallo emitido por los jueces Rafael Ferrada, Paula Vial, María Corvalán, Javiera Farías y Natalia García, el abogado se alejó de forma “contumaz” de los estándares de conducta exigidos por la institución. El documento detalla que la expulsión de Ariel Wolfenson quedó firme y ejecutoriada el pasado 2 de octubre, luego de que el profesional no presentara recursos de apelación, a pesar de haber amenazado previamente con acciones legales contra el gremio al intentar renunciar de manera infructuosa durante el proceso.
Detalles de las negligencias y la expulsión de Ariel Wolfenson
Entre los casos más alarmantes que sustentan esta sanción, destaca la representación de una pareja de adultos mayores que buscaba auxilio legal para obtener un régimen de visitas con sus nietos. En este proceso, Wolfenson habría cometido errores técnicos inexcusables al ingresar peticiones en causas donde sus representados no eran parte, asegurándoles falsamente que las gestiones habían sido exitosas. Al ser descubierto, el jurista se habría negado a restituir documentos sensibles, como informes psicológicos, condicionando su entrega al pago de cuotas adeudadas y profiriendo amenazas legales contra los propios afectados.
Otro de los antecedentes que pesó en la decisión del tribunal gremial fue el manejo de una causa por negligencia médica. El cliente, que sufría una perforación en el tabique nasal, perdió la oportunidad de recibir una indemnización de $40 millones de pesos por daño moral debido a que Wolfenson no gestionó las pericias psicológicas necesarias para acreditar el impacto emocional. Asimismo, en un caso de embargo domiciliario, el abogado se presentó ante el tribunal dos días después de que la propiedad ya había sido rematada y adjudicada a una entidad bancaria, dejando a su representado en una situación de total vulnerabilidad habitacional.
Impacto judicial y proyecciones del caso
La situación de Wolfenson trasciende el ámbito ético-gremial, ya que enfrenta aristas judiciales complejas. A mediados de 2025, fue objeto de una querella por apropiación indebida relacionada con la compra de un terreno en la Región de Aysén, causa que es tramitada por la Fiscalía de Las Condes. Además, el jurista fue condenado por la Corte Suprema a pagar costas procesales por un monto de $1,5 millones tras perder acciones legales contra medios de comunicación y el propio Colegio de Abogados, deuda que, según los registros actuales, aún permanece impaga.
Este escenario plantea un debate necesario sobre la regulación de la publicidad en los servicios legales y la protección de los consumidores de justicia en Chile. La expulsión de Ariel Wolfenson no solo pone fin a su pertenencia al colegio profesional, sino que también sirve como una advertencia sobre los riesgos de las promesas de éxito garantizado en litigios complejos. Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos antecedentes sobre las causas penales vigentes, mientras la comunidad jurídica refuerza el llamado a verificar la trayectoria y sanciones de los profesionales antes de contratar servicios de defensa legal.
















