La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la ministra Silvana Donoso, se encuentra en el centro de la polémica institucional luego de que diversos sectores cuestionaran su decisión de no inhabilitarse en el proceso destinado a conformar la terna para el nombramiento del nuevo fiscal regional de Valparaíso. La controversia surge en un complejo escenario judicial donde su entorno familiar y vínculos profesionales la sitúan de manera indirecta en investigaciones que lleva adelante el propio Ministerio Público en la jurisdicción porteña.
El debate se intensifica debido a que el actual periodo de la fiscal regional Claudia Perivancich concluye a fines de diciembre, fecha en la que dejará vacante un puesto clave que actualmente encabeza indagatorias asociadas al caso Hermosilla y aristas de tráfico de influencias en nombramientos judiciales. En este contexto, la presencia de postulantes como el fiscal de Arica Mario Carrera —vinculado a pesquisas que involucran al hermano de la magistrada, el abogado Samuel Donoso— ha encendido las alertas sobre eventuales conflictos de interés al interior del tribunal de alzada.
Vínculos en chats y cuestionamientos éticos
Las críticas hacia la magistrada no solo se limitan al proceso de selección del Ministerio Público, sino que también reviven antecedentes ligados a filtraciones de chats en investigaciones penales. En dichos registros, el abogado Samuel Donoso aparece realizando gestiones para favorecer nombramientos judiciales, además de revelarse coordinaciones previas con actores políticos e intermediarios para blindar a la ministra durante la acusación constitucional que enfrentó en el año 2020, tras otorgar masivas libertades condicionales en 2016.
Voces del ámbito jurídico y periodístico, como el análisis expuesto recientemente en espacios de debate nacional, han apuntado a la falta de prudencia institucional al participar en decisiones que involucran a persecutores con competencias sobre causas donde su círculo cercano figura como imputado, defensor o parte interesada. A esto se suman las referencias en la querella de capítulos presentada en contra del exministro Antonio Ulloa, quien reconoció gestiones ante parlamentarios para evitar la destitución de la jueza en el pasado.
Implicancias para la justicia regional
Las repercusiones de este caso ponen en entredicho los estándares de probidad y transparencia en los nombramientos del sistema de justicia chileno, generando un intenso debate sobre la necesidad de aplicar criterios estrictos de inhabilidad. Mientras el proceso para suceder a la fiscal Perivancich avanza en medio de la expectación pública y la fiscalización de los órganos contralores, la comunidad jurídica exige mayores garantías de imparcialidad para resguardar la legitimidad de las instituciones del Estado en la Región de Valparaíso.
















