Advertisement

Corte Suprema ordena a Ministerio de Justicia resolver caso de reo por violación pese a veto gubernamental

0:00 / --:-- Locución HD

La Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento de alto impacto institucional al ordenar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que resuelva «a la brevedad» la solicitud de rebaja de condena de Víctor Manuel Alarcón Torres, un hombre de 54 años condenado por violación reiterada de una menor de edad. Este fallo, dictado el 17 de noviembre por la Segunda Sala del máximo tribunal, confirma una resolución previa de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y se convierte en un precedente crítico que tensiona la política penitenciaria actual, obligando a la administración pública a actuar sobre un caso específico a pesar de las restricciones generales impuestas por el Ejecutivo.

El conflicto judicial surge en un contexto de profunda controversia política y legal. El 9 de noviembre, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, sin excepciones, mientras el Congreso Nacional debate un proyecto de ley que busca derogar la normativa que permite acceder a este beneficio. Sin embargo, la defensa de Alarcón, quien cumple una pena de cinco años y un día en el Centro de Detención Preventiva de Limache, recurrió a los tribunales tras la exclusión inicial de su cliente por la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso, argumentando que dicha exclusión vulneraba sus derechos al no considerar su conducta carcelaria.

El mandato judicial frente a la paralización administrativa

Tras ser reincorporado al proceso por orden judicial y ser calificado con «conducta sobresaliente», la defensa de Alarcón presentó un segundo recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Fernando Rabat, acusando una privación ilegal de libertad por la demora en dictar el decreto correspondiente. El abogado del interno argumentó que las rebajas acumuladas le habrían permitido adelantar su fecha de libertad al 26 de octubre de este año. Ante la inacción de la cartera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó inicialmente resolver en 24 horas, plazo que el Ministerio apeló argumentando que la Ley 19.856 no establece un término perentorio para dictar estos decretos.

No obstante, la Corte Suprema desestimó el argumento del Ministerio y confirmó la obligación de resolver la petición. El fallo no concede directamente la rebaja de pena ni ordena la liberación inmediata del condenado, sino que exige a la autoridad administrativa adoptar una decisión formal de acoger o rechazar la solicitud conforme a la ley vigente. Esta distinción técnica es fundamental, ya que traslada la responsabilidad de la decisión final al ámbito administrativo, forzando al Gobierno a justificar su negativa o a otorgar el beneficio, rompiendo así la lógica de la suspensión general de estos procesos.

Impacto en la política penitenciaria y los derechos de los internos

Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en materia de política criminal. Al obligar al Ministerio de Justicia a pronunciarse, la Corte Suprema establece que la suspensión administrativa de los beneficios no puede traducirse en una paralización indefinida que afecte los derechos de los internos que cumplen los requisitos legales. Para la comunidad y los expertos en derecho penal, este caso podría generar un efecto dominó, donde otros internos con causas similares recurran a los tribunales para exigir la resolución de sus solicitudes, presionando al sistema de justicia a agilizar la tramitación de estos decretos.

El caso de Víctor Manuel Alarcón pone de manifiesto la complejidad de implementar políticas de seguridad pública que buscan endurecer las penas o limitar beneficios para delitos graves, sin vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El próximo paso quedará en manos del Ministerio de Justicia, que deberá emitir una resolución formal en los próximos días, una decisión que será escrutada tanto por la opinión pública como por los organismos de derechos humanos, redefiniendo los límites de la discrecionalidad administrativa en el sistema penitenciario chileno.