Una reciente investigación periodística reveló que los ministerios de Justicia encabezados por Hernán Larraín, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y Fernando Rabat, bajo la administración de José Antonio Kast, concedieron un total de 22 rebajas de condena a responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sin que existieran sentencias judiciales que obligaran a otorgar dichos beneficios. El reportaje detalla que se identificaron al menos 19 decretos firmados durante la gestión de Larraín y otros tres emitidos en mayo de 2026 bajo la administración de Rabat, permitiendo reducir las penas a exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad como secuestro calificado, torturas y desaparición forzada en distintos puntos del país.
Estos antecedentes se dan a conocer en un complejo escenario político marcado por la controversia que enfrenta el actual titular de la cartera de Justicia en torno a las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por los beneficios concedidos a agentes de la dictadura, situaciones que motivaron la presentación de una acusación constitucional por parte de la oposición parlamentaria. Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2021, la administración de Larraín aprobó al menos 19 reducciones punitivas argumentando que la legislación nacional sobre la materia no excluía expresamente a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sosteniendo además que la evaluación recaía en comisiones especializadas sin la obligatoriedad de incorporar tratados internacionales.
Cuestionamientos jurídicos y fallos de la Corte Suprema
La controversia escaló judicialmente cuando, en 2021, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos interpuso un recurso de protección en contra del entonces presidente Sebastián Piñera y del ministro Hernán Larraín por seis de los beneficios otorgados, cuestionando la omisión de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado chileno. Posteriormente, en abril de 2023, la Corte Suprema respaldó la tesis de que el Poder Ejecutivo debía incorporar obligatoriamente las exigencias y requisitos establecidos en el Estatuto de Roma al evaluar las solicitudes de indulto o rebaja de penas, aunque para esa fecha los beneficios carcelarios ya habían sido materializados. La investigación también consigna que tres de los condenados que obtuvieron su libertad mediante estas reducciones debieron reingresar a recintos penitenciarios tras ser condenados nuevamente por otros delitos perpetrados durante el régimen militar.
Entre los beneficiados por los decretos emitidos en noviembre de 2021 figuran cinco exfuncionarios de la Policía de Investigaciones que cumplían condena por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés, ocurrida en 1987, además de exoficiales del Ejército y Carabineros vinculados a desapariciones forzadas en regiones. Tras el cambio de mando y la asunción del gobierno de Gabriel Boric, el criterio ministerial experimentó una modificación sustancial, derivando en el rechazo sistemático de las solicitudes presentadas por violadores a los derechos humanos. De acuerdo con el catastro elaborado, entre 2022 y 2026 el máximo tribunal del país desestimó 20 solicitudes y acogió solo cuatro, consolidando una jurisprudencia favorable a incorporar exigencias como el arrepentimiento y la colaboración efectiva con la justicia.
Modificación de criterios bajo la administración actual
No obstante, la tendencia jurídica volvió a modificarse tras el arribo de la administración de José Antonio Kast a La Moneda y la designación de Fernando Rabat como ministro de Justicia. Según los antecedentes recabados por el reportaje, desde finales de abril de 2026 la secretaría de Estado comenzó a emitir e ingresar informes ante los tribunales superiores de justicia que respaldaban de manera formal las solicitudes de rebaja de condena presentadas por exagentes estatales condenados por crímenes graves. Este giro en la postura gubernamental ha reabierto el debate político y jurídico respecto a los estándares de memoria, verdad y justicia en el sistema penitenciario chileno, generando reacciones encontradas en organizaciones de derechos humanos y actores del espectro político nacional ante la aplicación reiterada de beneficios a perpetradores de delitos imprescriptibles.
