El paro de camioneros iniciado este martes se mantiene con carácter indefinido a lo largo del territorio nacional, tras el fracaso de las primeras instancias de diálogo entre los gremios de transportistas y el Gobierno de José Antonio Kast. La movilización, motivada por el incremento sostenido en el precio de los combustibles derivado de la crisis internacional en Irán, ha generado bloqueos parciales en puntos estratégicos de la Ruta 5, así como en los accesos a los principales terminales portuarios del país, afectando la cadena logística nacional y el flujo vehicular en zonas críticas.
Esta movilización representa el desafío sectorial más complejo para la actual administración desde su asunción en marzo pasado. El conflicto se originó tras la aplicación del denominado «bencinazo», medida que traspasó el alza del valor del petróleo directamente a los usuarios finales. A diferencia de otras paralizaciones históricas, esta es liderada principalmente por pequeños y medianos transportistas agrupados en organizaciones como No+TAG, mientras que las grandes confederaciones empresariales se han mantenido al margen de la interrupción de rutas, aunque la adhesión ha crecido con la incorporación de buses interurbanos y transporte escolar.
Impacto del paro de camioneros en la conectividad nacional
Las consecuencias del paro de camioneros se han sentido con fuerza en las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Biobío, además de los accesos norte y sur de la Región Metropolitana. En la zona central, las rutas 68 y 78, que conectan Santiago con Valparaíso y San Antonio, han registrado una alta congestión debido a la presencia de máquinas apostadas en las bermas y pistas laterales. Andrés Alarcón, vocero de la agrupación No+TAG, fue enfático al señalar tras una reunión infructuosa en el Ministerio de Transportes que «la movilización sigue y no descartamos que se radicalice», confirmando que los conductores pernoctarán en las carreteras.
Por su parte, Patricia Angulo, presidenta de la Federación Nacional de Transportistas de Carga (Fenatrac) de la zona centro-sur, describió la situación del sector como crítica. Según la dirigente, los pequeños empresarios del transporte se encuentran en una fase de inviabilidad económica, calificando las propuestas gubernamentales de «aspirinas» ante un problema estructural de costos que incluye peajes e impuestos específicos. Las demandas gremiales se centran en tres puntos clave:
- Reactivación inmediata del mecanismo de estabilización de precios de combustibles.
- Eliminación o reducción drástica del impuesto específico a los carburantes.
- Revisión de los contratos de concesiones y valores de peajes en rutas nacionales.
Respuestas del Ejecutivo y proyecciones legislativas
Ante la persistencia del paro de camioneros, el Gobierno ha decidido elevar el perfil de la negociación, designando al biministro Claudio Alvarado para encabezar las tratativas desde este miércoles. El Ejecutivo busca evitar que la protesta escale a un desabastecimiento generalizado, especialmente en productos de primera necesidad. En el ámbito legislativo, el presidente Kast anunció un proyecto de ley con discusión inmediata para establecer un tope de 20 pesos a las alzas por los próximos 90 días, aunque la medida fue tildada de insuficiente por las bases movilizadas.
Finalmente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestó su preocupación por el impacto en el empleo y la economía nacional, anunciando una iniciativa legal complementaria para apoyar a los transportistas de menor escala. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha instruido a las delegaciones presidenciales monitorear la libre circulación, advirtiendo que, si bien se respeta el derecho a la protesta, no se tolerará el bloqueo total de las vías, reservándose la facultad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado si la situación compromete el orden público.
