La bóveda blindada en la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, fue hallada completamente vacía por los fiscales a cargo de la investigación, tras más de 24 horas de intensas gestiones para lograr su apertura. El procedimiento judicial se enmarca en las diligencias por el colapso del Ueno Bank, entidad financiera de la cual el exmandatario fue accionista, un caso que ha sacudido profundamente el escenario político y económico del vecino país y generado repercusiones internacionales.
Los antecedentes de la causa indican que el acceso a la recámara fortificada requirió la entrega voluntaria de la llave por parte del propio exmandatario. La fiscal encargada de la indagatoria, Gisela González, detalló que el complejo sistema de seguridad demoró el ingreso de los equipos técnicos, constatando posteriormente que el recinto carecía de dinero, bienes de valor o documentación probatoria útil para esclarecer los delitos investigados. Según la versión entregada por Peña a las autoridades, el compartimento había sido diseñado originalmente para funcionar como una habitación de pánico.
Movimientos sospechosos y nuevos hallazgos en la sede corporativa
Testimonios de vecinos del sector residencial confirmaron que durante los días previos al allanamiento, tres lujosos vehículos todoterreno realizaron múltiples desplazamientos desde el interior de la propiedad, coincidiendo con el inicio del juicio político contra el exgobernante. La quiebra de la institución bancaria digital dejó a cerca de tres millones de usuarios sin acceso a sus recursos, profundizando la crisis institucional en Paraguay. Paralelamente, en un segundo operativo realizado en la sede central del banco conocida como La Matrix, el Ministerio Público descubrió dos cajas fuertes ocultas, una de ellas en las oficinas del exvicepresidente y CEO, Miguel Vázquez, donde se incautaron 87,1 millones de guaraníes —equivalentes a unos 14.000 dólares— y diversos documentos de interés para la causa.
Durante las diligencias en la sede de Ueno Casa de Bolsa, los efectivos policiales debieron superar sistemas de acceso con reconocimiento facial, encontrando en el interior restos de papel destruido. Tras la reconstrucción de los fragmentos, se determinó que correspondían a formularios que acreditaban inversiones bursátiles realizadas por el propio Peña. La jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, fue detenida e imputada luego de que las cámaras de seguridad la captaran triturando los documentos para obstaculizar la labor de la justicia.
Implicancias políticas y medidas cautelares sobre el patrimonio
Ante la magnitud de las irregularidades administrativas y las críticas contra el Ministerio Público por demoras en la incautación de dispositivos móviles y peritajes, sectores de la oposición han exigido el juicio político del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. No obstante, el oficialismo cuenta con los respaldos legislativos necesarios para frenar dicha ofensiva institucional en el parlamento paraguayo.
En el plano patrimonial, la Justicia determinó la incautación preventiva de la mansión de Santiago Peña. El inmueble pasará a ser administrado directamente por el Estado y se proyecta su puesta en arriendo con el propósito de recaudar fondos destinados a mitigar el millonario perjuicio económico sufrido por los ahorrantes afectados por el desplome financiero.
