Un grupo de parlamentarios presentó recientemente una iniciativa de reforma constitucional orientada a eliminar el impuesto específico a los combustibles, medida con la cual se pretende ofrecer un alivio directo al bolsillo de las familias chilenas y frenar el impacto inflacionario derivado de las constantes alzas en la bencina, el diésel y el gas vehicular. La moción, bautizada bajo el nombre “No más impuesto específico a los combustibles”, surge como respuesta a la compleja situación económica que afecta el presupuesto de los hogares y a diversos sectores productivos a lo largo de todo el territorio nacional.
Los autores del proyecto argumentan que Chile mantiene una alta dependencia energética del exterior, lo que expone permanentemente al país a las fluctuaciones de los mercados internacionales, los vaivenes del tipo de cambio y las complejas contingencias geopolíticas que alteran el abastecimiento interno. Asimismo, la propuesta advierte que los incrementos en las tarifas no solo castigan a los automovilistas particulares, sino que también encarecen de manera transversal el transporte público de pasajeros, la cadena logística de distribución de mercancías y sectores clave para la economía como la agricultura, la pesca, el comercio y la pequeña industria.
Cuestionamientos al MEPCO y el impacto en zonas extremas
Durante la fundamentación de la propuesta legal, los legisladores evaluaron el funcionamiento actual del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Si bien reconocieron que esta herramienta gubernamental ha permitido moderar las variaciones bruscas en el mercado interno mediante ajustes al componente variable, sostuvieron que no logra suprimir el gravamen estructural ni garantiza una protección real frente a los ciclos alcistas persistentes a nivel global. Para los parlamentarios, resulta indispensable ir más allá de los mecanismos de mitigación transitoria y abordar de raíz la elevada carga tributaria que recae sobre los carburantes.
En la misma línea, el texto legislativo pone especial énfasis en la realidad que enfrentan las regiones extremas y las localidades rurales del país, donde las grandes distancias geográficas y la escasez de alternativas eficientes de transporte masivo profundizan la vulnerabilidad de sus habitantes. En este contexto, se destacó el caso de zonas aisladas donde la dependencia del transporte terrestre eleva drásticamente los costos operativos tanto para las familias como para las economías locales, exigiendo medidas excepcionales por parte del Estado.
Alcances técnicos de la reforma y propuestas paralelas
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa plantea incorporar una disposición transitoria en la Constitución Política de la República para que, desde el momento mismo de su promulgación, quede sin efecto el tributo específico que grava a las gasolinas automotrices, el petróleo diésel, el gas licuado de petróleo y el gas natural de uso vehicular. La propuesta detalla que quedará prohibido exigir tanto el componente base como el componente variable del impuesto, aclarando expresamente que esta supresión no interferirá con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni con otros gravámenes generales contemplados en la normativa fiscal vigente.
Paralelamente a esta discusión en el Congreso Nacional, otras bancadas políticas han manifestado su inquietud ante el escenario económico, sumando propuestas alternativas. Entre ellas, un grupo de diputados de oposición anunció la presentación de un proyecto complementario para solicitar al Ejecutivo una rebaja excepcional del 50% en el impuesto específico a las gasolinas. Ambas iniciativas abren un nuevo debate legislativo sobre las cargas impositivas a la energía y su repercusión directa en el bienestar socioeconómico de la ciudadanía.
