La controversia en torno a la rebaja de condena a Margarita Villegas ha generado debate nacional, evidenciando un complejo escenario institucional y judicial. Margarita Angélica Villegas Lagos, condenada a 15 años de cárcel por violación y abuso sexual reiterado de menores de edad en el marco del emblemático caso del Colegio Apoquindo, obtuvo una reducción de 16 meses en su pena tras un dictamen de la Corte Suprema. El beneficio penitenciario se materializó el pasado 17 de abril de 2026 mediante el Decreto Exento 1152, dictado durante la gestión del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan al año 2012, cuando estalló una profunda crisis en el mencionado recinto educacional ubicado en el sector oriente de la capital. La investigación penal determinó que la mujer, de entonces 55 años, y su marido Esteban Alonso Moya Godoy —quien se desempeñaba como auxiliar y residía en una vivienda al interior del establecimiento— trasladaban a los estudiantes hasta dicho domicilio para perpetrar los graves ilícitos. Producto de estos gravísimos delitos, ambos fueron sentenciados por la justicia chilena, marcando uno de los episodios más complejos vinculados a establecimientos educacionales privados en el país.
Antecedentes judiciales y la intervención del Ministerio de Justicia
El camino administrativo que condujo a la rebaja de la pena estuvo marcado por diversas instancias legales. Inicialmente, la Comisión de Reducción de Condena había rechazado la petición de Villegas argumentando que las modificaciones introducidas a la Ley 19.856 excluían expresamente a los condenados por delitos sexuales contra menores. No obstante, la defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que en 2023 ordenó evaluar la solicitud bajo la legislación vigente a la fecha de comisión de los delitos en 2012. Tras obtener calificaciones de conducta sobresaliente entre 2023 y 2025, y a pesar de un rechazo inicial emitido en febrero de 2026 por el entonces ministro Jaime Gajardo, la Corte Suprema instruyó finalmente conceder el beneficio.
A este panorama se suma un antecedente vinculado directamente con el actual titular de la cartera de Justicia, Fernando Rabat. Entre los años 2014 y 2023, el secretario de Estado ejerció como abogado defensor de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del Colegio Apoquindo, en una demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por las familias de los menores afectados. En dicho proceso, que concluyó con el pago de montos compensatorios tras fallos sucesivos de tribunales civiles y de la Corte Suprema, Rabat representó los intereses de la parte demandada, contraponiéndose a las pretensiones económicas de las víctimas.
Implicancias y repercusiones públicas del caso
La materialización de este beneficio ha abierto un flanco de discusión pública respecto a los criterios de concesión de rebajas de condena para autores de delitos de alta gravedad contra la infancia. Mientras el equipo jurídico del Ministerio de Justicia procedió a dar cumplimiento al mandato emanado del máximo tribunal del país, diversos sectores han puesto el foco en la cronología de las decisiones y en los antecedentes profesionales previos de las autoridades de gobierno involucradas en la administración de justicia.
Con esta rebaja de 16 meses, la fecha de término de la condena de Margarita Villegas fue modificada, adelantando su salida respecto al plazo original fijado para julio de 2027. Cabe señalar que su cónyuge, Esteban Moya, también recibió una reducción de 22 meses sobre su sentencia de 11 años de presidio por el mismo caso, lo que le permitió recuperar su libertad con anterioridad. El caso continúa siendo objeto de análisis en el ámbito político y jurídico nacional debido a la gravedad de los delitos originales y las aristas institucionales que lo rodean.
