Los ataques con drones volvieron a golpear con fuerza a las Fuerzas Militares de Colombia tras un atentado registrado hacia las 12.30 horas contra el comedor de tropa del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, en el norte del país. Según los antecedentes entregados por la Policía Nacional, los primeros explosivos cayeron sobre el recinto y fueron seguidos por otra andanada de aeronaves no tripuladas, en medio de escenas de humo y pánico. En el lugar quedaron los cuerpos de al menos tres militares, se registraron 16 heridos graves y otros 31 afectados, entre soldados y vecinos que se encontraban cerca del cuartel. El hecho, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), es considerado uno de los más letales del año y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a sus unidades frente a una modalidad de guerra que se libra cada vez más desde el aire.
El episodio se inscribe en una escalada sostenida que comenzó en julio de 2023, cuando se registró el primer ataque de este tipo en Puerto Guzmán, en el Putumayo, al sur del país. Desde entonces, la frecuencia ha aumentado de manera progresiva y ha transformado la manera en que los grupos armados enfrentan a la Fuerza Pública. De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2024 se contabilizaron 119 ataques, en 2025 la cifra subió a 277 y en lo que va de 2026, hasta el 2 de noviembre, ya se registran 351, es decir, en promedio uno cada 21 horas. Agosto se convirtió en el mes más crítico del año, con 56 hechos, mientras que la inteligencia militar atribuye 175 ataques a la facción de Mordisco y 145 al ELN, que en 2025 había lanzado 36. La situación afecta principalmente a zonas de conflicto histórico, como el Catatumbo, en Norte de Santander, y el Cauca, en el suroeste, donde las unidades policiales y militares han debido reforzar sus medidas de protección.
Escalada de ataques con drones en 2026
Las cifras oficiales muestran un cambio brusco en el ritmo de letalidad. Desde agosto, mes en que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia, al menos 12 uniformados han muerto por explosivos lanzados desde el aire, frente a los ocho fallecidos en los siete meses anteriores, según datos de la Policía Nacional con corte al 20 de octubre entregados mediante una solicitud de información pública. A esa cifra se suma el infante de marina Edwin Andrés Vargas, asesinado el 23 de octubre, y los tres soldados muertos en Santa Rosa del Sur. El presidente De la Espriella condenó el “ataque terrorista” y prometió “identificar, perseguir y capturar” a los responsables, pero hasta ahora el Gobierno no ha logrado disponer de herramientas efectivas para neutralizar la amenaza. El Ministerio de Defensa informó que en 2025 detectó unos 9.000 intentos de ataques y neutralizó cerca del 96 por ciento, aunque el 4 por ciento restante ha resultado letal.
Especialistas advierten que la tecnología de los grupos armados avanza más rápido que las defensas estatales. El exministro de Defensa Pedro Sánchez sostuvo que “la capacidad disponible es cada vez más impotente ante la sofisticación y la masificación del uso de drones”, mientras que Gerson Arias, investigador de la FIP especializado en conflicto armado, señaló que “los grupos armados siempre van a tener menos restricciones que un Estado”. Los grupos ya emplean drones kamikaze, que se estrellan contra el objetivo y explotan con él, y otros guiados por fibra óptica, que no emiten señal de radio y que los inhibidores no pueden bloquear. Además, según la FIP, los operadores se forman en escuelas propias dentro de Colombia, tras haber recibido instrucción inicial en Venezuela, y se presume la contratación de instructores que regresaron de Ucrania. También fabrican o imprimen piezas en impresoras 3D, con costos estimados por Mordisco en unos seis millones de pesos por unidad, frente a 36 millones en el mercado.
Compras fallidas y proyecciones
Colombia lleva años comprando defensas contra drones en pequeñas cantidades y con resultados deficientes, en un contexto donde un dron cuesta unos miles de dólares, pero inhibirlos cuesta millones. En diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa contrató equipos de la estadounidense Dedrone por 25,4 millones de dólares, pese a que el entonces presidente Gustavo Petro había prohibido comprar sistemas de ese país, y la entrega se retrasó. En 2025, el Ejército adquirió 40 inhibidores portátiles DroneGun, de corto alcance, mientras que los requisitos mínimos exigían detectar un dron a dos kilómetros. Hallazgos de la Contraloría recogidos por el nuevo Gobierno indican que los sistemas comprados en los últimos cuatro años habrían detectado aparatos a 300 y 430 metros, cuando ya están casi encima. El caso Codaltec, con un contrato de unos 80.000 millones de pesos para 19 sistemas que no superaron las pruebas, y el proyecto Escudo Nacional Antidrones, lanzado en enero de 2026 por más de seis billones de pesos y sin adjudicación, reflejan las dificultades para concretar una respuesta eficaz.
El impacto trasciende a los uniformados. La Policía registra en 2026 otras 12 personas muertas por drones que no pertenecían a la Fuerza Pública, sin precisar cuántas eran civiles. El 26 de febrero, una granada de mortero lanzada desde un dron cayó sobre una casa de Segovia, en Antioquia, y mató a una mujer y a dos de sus hijos, hecho que el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, calificó como una familia que “nada tiene que ver con el conflicto”. En el Cauca, los drones hieren más de lo que matan: 46 de los 89 uniformados heridos este año resultaron afectados allí, entre ellos 20 policías, muchos en ataques contra estaciones. La FIP recomienda combinar las defensas con acciones contra instructores, proveedores y redes de abastecimiento, y llevar los equipos a las unidades pequeñas y alejadas, las más expuestas. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, prometió el 4 de octubre “sistemas para el dominio y la protección del espacio aéreo”, sin entregar fechas ni plazos, mientras Arias advierte que las Fuerzas Militares actúan con un 46 por ciento de las capacidades que deberían tener.
