El Banco Central de Paraguay intervino el Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026 por un problema crítico de solvencia que dejó sin funcionalidad la aplicación que mostraba los depósitos de casi tres millones de ciudadanos. El escándalo generó protestas en todo el país y provocó la detención inmediata de los directivos del banco, pasando la crisis de sector financiero a la esfera política en un breve espacio de tiempo.
La intervención del Ueno Bank no fue un episodio aislado sino el detonante de una crisis institucional de alcance nacional que se extendió rápidamente al Congreso. En apenas 72 horas, el Parlamento paraguayo tomó medidas drásticas: destituyó al presidente, Santiago Peña, y el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva acusado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La magnitud del escándalo superó las fronteras del sector financiero y se convirtió en un conflicto de poder que alteró el panorama institucional del país sudamericano.
Protestas masivas y reclamo de justicia
Las protestas que siguieron al cierre del Ueno Bank se extendieron por todo el territorio paraguayo y tuvieron como centro de reclamo la recuperación de los depósitos de los ciudadanos. Voceros de la sociedad civil y representantes de la comunidad financiera exigieron al Estado una respuesta rápida y transparente para restituir el dinero de las personas acostumbradas a depositar sus ahorros en el banco. El reclamo de las víctimas fue contundente: «Estos políticos son unos bandidos, han dejado a medio país sin dinero», afirmaron los afectados durante las movilizaciones.
El alcance de la crisis fue tal que, paradójicamente, el escándalo financiero terminó calando en el Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo. El presidente Peña, cuyo mandato se vio erosionado por la percepción de connivencia con las irregularidades detectadas en el sistema bancario, vio cómo el Congreso respondió con destitución y posterior judicialización. Esta evolución de la crisis ilustra cómo un problema financiero puede convertirse en un conflicto político de consecuencias dramáticas cuando las instituciones no logran contenerla a tiempo.
Impacto en la confianza de la ciudadanía
Para casi tres millones de paraguayos, la madrugada del 3 de noviembre significó el fin de una era de estabilidad financiera. La aplicación que mostraba los depósitos dejó de funcionar, dejando a los usuarios sin la capacidad de consultar ni gestionar sus fondos. El efecto cascada fue inmediato: la interrupción del servicio generó desconfianza en el sector bancario y tensiones en la economía del país. Las familias que dependían de la liquidez de sus depósitos se vieron en serias dificultades para cubrir necesidades básicas, particularmente en una coyuntura económica ya compleja.
La crisis también tuvo repercusiones macroeconómicas que transcendieron el ámbito financiero. La disrupción en el sistema crediticio y la pérdida de confianza del público generaron interrogantes sobre la solidez de las instituciones financieras del país. A medida que avanzaban las semanas, la dimensión del escándalo creció, involucrando a altos funcionarios del Estado y obligando a las autoridades a actuar con la premura que el caso requería. El precedente creado con el cierre del Ueno Bank dejó una cicatriz en la memoria institucional de Paraguay que probablemente marcará la agenda política y judicial por mucho tiempo.
