El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, presentó cifras alarmantes que evidencian una escalada en la delincuencia juvenil en el país. Según los datos oficiales, más de 23.000 adolescentes y menores de edad figuran como victimarios de delitos entre enero y agosto de este año. Esta cifra representa el 5,4% del total de delitos registrados a nivel nacional y constituye la estadística más alta de los últimos nueve años, marcando un incremento del 16,4% respecto al mismo periodo del año 2025.
La información fue entregada durante el seminario “Encuentros UC de Seguridad Pública: Prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por organizaciones criminales”, un espacio que reunió a autoridades comunales, exautoridades de Gobierno y expertos en la materia. El objetivo central del encuentro fue abordar estrategias efectivas para frenar la infiltración de organizaciones criminales en la infancia y adolescencia, un fenómeno que preocupa a las instituciones de seguridad y educación a lo largo del territorio nacional.
Robos y armas dominan el perfil delictual de los menores
En cuanto a la naturaleza de los delitos, los robos violentos de vehículos lideran la estadística con un 36,8%, seguidos por los robos con violencia o intimidación, que alcanzan el 25,1%, y el porte ilegal de armas, con un 15,4%. Estas cifras sugieren una tendencia hacia la criminalización de la violencia y el acceso a armamento, factores que complican la labor de las fuerzas de orden público y la justicia juvenil.
Carolina Tohá, exministra del Interior, enfatizó la necesidad de actuar antes de que la situación se agrave. “No esperar a que haya una situación grave, sino cuando empieza a haber niños que empiezan a tener inclinación a abandonar el colegio o ha habido situaciones de vulneración de derechos. Eso debiera ser una alarma que active todos los recursos disponibles sin esperar a que haya un compromiso delictual”, señaló la exautoridad, destacando el ausentismo escolar y la violencia intrafamiliar como señales de alerta temprana.
Desarticulación de programas y necesidad de tejido comunitario
Catalina Droppelmann, directora de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad, advirtió sobre el debilitamiento de las políticas de prevención de la delincuencia juvenil. “Nadie habla de prevención y, cuando hablamos de prevención, hablamos a partir de programas. Los programas están desarticulados y lo que necesitamos es generar tejido comunitario, que estos jóvenes se integren en sus territorios, que puedan generar un proyecto de vida y para eso se necesita mayor cohesión social”, afirmó la experta, quien llamó a articular los esfuerzos institucionales con el trabajo territorial con las familias.
Durante la jornada también se presentó un estudio que encuestó a más de 260 jóvenes, principalmente en internación provisoria y provenientes de comunas periféricas de Santiago, Valparaíso y la zona fronteriza de Tarapacá. Los resultados son contundentes: 2 de cada 3 jóvenes señalaron haber crecido en barrios donde existía tráfico de drogas, un 51,9% estuvo expuesto a balaceras y un 70,2% dijo haber visto a un familiar cometer delitos. Estos antecedentes refuerzan la urgencia de implementar estrategias de prevención comunitaria robustas y sostenidas para revertir esta tendencia preocupante en la seguridad pública nacional.
