El presidente de la República, José Antonio Kast, ha manifestado una férrea defensa de su ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la polémica rebaja de condenas a 56 pederastas. Desde Europa, donde cumple agenda oficial en las horas previas a su encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano, el jefe de Estado ha ratificado su respaldo absoluto al secretario de Estado, desestimando las peticiones de destitución provenientes tanto de la oposición parlamentaria como de sectores del oficialismo, consolidando un escenario de alta tensión institucional en el país.
La controversia se originó luego de que se conocieran las órdenes emanadas desde la cartera que encabeza Rabat, las cuales permitieron la rebaja de penas a medio centenar de condenados por delitos de connotación sexual contra menores de edad. Este hecho desató una ola transversal de críticas y repudio ciudadano, debilitando la popularidad del Ejecutivo y poniendo en evidencia deficiencias en la gestión política del gabinete. A pesar de que trascendió que el propio ministro habría puesto su cargo a disposición, el mandatario optó por blindar a su colaborador más cercano en el ámbito judicial.
Desafíos al Congreso y presión opositora
Lejos de ceder ante las advertencias de los partidos de oposición, quienes han amagado con presentar una acusación constitucional en el Parlamento, el presidente Kast adoptó una postura desafiante desde el extranjero. Ante los emplazamientos legislativos, el mandatario retó públicamente a los detractores a concretar la acción fiscalizadora, señalando de manera desafiante que «presenten la acusación mañana», convencido de que los respaldos políticos bastarán para blindar a su ministro en el hemiciclo, pese a que la formalización de dicho libelo acusatorio aún no se materializa formalmente.
La estrategia gubernamental de atrincherarse en la defensa de Rabat ha generado profundas divisiones internas y malestar en diversos sectores políticos. Analistas y legisladores coinciden en que la administración enfrenta su momento más complejo desde el inicio del mandato presidencial en marzo pasado. El costo político se ha traducido en un evidente desfonde de la aprobación ciudadana hacia el Ejecutivo, evidenciando una brecha significativa entre la respuesta gubernamental y las exigencias de probidad y justicia que demanda la ciudadanía chilena ante delitos de máxima gravedad.
Proyecciones y consecuencias institucionales
De cara a los próximos días, el retorno del mandatario al territorio nacional marcará un punto de inflexión para la gobernabilidad y las relaciones con el Poder Legislativo. La posible concreción de la acusación constitucional contra Fernando Rabat obligará a La Moneda a desplegar una intensa ofensiva política para alinear a sus parlamentarios y evitar un quiebre definitivo en su coalición. La crisis no solo pone a prueba la supervivencia ministerial de Rabat, sino también la capacidad de liderazgo del presidente Kast para recomponer un gabinete cuestionado y recuperar la estabilidad institucional del país.
