Con el aval del diputado Pablo Longueira, la UDI se posiciona en contra de una posible acusación constitucional al ministro de Justicia Fernando Rabat, en medio de la controversia derivada de los decretos de rebaja de penas dictados por el secretario de Estado. El exministro calificó tales decretos como un «grave error político» y pidió a los parlamentarios de su partido que no voten a favor de la acusación, argumentando que carece de fundamentos jurídicos.
La postura de Longueira se dio en el marco de una disputa política que ha movilizado al Congreso Nacional, donde la oposiciónbusca instalar una acción constitucional contra Rabat. El exministro recordó que Jaime Guzmán fundó la UDI como un partido respetuoso de la institucionalidad, la ley y el Estado de Derecho, y llamó a sus correligionarios a no replicar las prácticas opositoras que, a su juicio, debilitan la institucionalidad chilena.
Límite claro a la herramienta política
En su declaración, Longueira fue categórico al diferenciar entre la responsabilidad política del ministro y los argumentos para impulsar la acusación. «Los diputados UDI podrán tener libertad para considerar o no un error político la actuación del ministro, solicitar o no al Pdte. su renuncia, pero no para votar favorablemente una acusación constitucional», sostuvo. Esto marca una distinción clara: el debate se puede expresar en el plenario del Parlamento, pero el voto de acuse no debe ser favorable.
Para el exministro, la acción constitucional carecería de sustento jurídico, citando opiniones de distintos juristas y resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema. «Distintos juristas de diversos signos políticos, unidos a las resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema, han dejado claro que no ha existido ningún acto del Ministro que infrinja la Constitución o la ley», afirmó. Con esto, Longueira busca despejar dudas sobre la viabilidad legal de la iniciativa.
Riesgo de debilitamiento institucional
Longueira también advirtió que usar el mecanismo de la acusación constitucional como herramienta política desvía su carácter constitucional y debilita la institucionalidad del Estado. «No podemos seguir normalizando la AC como un instrumento político y no jurídico», enfatizó. El exministro apeló a los principios fundacionales de la colectividad y criticó que la izquierda, en su rol de oposición, utilice este mecanismo para destruir la Constitución de la UDI, algo que el histórico militante rechaza frontalmente.
Finalmente, Longueira insistió en que las legítimas divergencias de interpretación jurídica no equivalen a una infracción de la ley, lo cual sugiere que el debate se puede resolver dentro del marco constitucional sin necesidad de acudir a la vía acusatoria. Esta postura refuerza la idea de que la controversia derivada de los decretos de rebaja de penas debe resolverse en el terreno político y jurídico, sin que se requiera una acción constitucional formalmente impulsada desde el Congreso.
