La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó una solicitud de orden de detención contra Nicolás Silva Tagliabué, ciudadano uruguayo de 35 años, por su presunta vinculación en delitos de violencia intrafamiliar, amenazas y comercialización de información reservada. El hecho central de esta investigación judicial se centra en la presunta explotación de datos íntimos de la funcionaria de Interior que denunció públicamente al exsubsecretario Manuel Monsalve. La medida fue tramitada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que el imputado no se presentó, sumando así una tercera ausencia consecutiva a las audiencias programadas.
El contexto de este procedimiento judicial es complejo, dado que Silva Tagliabué mantuvo una relación sentimental con la víctima entre febrero y mayo de 2025, período posterior a los hechos que derivaron en la denuncia contra el exfuncionario público. Según los antecedentes reunidos por la investigación, el sujeto habría utilizado una dirección falsa, correspondiente a un hostal en San Pedro de Atacama, para evadir las notificaciones judiciales. Además, el individuo registra antecedentes previos por robos a turistas en hoteles de las ciudades de Valparaíso y Calama, lo que complejiza su perfil de riesgo y su trazabilidad territorial.
Investigación judicial y alerta roja de Interpol
Frente a la reiterada incomparecencia del imputado, las autoridades policiales han sido instruidas para intensificar su búsqueda y aprehensión. Dado que no se registran ingresos ni egresos legales del país en los últimos meses, se sospecha fuertemente que Silva Tagliabué habría salido de Chile a través de pasos fronterizos no habilitados. En consecuencia, la Fiscalía analiza la emisión de una alerta roja a Interpol para localizar su paradero en el extranjero y garantizar su comparecencia ante la justicia chilena, un procedimiento que requiere coordinación internacional para su efectiva ejecución.
La querella presentada por la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, no solo apunta a Silva Tagliabué, sino también a Maximiliano Sepúlveda Gómez. Este segundo imputado sería el encargado de coordinar la venta de las imágenes e información privada de la funcionaria a canales de televisión, quienes finalmente procedieron a denunciar la irregularidad. Los delitos imputados incluyen lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas, difusión de imágenes privadas, chantaje y uso malicioso de una tarjeta de débito, configurando una red de abuso que trasciende la esfera personal para impactar en la integridad pública de la denunciante.
Impacto en el caso Monsalve y nuevas aristas
Este desarrollo judicial añade una nueva arista al caso que involucra a Manuel Monsalve, quien enfrenta una pena de hasta 14 años de cárcel por los hechos denunciados. La investigación ha salpicado además a Víctor Providel, abogado defensor del exsubsecretario, al encontrarse en el teléfono de Maximiliano Sepúlveda conversaciones por WhatsApp donde Providel enviaba contactos de periodistas y consultaba sobre el paradero del ciudadano uruguayo. Estas comunicaciones podrían configurar un intento de manipulación mediática o de encubrimiento, elementos que la Fiscalía está evaluando para determinar si existen responsabilidades penales adicionales para el representante legal.
El impacto de esta orden de detención no solo busca sancionar los delitos contra la integridad de la víctima, sino también proteger la confidencialidad de los procesos judiciales y la dignidad de los funcionarios públicos que denuncian irregularidades. La comunidad y los organismos de derechos humanos observan con atención el desarrollo de esta causa, que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las víctimas de violencia de género cuando estas se encuentran inmersas en escándalos de alto perfil político. La pronta localización de los imputados será clave para el avance de la investigación y la aplicación de la justicia en este caso de alta sensibilidad nacional.
