La Fiscalía Centro Norte formalizó este lunes 2 de noviembre a un imputado por el delito de homicidio frustrado, tras un incidente violento ocurrido al término de una audiencia de control de detención en el Centro de Justicia de Santiago. Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, el sujeto atacó a su propia defensora penal pública, utilizando un lápiz para golpearla en el cuello y, posteriormente, empleando la cadena de los grilletes que portaba para continuar la agresión.
El hecho se produjo en un contexto institucional de alta sensibilidad, donde la seguridad de los funcionarios del sistema de justicia es prioritaria. La agresión interrumpió el protocolo de salida de la sala de audiencias, generando una situación de riesgo inminente para la profesional del derecho. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, subrayan la vulnerabilidad de quienes ejercen la defensa pública y la necesidad de protocolos de seguridad reforzados en los recintos judiciales de la Región Metropolitana.
Detalles de la agresión y respuesta inmediata
De acuerdo con la información proporcionada por el ente persecutor, la víctima fue atacada de manera sorpresiva mientras se retiraba de la sala. El imputado, quien aún se encontraba esposado, aprovechó la cercanía física para desatar la violencia. La intervención rápida de cuatro gendarmes presentes en el tribunal fue determinante para reducir al agresor y evitar que la situación escalara a consecuencias fatales para la defensora.
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa, argumentando el peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El tribunal de garantía acogió la petición, decretando la prisión preventiva para el imputado. Esta decisión judicial busca garantizar la investigación y proteger a la profesional del derecho, quien ha sido declarada víctima directa de un intento de privación de la vida.
Impacto en la seguridad del sistema judicial
La formalización por homicidio frustrado marca un precedente en la gestión de la seguridad interna de los centros de justicia. La Fiscalía Centro Norte ha reiterado su compromiso con la protección de los funcionarios del sistema, destacando la importancia de la coordinación entre gendarmería y el personal judicial. El caso ha generado preocupación entre los gremios de defensores penales públicos, quienes han solicitado una revisión de los protocolos de custodia y acompañamiento de los imputados durante las transiciones entre salas.
La investigación continúa para determinar las motivaciones exactas del ataque y si existieron antecedentes previos de violencia por parte del imputado. La prisión preventiva permanecerá vigente mientras dure la instrucción, con el objetivo de asegurar que el proceso judicial avance sin interrupciones y que la víctima pueda continuar con su labor profesional en condiciones de seguridad. Este hecho reafirma la gravedad de los delitos contra la integridad de los operadores de justicia en Chile.
