El Undécimo Juzgado Civil de Santiago resolvió condenar al abogado Arturo Correa Cuevas a pagar la suma de 280 millones de pesos, más reajustes e intereses legales, a tres de sus antiguos representados afectados por los devastadores incendios forestales de 2017 en la región de O’Higgins. La sentencia judicial acreditó de manera fehaciente que el profesional incurrió en un grave, abierto e injustificado incumplimiento de sus deberes fiduciarios, al negociar un millonario acuerdo económico con la Compañía General de Electricidad (CGE) a espaldas de sus mandantes, anteponiendo sus propios intereses financieros por sobre los derechos de las víctimas que buscaban una reparación justa.
Los hechos se retrotraen al verano de 2017, periodo en el cual una serie de siniestros sin precedentes arrasó con más de 100 mil hectáreas en la zona central del país. Ante la catástrofe, diversos particulares y municipios acudieron a la justicia para perseguir responsabilidades patrimoniales contra la empresa eléctrica. Sin embargo, el litigio dio un vuelco drástico a finales de abril de 2019, cuando el jurista estructuró una negociación global por cinco mil millones de pesos para zanjar los litigios de catorce afectados, montos que contrastaban fuertemente con las pretensiones indemnizatorias iniciales que superaban con creces los veinte mil millones de pesos.
Detalles del fallo judicial y conflicto de intereses
De acuerdo con los antecedentes ponderados por el magistrado Patricio Hernández Jara, el abogado Correa Cuevas estructuró un mecanismo transaccional donde la mitad de los recursos aportados por la empresa eléctrica terminaron directamente en su bolsillo bajo el concepto de honorarios profesionales. En detalle, la resolución judicial constató que el profesional percibió cerca de dos mil quinientos millones de pesos por sus servicios en las demandas civiles, además de montos adicionales asociados a transacciones ambientales con los municipios de Marchigüe y Paredones, elevando sus ganancias totales a una cifra cercana a los dos mil ochocientos setenta millones de pesos.
El tribunal estableció en su dictamen que el jurista no informó debidamente a sus representados sobre los alcances específicos de los acuerdos antes de estampar las firmas, aplicando además estrictas cláusulas de confidencialidad que impidieron a los damnificados conocer el detalle de los pagos. Asimismo, la justicia ordenó dejar sin efecto los contratos de prestación de servicios y los mandatos judiciales que vinculaban a las partes, imponiendo además el pago de las costas del juicio al profesional cuestionado.
Implicancias penales y proyecciones del caso
La arista civil representa apenas el primer revés judicial de envergadura para el abogado, quien enfrenta además una compleja ofensiva en el ámbito penal y tributario. A comienzos de este año, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al jurista por delitos de prevaricación judicial y administrativa, sumado a cargos por administración fraudulenta. En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó acciones legales por la presunta omisión de millonarios ingresos en sus declaraciones de impuestos, generando un perjuicio fiscal estimado que supera los mil trecientos millones de pesos.
Mientras la defensa del profesional ha rechazado sistemáticamente las imputaciones argumentando que los acuerdos contaban con el respaldo de sus representados, el fallo del tribunal civil sienta un precedente categórico sobre los límites éticos y legales en la gestión de indemnizaciones masivas en contextos de catástrofes socioambientales. Las próximas etapas judiciales contemplan la revisión de las medidas cautelares en sede penal y el avance de la investigación tributaria liderada por el Ministerio Público.
