El denominado Plan Escudo Fronterizo, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, ha instalado una de las medidas más controversiales en materia de seguridad y migración: la construcción de una zanja en la frontera norte de Chile, principalmente en zonas colindantes con Perú y Bolivia.
La iniciativa busca frenar el ingreso irregular de migrantes y el robo de vehículos hacia países vecinos. Sin embargo, a pocos días de iniciadas las obras, ya surgen críticas técnicas, operativas y económicas que ponen en duda su viabilidad a gran escala.
El proyecto contempla la excavación de zanjas de aproximadamente tres metros de profundidad, complementadas con otras barreras como vallas de gran altura, sensores y vigilancia con drones. El objetivo principal es dificultar el tránsito de vehículos robados, limitar el ingreso por pasos no habilitados y generar un efecto disuasivo en la frontera. Desde el Ejecutivo se ha señalado que estas medidas podrían reducir de forma significativa el ingreso irregular en un corto plazo, aunque dichas proyecciones aún no han sido validadas en terreno.
Chile posee más de ochocientos sesenta kilómetros de frontera con Bolivia y cerca de ciento sesenta kilómetros con Perú en el norte, gran parte de ellos en zonas desérticas, abiertas y de difícil control. Si se considera una intervención relevante en tramos críticos, por ejemplo trescientos kilómetros, el desafío operativo es considerable.
De acuerdo a reportes conocidos públicamente, el avance de construcción sería cercano a veinte metros diarios por frente de trabajo, cifra que ha generado cuestionamientos. Bajo ese ritmo, en un año de trabajo efectivo se podrían construir alrededor de seis kilómetros por equipo. Esto implica que para cubrir trescientos kilómetros se requerirían varias décadas con un solo frente de trabajo, o bien decenas de equipos operando simultáneamente durante un periodo prolongado, lo que supone una alta exigencia logística, técnica y presupuestaria.
Uno de los cuestionamientos más relevantes proviene de especialistas en migración y gestión territorial. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Rodrigo Sandoval, ha advertido que la zanja no detiene el flujo peatonal, que representa una parte importante de los ingresos irregulares. Además, en zonas desérticas el viento y el desplazamiento de arena tienden a rellenar naturalmente las excavaciones, lo que obligaría a una mantención constante de la infraestructura.
Desde el punto de vista técnico, esto transforma la obra en un sistema dinámico más que en una solución permanente, ya que requeriría reexcavación periódica para mantener su funcionalidad. En términos económicos, aunque no existen cifras oficiales completas, es posible realizar estimaciones basadas en costos de movimiento de tierra en condiciones similares. El costo de excavación en zonas desérticas puede fluctuar entre ocho mil y veinte mil pesos por metro lineal. Bajo ese rango, intervenir trescientos kilómetros podría implicar una inversión inicial que oscila entre dos mil cuatrocientos millones y seis mil millones de pesos.
El aspecto más relevante no es únicamente el costo inicial, sino la mantención. Si el entorno natural rellena parcialmente las zanjas cada año, incluso en porcentajes moderados, el Estado debería destinar recursos permanentes para su rehabilitación, lo que podría significar cientos o incluso miles de millones de pesos adicionales anuales.
En cuanto a su efectividad, distintos análisis coinciden en que la zanja podría tener impacto en la reducción del traslado de vehículos robados hacia países vecinos, pero su efecto sería limitado frente al ingreso de personas a pie. Este punto es central, considerando que gran parte de la crisis migratoria en el norte de Chile, particularmente en zonas como la Región de Tarapacá y Arica y Parinacota, se ha caracterizado por cruces peatonales a través de pasos no habilitados, fenómeno asociado a la crisis migratoria en el norte de Chile.
En el plano político, la medida también es interpretada como una señal de control territorial y respuesta a la demanda ciudadana por mayor seguridad en las fronteras. Analistas sostienen que su impacto puede ser tanto operativo como simbólico, reforzando la percepción de presencia estatal en zonas históricamente complejas.
Experiencias comparadas en otros países y en la región muestran que las barreras físicas por sí solas rara vez resuelven fenómenos migratorios o delictuales complejos. En la mayoría de los casos requieren ser complementadas con tecnología, vigilancia permanente, coordinación internacional y políticas integrales de control y reconducción.
Especialistas coinciden en que una estrategia efectiva debe incluir mecanismos de identificación, cooperación con países vecinos, fortalecimiento institucional y persecución de redes organizadas, además de medidas físicas en terreno. Sin estos elementos, el impacto de una zanja podría ser limitado frente a la magnitud del problema.
La zanja fronteriza se posiciona así como una de las iniciativas más visibles del actual gobierno en materia de seguridad. No obstante, enfrenta desafíos significativos en términos de escala, mantención y efectividad. El debate público se centra ahora no solo en su construcción, sino en su sostenibilidad en el tiempo y en su capacidad real para incidir en la seguridad fronteriza de Chile.
