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En el marco de la investigación del llamado ‘caso luminarias’, el Ministerio Público descubrió parte de la forma de operar de Itelecom para realizar los pagos de coimas a distintos funcionarios públicos. Para justificar los desembolsos de la empresa, pagaba boletas ideológicamente falsas a un proveedor que usaba a personas en situación de calle para blanquear los sobornos.

Cabe recordar que en el caso se investiga el pago de coimas millonarias por parte de Itelecom a 11 municipios del país, con el fin de adjudicarse licitaciones de forma fraudulenta. El dueño de la mencionada empresa, Marcelo Lefort, es el principal imputado en las indagatorias que dirige la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, y lleva 10 meses en prisión preventiva.

De esta manera, según informó La Tercera, el mecanismo era el siguiente: La empresa GLH Ingeniería y Consultores SpA, era uno de los principales proveedores de Itelecom. Dicha compañía emitió boletas por arriendo de personal y maquinarias para la minería y luminarias por un total de $650 millones. Sin embargo, GLH nunca tuvo trabajadores.

La investigación demostró que se había montado un sistema en que se captaban a personas en situación de calle o con problemas económicos para que firmen documentos notariales y se hagan dueños o creen empresas ‘de papel’, es decir que no tenían empleados ni producían nada, que luego aparecerían como proveedores de Itelecom.

De esta forma, la compañía de Lefort podía justificar los gastos millonarios que en realidad fueron utilizados para pagar sobornos en distintas municipalidades.

«En la investigación ha podido establecerse el posible uso de facturas ideológicamente falsas emitidas a Itelecom por diversos proveedores, para, aparentemente, extraer fondos de dicha empresa (…) con el objeto de generar dinero en efectivo para financiar los sobornos entregados a empleados públicos«, establece un oficio enviado por la Fiscalía al Servicios de Impuestos Internos el pasado 29 de enero, según recoge el citado medio.

Captaban a personas para firmar documentos

Una de las personas en situación de calle que declaró ante el Ministerio Público fue Claudio Medina. En su relato explicó que mientras se encontraba consumiendo drogas y alcohol en la comuna de Estación Central, se le acercó un hombre que se presentó como Horacio Cruz.

Le ofreció $300 mil a cambio de firmar unos documentos. Tiempo después, fueron a una notaría en Teatinos, en el centro de Santiago, y ahí firmó la compra de acciones de GLH, convirtiéndose en dueño. El documento establece que fue George Latrille Hucke quien vendió la propiedad de la empresa a cambio de $2 millones.

Pero, Medina aseguró que «nunca pagué $ 2 millones, ni tampoco cifra alguna a Latrille, ya que no cuento con dinero, apenas me alcanza para subsistir«.

La misma situación se dio con una serie de personas más, según logró establecer la Fiscalía. Álvaro Méndez, testificó que «entre enero y marzo de 2020 me desempeñaba como vendedor en un local de frutas en Las Rejas con Libertador Bernardo O´Higgins. Mi empleador me ofrece $ 100 mil a cambio de facilitar mi carné para inscribir una empresa a mi nombre», tras lo cual fue contactado por Cruz y se convirtió en dueño de Servicios y Comercializadora Latino SpA.

Lo mismo sucedió con Nibaldo Becerra, quien aparece como propietario de Comercializadora y Servicios C&S SpA. «En octubre o noviembre de 2019 me encontraba en situación de calle junto a otros amigos, llegó un hombre un poco canoso de unos 58 años, quien nos ofreció dinero a cambio de poner firmas en documentos asociados a empresas. Ante mi necesidad económica acepté la oferta de este señor, que se hacía llamar Horacio», declaró.

«Un día nos llevó champú, desodorante y me arreglé lo más que pude, tal como me lo pidió Horacio, y fuimos a una notaría en Teatinos», afirmó ante la PDI.

Por su parte, Horacio Cruz Rosso confirmó los hechos y aseguró que un abogado llamado Mario Ibáñez Santelices fue quien le pidió realizar las captaciones. «Me entregaba instrucciones de buscar a personas con problemas económicos o en situación de calle a fin de que firmaran documentos notariales ligados a la creación de empresas en un día, las cuales servían de fachada», declaró.

GLH en la mira del Ministerio Público

La empresa proveedora de Itelecom, que emitió boletas por $650 millones, «contablemente, no contaba con personal contratado, ya sea a honorarios o de planta. Me consta, ya que nunca hubo registro de pagos de cotizaciones previsionales», confirmó el contador Francisco Calderón a la policía.

GLH, la empresa de George Latrille Hucke, ya había aparecido en el marco de la investigación de los sobornos en la Municipalidad de Puente Alto. Se cree que habrían sido boletas de esta empresa las que sirvieron de respaldo para el pago de esas coimas.

Además, según indicó el citado medio, la PDI sospecha que los $37 millones en efectivo que le encontraron a Lefort, dueño de Itelecom, cuando lo detuvieron provenía de facturas falsas de GLH. Heriberto Bustos, directivo de la principal empresa investigada, declaró en este sentido.