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El 3 de junio entra en vigencia la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas en Atacama y cinco tribunales de la región cuentan con salas especialmente acondicionadas para recibir declaraciones judiciales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves y evitar que sean sometidos a condiciones

Un total de 15 juicios orales, en los que hay niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos graves, se desarrollarán durante los próximos meses. Si esa programación se genera para después del 3 de junio, el sistema penal de Atacama deberá efectuar esos procedimientos bajo el paraguas de la Ley 21.057, de Entrevistas Videograbadas.

“Lo que se busca es resguardar la dignidad e intimidad de los niños, niñas y adolescentes, evitando la victimización secundaria y les da un tratamiento como sujetos de derecho. Se trata de principios fundamentales que el Poder Judicial estará atento a se vayan cumpliendo”, explicó la ministra de la Corte de Apelaciones Aída Osses, encargada de la implementación del mencionado cuerpo legal en un recorrido por las dependencias del Tribunal Oral de Copiapó especialmente acondicionadas para ello.

¿Cómo funciona a grandes rasgos? A contar del 3 de junio, en cada juicio en el que esté involucrado un menor de edad como víctima, el niño, niña o adolescente declarará en ese juicio en una sala especialmente habilitada en el tribunal, que cuenta con un circuito cerrado de televisión y se encuentra especialmente acondicionada para ser más acogedora que la frialdad de una sala de audiencias. A ello se suma la participación de un intermediador, que se encarga de “mediar” las preguntas que realicen los intervinientes.

Atacama forma parte de la segunda etapa de implementación de la norma legal. “Esta ley ha sido todo un desafío en diferentes aspectos, como la capacitación con 11 jueces capacitados y dos ministros de la corte de apelaciones, además de las coordinaciones interinstitucionales con el Ministerio Público, la Defensoría, las policías y el Ministerio de Justicia”, recordó la ministra Osses.

La jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Copiapó –el territorio de la región de Atacama- cuenta con cuatro salas habilitadas en el Juzgado de Garantía de Vallenar, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro y los juzgados de Letras y Garantía de Caldera y Chañaral, además de la emplazada en el Tribunal Oral de Copiapó. Todo ello involucró una inversión de $74.573.638, para su habilitación e interconexiones.

El magistrado Alfonso Díaz, juez del Tribunal Oral de Copiapó, lleva dos cursos de especialización y explicó la operatividad de la sala: “En la sala de entrevista sólo puede estar el intermediario, que es una persona altamente capacitada, y el niño, niña o adolescente víctima. En ese ambiente seguro y confortable, se le formularán preguntas”.

“Lo que se busca es evitar la victimización secundaria, todo este sufrimiento que implica para el niño, niña o adolescente víctima de un delito grave, se trata de reducir al máximo y eliminarlo si es posible”, expresó.

Este martes se realizó una simulación de declaración de una adolescente víctima de un delito violento, oportunidad en que las distintas instituciones pudieron conocer la operatividad de la sala especial, simulacro que fue dirigido por los jueces Eugenio Bastías, Mauricio Díaz y Sebastián del Pino.