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Una vez conocida la información que la Agrícola Campillay anunciara el termino de faena y por ende el despido de cerca de 600 trabajadores a contar del 1 de junio, de inmediato el Gobierno anunció una serie de medidas para ir en ayuda de los trabajadores que perderán su fuente laboral.
Respecto a la situación que afecta a la Agrícola Campillay, el gobierno a través del Seremi del Trabajo, Carlos Leal, se refirió a lo sucedió y dio a conocer su postura y manifestó que: “Como gobierno estaremos atento, a través de la Dirección del Trabajo, para el resguardo de los derechos de los trabajadores y qué acciones vamos a tomar en pro de los trabajadores afectados y aquí es importante la tarea que pueda hacer el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para generar una reconvención en la mano de obra y poder ayudar de forma directa a aquellas personas que pierden su fuente laboral. En este sentido el gobierno está preocupado y ocupado, y es por eso que tenemos un trabajo colaborativo dentro de la cartera y juntamente con el Seremi de Agricultura”, agregó el Seremi del Trabajo.
“Nosotros al tomar conocimiento del comunicado emitido por Agrícola Campillay, como gobierno tomamos de inmediato con ellos y nos hemos reunido con el gerente de la empresa y el jefe de recursos humanos, quienes nos expusieron, ante la Directora del Trabajo  junto al director del Sence y el Seremia de Agricultura, en qué situación se encuentran hoy en día la empresa y los trabajadores”.
Tras la reunión con los directivos de la empresa, el Seremi de Agricultura Patricio Araya, señaló que: “Ellos nos mostraron un informe completo de lo que llevó a la quiebra de la Agrícola Campillay, donde quedaron varios trabajadores director sin trabajo, y este viernes se pagarán los finiquitos”.
“Como Gobierno asesoraremos a los trabajadores y veremos cómo se hacen efectivo los pagos de estos trabajadores, y que la empresa cumpla con todas las leyes laborales, para que todo quede en orden al momento del cierre de la empresa”, comentó.
Araya lamentó la situación de los trabajadores agrícolas, pero de seguro otra empresa podría llegar: “Los directivos de la Agrícola Campillay indicaron que una cosa es la quiebra de la empresa, y otro aspecto es el giro, es probable que otra empresa continúe en el rubro, y donde es factible que muchos de estos trabajadores sean reubicados bajo una nueva administración”.
La autoridad indicó además que los números de la Agrícola Campillay sería positivos, sin embargo, no alcanzarían a cumplir con las deudas de arrastre que tiene, y ese sería el problema que obligaría al cierre.
Finalmente la Presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores agrícolas del Valle de Copiapó Lina Arrieta, señaló su preocupación por el cierre de la Agrícola Campillay: “Hace algún tiempo se rumoreaba respecto a esta situación, pero pensábamos que el empresario lograría mantenerla, vemos con angustia lo que se viene a futuro, ya que alguien que con bastante esfuerzo ha levantado un emprendimiento y ha enverdecido el valle del Huasco, y generando empleo, provocará serios problemas a los habitantes de sectores como Alto Del Carmen y alrededores”.
“La agricultura no se levanta de la noche a la mañana, como Apeco hemos perdido varios asociados después de los aluviones del 2015 y 2017, y que ya venían complicados con una fuerte helada el 2013, muchos campos se perdieron, muchos empresarios terminaron perdiendo sus terrenos”.
Arrieta hizo un llamado a las autoridades de gobierno para frenar esta situación: “Queremos que el Gobierno nos ayude pero de verdad, con una inversión de lo que se necesita en el campo, plantar, producir y con una inversión a plazo, para eso el Intendente debe llamar y escuchar a los gremios, Atacama está alicaída en términos de empleo”, comentó.
En un comunicado de prensa, los propietarios de la Agrícola Campillay, anunció el cierre de la empresa a contar del 1 de junio, y donde más de 600 trabajadores quedarán sin empleo, en el documento, indicaron que: “Intentamos acciones para salvar la empresa, la que se vio muy afectada por los aluviones de 2015 y 2017, sumado al difícil momento que vive la exportación de uva de mesa en la región.
“Desde el año 2015 la empresa se encuentra sometida a la ley 20.720 de insolvencia y reemprendimiento, en el cual se sometió al procedimiento concursal de reorganización de sus pasivos con el objetivo de cumplir con sus compromisos con los acreedores a través del negocio y mantener esta importante fuente laboral en la provincia del Huasco. a la fecha el negocio agrícola de la uva de mesa está pasando por malos periodos y cambios estructurales, que demandan nuevas inversiones y reconversiones en nuevas variedades que están demandando los mercados internacionales. Asimismo, los golpes sufridos por los eventos climáticos el año 2015 y 2017 (aluviones), gatillaron pérdidas económicas significativas del punto de vista productivo y de superficie plantada, que finalmente generaron las condiciones actuales y la imposibilidad de continuar”.