Escuche este artículo

Desde 2015 el periodista Mauricio Weibel publicó una serie de reportajes que dieron cuenta de millonarios desfalcos en la institución militar y por la que el Ministerio Público ya ha procesado a cerca de mil uniformados. Por su parte, el Ejército invocó la Ley de Inteligencia y comenzó una operación de espionaje contra el reportero.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible y bajo reserva la querella que el periodista Mauricio Weibel interpuso en contra de los altos mandos del Ejército de Chile. El reportero fue objeto de espionajes desde que publicó su investigación del caso Milicogate.

Weibel reveló desde 2015 una serie de reportajes que daban cuenta de millonarios desfalcos en la institución militar y que llevaron a abrir una investigación por parte del Ministerio Público donde ya se procesaron a cerca de mil uniformados. En dichas malversaciones, estaban involucrados los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército, entre los que se encuentra Juan Miguel Fuente-Alba.

En respuesta, la institución castrense puso en marcha la llamada Operación W, aludiendo a la inicial del apellido del periodista. Argumentando la Ley de Inteligencia, consiguieron una orden judicial para el espionaje, en lo que fue «una acción de profunda irresponsabilidad democrática de parte de este magistrado», de acuerdo a Weibel.

Dicha ley permite este tipo de acciones cuando se debe resguardar la seguridad nacional y cuando hay amenazas de terrorismo, lo que no incluye a las investigaciones periodísticas.

«El gobierno de Sebastián Piñera apoyó esta agresión a la libertad de expresión a través de declaraciones públicas del ex ministro de Defensa Alberto Espina. El general Martínez reconoció los hechos ante el Congreso y la prensa, sin ninguna consecuencia hasta hoy», aseguró el periodista.

«La Fiscalía, pese a mi denuncia en 2019, no avanzó en la causa. Peor aún me pidieron entregar las fuentes de mis reportajes, lo que obviamente no hice», acusó.

Además, el tribunal instruyó al Ministerio Público a establecer las medidas necesarias para el resguardo de la seguridad de Weibel y de su familia.

«Es un atentado a la libertad de expresión y la prensa»

«Sé que esta agresión a la libertad de expresión es parte de las masivas violaciones a los derechos humanos que han sufrido miles de ciudadanas y ciudadanos, además de otros periodistas, en Chile y América latina las últimas décadas, originadas en la impunidad y el abuso. No podemos seguir aceptando esto«, enfatizó el periodista.

Por su parte, Danilo Ahumada, presidente de Colegio de Periodistas de Chile, dio su apoyo a Weibel y valoró la decisión del tribunal de acoger a trámite la acción judicial: «No se puede permitir en una democracia acciones de espionaje a periodistas por parte de las Fuerzas Armadas, es un atentado a la libertad de expresión y la prensa. El periodismo de investigación ha sido un actor relevante a la hora de dar a conocer hechos de corrupción al interior de instituciones públicas y que han tenido un alto impacto en la opinión pública».

«Debemos avanzar en consagrar el derecho a la comunicación como un gran paraguas que protege otros derechos como es la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información», finalizó.

PARA RECORDAR:

Las declaraciones judiciales de cuatro ex comandantes en Jefe del Ejército sobre el millonario fraude

El denominado «Caso FAM» es investigado por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien formalizará a cerca de 800 funcionarios activos y en retiro del Ejército por el delito de fraude al Fisco, que involucraría montos cercanos a los $3.500 millones. A continuación, El Desconcierto publica por primera vez las declaraciones de los cuatro generales interrogados por la fiscalía en el caso. Tres niegan conocer los hechos, pero uno da cuenta de los mecanismos usados con recursos fiscales para subir la moral de los uniformados afectados.

El Fondo de Ayuda Mutua (FAM) fue un mecanismo que generaron los suboficiales del Ejército de Chile en la región de Aysén en los años cincuenta, con el fin de mantener un pozo monetario que les permitiera retirarlo una vez que dejaran el servicio activo o tuvieran que emigrar de la zona. No se trató de un ahorro oficial. Más bien era una entidad al margen del Ejército, pero que con el pasar de los años se fue volviendo cada vez más parte de la institución, hasta que llegó a convertirse en un fondo de ahorro obligatorio para el personal de la IV División, entre 1991 y 2001.

Años después, el fondo comenzó a perder más de lo que recibía. «El personal que se acogía a retiro recibía un ahorro muy superior al aportado», fue uno de los factores detectados por la Contraloría General de la República (CGR) en 2018. Lo anterior llevó a que el fondo dejara de tener la capacidad de pagar a quienes habían aportado, por lo que en 2007 finalmente fue cerrado.

Ante esto, decenas de demandas de funcionarios que exigían su dinero comenzaron a ser interpuestas contra la entidad castrense, lo cual derivó en que el Ejército diseñara políticas para hacerse cargo de la deuda que quedaba con los afiliados.

El problema es que el fondo era entre privados, por lo cual la deuda es también entre privados. Y según logró establecer la Contraloría, el Ejército comenzó a utilizar fondos públicos para resarcir a los perjudicados.

«Se constató que la modalidad de devolución de los recursos del FAM, a funcionarios y ex funcionarios aportantes del mismo, se materializó a través del pago de viáticos por comisiones de servicios en el país y pagos por concepto de honorarios a esos ahorrantes, ambos financiados con recursos presupuestarios de la institución”, estableció el 5 de marzo de 2018 la Contraloría, a través del informe número 745/2017.

El hecho desembocó en una investigación a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien formalizará a cerca de 800 funcionarios activos y en retiro del Ejército por el delito de fraude al Fisco, que involucraría montos cercanos a los $3.500 millones.

En el contexto de esta investigación se tomó testimonio a cuatro de los cinco comandantes en Jefe que ha tenido el Ejército desde el retorno a la democracia, incluyendo a Juan Emilio Cheyre (2002-2006), Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

El Desconcierto desclasifica por primera vez las declaraciones de dichos generales, las cuales fueron tomadas en distintos centros de justicia a fines de 2018. Dichos testimonios dan cuenta de la defensa que cada uno de estos generales hizo de sí mismos y de la institución, así como de los puntos débiles de sus argumentaciones. Tres de ellos, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, se encuentran formalizados en la investigación que sostiene que el delito de fraude al Fisco se habría llevado a cabo entre los años 2008 y 2016 (Oviedo y Fuente-Alba están siendo procesados además por el caso de megafraude en el Ejército conocido como Milicogate).

Como si se tratase de algo que nunca existió, tres de los cuatros generales dicen no tener prácticamente ningún conocimiento respecto del FAM, mientras que el cuarto (Izurieta), reconoce haber intentado solucionar el problema, pero nunca con el objetivo de restituir recursos privados con fondos públicos, sino con la intención de «ayudar a las personas afectadas en el contexto del bienestar y solidaridad propia del Ejército».

Juan Emilio Cheyre (2002-2006)

El más escueto en sus declaraciones fue Cheyre (condenado en 2018 a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el Caso Caravana de la Muerte), quien simplemente negó tener conocimiento alguno sobre las presuntas irregularidades, y se limitó a explicar que durante su período un informe de la COTRAE (Contraloría del Ejército) detectó «anomalías» en el funcionamiento del FAM.

«Yo entrego el mando del Ejército el 9 de marzo de 2006, y en el lapso transcurrido desde el informe hasta la entrega, nunca recibo algún nuevo antecedente de la materia», sostiene Cheyre en sus declaraciones.

«No dispongo ni conozco que se hubiese remitido dinero fiscal alguno vinculado directa o indirectamente al fondo o al personal del fondo FAM», agrega el general en retiro en varias oportunidades.

En cuanto a las famosas vías de solución detectadas por la Contraloría, que incluyeron el uso de dineros fiscales, Cheyre afirmó: «no tuve conocimiento de ellas, ni participé en análisis ni decisiones en ese sentido».

Óscar Izurieta (2006-2010)

Opuesto a Cheyre, Izurieta fue el que más se extendió en sus declaraciones, en las que reconoce haber instruido formas de reparación para los perjudicados por el cierre del fondo, pero asegura que estas no tienen que ver con lo económico.

En sus declaraciones ante la justicia, el general en retiro comienza explicando cómo y por qué se decide cerrar el fondo.

«Estando en mi primer año de CJE, el comandante Gonzalo Santelices me da cuenta que con motivo del FAM la IV División efectuó en el mes de junio de 2006 una consulta a la Contraloría pidiendo un pronunciamiento respecto del funcionamiento del FAM, e indica que la respuesta fue que la Contraloría no tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo por tener carácter de privado. Sin embargo, indica que es incorrecto que se utilice el aparato administrativo del Ejército para los descuentos y que se utilice la cuenta fiscal para depositar esos recursos. Me señaló que consecuentemente había que suspender los descuentos e incluso creo que me indicó que ordenó devolver el último descuento que se había realizado en ese periodo», comienza relatando.

«Esa es la primera vez que tomo conocimiento de la existencia del fondo», agrega Izurieta, quien añade luego que Santelices «me indicó que el fondo en su estructura y estado actual era inviable para los propósitos que se había creado y que no quedaba otra alternativa que cerrarlo».

Luego, en 2007, el fondo finalmente se cierra. Esto genera «un estado de frustación, desazón, rabia que se hizo extensiva a las familias y una percepción de culpabilidad del Ejército». Por ello, continúa Izurieta, «se dispone al Comandante de la IV División que se preocupe de la moral de la gente que podría verse afectada y mantenga informado al mando».

Esto es justificado por Izurieta afirmando que la IV División «es una unidad con gran responsabilidad estratégica, que incluso está a cargo de lugares tan sensibles como Campos de Hielo Sur y Norte».

«El mando del Ejército no podía permitir que esta situación afectara la eficiencia profesional y disminuyera la capacidad operativa de la IV División. Por ello resolví convocar a una reunión a todo mi personal asesor», aclaró el ex militar.

En esta reunión, precisamente, se propusieron las primeras medidas de reparación.

«El primer imperativo de la reunión fue que cualquier vía de ayuda fuera apegada a la legalidad y a la reglamentación. Los principales motivos para pensar en generar algunas medidas de ayuda fueron estratégicos  y por el componente moral de no poder abandonar a su suerte a los funcionarios», detalló Izurieta en su relato.

Finalmente, resolvieron 4 formas de solución:

«1) Participación en las Fuerzas de Paz en Haití. La idea fue generar la primera prioridad para el personal de IV División que cumpliera los requisitos. 2) Mantención de suboficiales hasta el máximo legal de 33 años de servicio, siendo que antes de esto la práctica era que la carrera terminara a los 30 años. Eso implicaba un período de 3 años de servicio adicionales recibiendo sueldo y trabajando en la zona. 3) Permitir quedarse en la IV División a personal que estuviera previsto para otra Unidad, hasta por tres años adicionales. 4) Extender el cese de sueldo para funcionarios llamados a retiro, donde la baja definitiva se ampliaba hasta por tres meses, lo que implicaba tres meses adicionales de sueldo».

En este punto es donde la argumentación de Izurieta es más débil, ya que minutos más adelante afirma que ninguna de estas medidas tuvo algo que ver con reparaciones económicas, lo cual por el tenor de las mismas, es evidentemente falso.

«Estas medidas extraordinarias nunca tuvieron como propósito saldar una supuesta deuda, sino que como se describió anteriormente, sólo ayudar a las personas afectadas en el contexto del bienestar y solidaridad propia del Ejército», sostuvo.

«Las vías de solución no estaban asociadas a un valor económico», agrega más adelante, argumentando que se trataba de «otorgarle a un afectado una vía de solución, lo cual no significaba en ningún caso reconocer una deuda, ni mucho menos restituir fondos, sino solo apoyarlo solidariamente dentro del marco legal».

Todas estas medidas comienzan su implementación el 2008. «Nunca, respecto de la implementación de estas medidas, ordené ponerlas por escrito, ya que esto estaba dentro de las facultades de CJE y de cada unidad. Además, nunca se me presentó algún conflicto en la ejecución de estas medidas de parte del DPE, Comandante de la IV División, de la COTRAE o del COT», agrega Izurieta al ser consultado por estas iniciativas extraordinarias.

En cuanto a los pagos de viáticos y los contratos a honorarios por servicios no prestados que detectó la Contraloría, Izurieta negó tener conocimiento alguno sobre estas prácticas. Y con su salida de la entidad, también parece haber esfumado el problema, ya que su sucesor afirmó no tener prácticamente ningún conocimiento sobre el tema.

Juan Miguel Fuente-Alba (2010 – 2014)

«Cuando asumí en 2010, el Ejército estuvo abocado 100% a solucionar el problema del terremoto», comienza afirmando Fuente-Alba, agregando que «posteriormente advierto que existían medidas (de reparación por el caso FAM), respecto de las cuales no tuve mayor conocimiento o detalles específicos«.

Según Fuente-Alba, a pesar de que este tema causó gran revuelo mediático en el período de Izurieta, «no me fue informado directamente al momento de asumir mi cargo, ni tampoco recuerdo haber informado de este tema a mi sucesor el general Oviedo».

«Mientras fui CJE no tuve información sobre las formas de resarcir los fondos de los ex aportantes del FAM«, sentenció más adelante el general.

Luego, al ser consultado respecto de quiénes deberían haber sabido si se estaban entregando pagos por viáticos o por trabajos a honorarios, el Comandante en Jefe del Ejército de la época apuntó sus dardos a la jefatura de la IV División.

«En el caso de las comisiones de servicio, los viáticos deben estar dispuesto por el presupuesto según planificación anual, propuesto por la IV División del Ejército y aprobado por el COT. Ahora, si los funcionarios que acuden a las comisiones de servicio eran ex aportantes del FAM, la decisión se toma en la misma División, conforme a sus atribuciones«, sostuvo.

«En mi calidad de CJE concurrí en varias oportunidades a la zona de Coyhaique, pero nunca tuve ninguna reunión ni con dirigentes ni con miembros de la FAM, como tampoco me preocupé específicamente de este tema. Yo no tuve reuniones a este respecto«, agrega luego Fuente-Alba. «Durante mi cargo como CJE no participé ni dispuse reuniones con los demás estamentos del alto mando para abordar o dar solución a los problemas del FAM».

Humberto Oviedo (2014-2018)

El último de los generales interrogados, el general en retiro Humberto Oviedo, también negó completamente su responsabilidad en los hechos.

«Cuando recibo el mando del Ejército en 2014 no se me entregó información referente al FAM ni nada asociado a aquel», comienza sosteniendo Oviedo ante la justicia, detallando que «en 2016 o 2017 la COTRAE me informa de un informe de la Contraloría que había detectado trabajos contratados por el Ejército a funcionarios en situación de retiro que se habían pagado pero no prestado los servicios, y haberse pagado viáticos por comisiones de servicios las que se denunciaban no haberse ejecutado’».

«Con ello, oriento al COT (Comando de Operaciones Terrestres) y a la CGP (Comando General de Personal) para que se instruyan dos sumarios administrativos a fin de esclarecer qué es lo que había ocurrido y la eventual existencia de responsabilidades administrativas», agregó Oviedo.

Luego, informó a su sucesor, Ricardo Martínez, de los sumarios aún en curso en marzo de 2018.

«Jamás supe que personal del Ejército trabajara de forma alguna con el objeto de solucionar las problemáticas de los ex aportantes del FAM», insistió luego el comandante en Jefe de la institución entre 2014 y 2018.

En tanto, al ser consultado por la existencia de un fondo económico denominado «PCCO (Plan de Cultura y Clima Organizacional) IV División», Oviedo -al igual que Fuente Alba, quien también negó conocerlo- afirmó no tener conocimiento alguno.

«Jamás se me informó de la eventual existencia de un fondo con ese nombre, ni menos asociado a la problemática FAM. Me sorprendería la existencia de un plan económico, como destinación de dineros exclusivamente a solucionar de forma directa o indirecta la problemática surgida a raíz del FAM, ni menos la asignación de medios logísticos para el mismo fin», señaló.

Declaraciones completas a continuación: 

FUENTE: eldesconcierto.cl