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El Pleno de la Convención Constitucional aprobó que el Sistema Nacional de Salud que será incluido en la propuesta de nueva Constitución incluya tanto a prestadores públicos como privados.

La decisión se dio en el marco de la votación del último informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. En detalle, esta propuesta final definió las características de diversos derechos sociales que serían consagrados en la nueva Carta Fundamental, como vivienda, salud y educación.

Respecto al Sistema Nacional de Salud, uno de los puntos claves que se decidió hoy fue qué tipo de instituciones lo conforman. Las dudas surgieron producto de indicaciones presentadas por la convencional Giovanna Grandon (Coordinadora Plurinacional) que buscaba que los prestadores particulares no pudieran incurrir en «ningún tipo de lucro», lo que habría excluido a las clínicas.

Sin embargo, el hemiciclo del órgano constituyente decidió que esta propuesta no llegara al borrador de nueva Constitución. En esa línea, aprobó el artículo que definió que «el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud».

Pese a que las instituciones que conformarán el sistema serán mixtas, el Pleno definió que el Estado deberá «velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud».

También ligado a salud, la Convención aprobó una artículo del mencionado informe que define que «los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan».

«El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten, en conformidad a esta Constitución y la ley», concluye dicha norma.

Derecho a la educación

Otro de los temas abordados en el último documento presentado por la Comisión de Derechos Fundamentales fue relativo al derecho a la educación. En esta área, la Convención aprobó artículos que definen la educación como un «deber primordial e ineludible del Estado» y que consagran la libertad de enseñanza.

Respecto a este último tema, el órgano constituyente aprobó por más de dos tercios un artículo que indica que la libertad de enseñanza «comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes».

Además, el órgano constituyente aprobó un artículo que crea un Sistema Nacional de Educación, que «estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado».

En la misma línea, define que el Estado «deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado».

Otras normas aprobadas establecen que la educación en Chile seguirá «los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística».

«La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación», agrega.

«Hemos superado por fin el Estado subsidiario»

«Estamos contentos porque ha sido una jornada histórica. Creemos que con el conjunto de normas que han sido aprobadas por este Pleno de la Convención Constitucional hemos superado por fin el Estado subsidiario y hemos avanzado hacia la construcción de verdad de un Estado social y democrático de derecho«, declaró tras la votación el coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela (PS).

El convencional agregó que «hemos regulado las materias de educación, salud, trabajo, seguridad social y otras que en su conjunto van a configurar un sistema de protección social sólido que permita ofrecer prestaciones sociales básicas para todas las personas, sin distinción«.

Por su parte, la convencional Janis Meneses (MSC), también coordinadora de la instancia, ante una consulta de la prensa, recalcó respecto a educación que «se garantiza la libertad de enseñanza, se garantiza constitucionalmente que las madres, padres y adultos responsables puedan escoger el tipo de educación de sus hijas e hijos».

«La gran noticia es que hoy día, con el fortalecimiento que va a tener la educación pública, va a hacer que realmente puedan elegir el tipo de educación», concluyó Meneses.

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