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Los diputados Tomás Hirsch (AH), Claudia Mix (Comunes), Amaro Labra (PC), Karol Cariola (PC), Gael Yeomans (CS), Gonzalo Winter (CS), Catalina Pérez (RD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS), presentaron un proyecto de ley para ampliar las facultades de la Contraloría General de la República (CGR) para que pueda fiscalizar el uso y gestión de recursos públicos de las corporaciones municipales y entidades funcionales ligadas a los municipios del país.

La iniciativa legislativa nace a raíz de la investigación que se está llevando a cabo en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), por presuntamente recibir pagos millonarios pagos en efectivo de dineros provenientes de programas y organizaciones privadas ligadas al municipio. Además, un reportaje de América Transparente detectó que los municipios de Las Condes y Lo Barnechea habrían transferido $14 mil millones a entidades privadas en materia de seguridad sin ningún tipo de control o rendición del dinero.

El proyecto contiene tres artículos que modifican el DFL Nº1 de la Ley Nº 18.695 orgánica Constitucional de Municipalidades, el Decreto 58 del Ministerio del Interior de la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias; y el artículo 557-1 del Código Civil, para que al momento de recibir recursos provenientes de dineros públicos “sujetas a la obligación de rendir cuenta sobre destino, uso y gestión de dichos aportes a la Unidad de Control Municipal Correspondiente. Aquellos aportes y su rendición podrán ser fiscalizado por la Contraloría General de la República”.

Al respecto, el diputado de Acción Humanista y autor del proyecto, Tomás Hirsch, aseguró que “lo que vimos en Vitacura, donde se le entregaba al ex alcalde Torrealba sobres con millones de pesos, y ahora comenzamos a ver en Las Condes y Lo Barnechea, donde se le han entregado miles de millones de pesos a entidades funcionales a estos municipios sin ningún control, nos muestran una situación profundamente irregular. Con este proyecto le entregamos facultades a Contraloría poder fiscalizar y revisar la gestión de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales que reciben recursos de las municipalidades. Lamentablemente hemos visto que en las tres comunas más ricas del país se ha estado en situaciones de corrupción utilizando dineros que tendrían que ir en ayuda de la comunidad y que terminan en bolsillos de alcaldes, funcionarios cercanos, amigos o familiares”.

Por su parte, la diputada de Comunes, Claudia Mix, comentó que “En el último tiempo hemos visto cómo, bajo al excusa de evitar la burocracia, a través de las corporaciones municipales se filtran dineros para contratos directos y sin licitaciones que no son fiscalizados es nadie. Por eso, este proyecto se hace muy necesario. Es urgente que la Contraloría pueda tener más atribuciones para fiscalizar el uso de recursos públicos entregado a las municipalidades, gobiernos regionales y poderes del Estado. Tenemos que evitar que casos de corrupción como los ocurridos en Vitacura y Lo Barnechea, se repitan en más comunas del país».

Finalmente, el diputado del Partido Comunista, Amaro Labra, expresó que “frente a las noticias de esta semana sobre aparentes desordenes e irregularidades administrativas en distintos municipios, donde se incluyen gastos que no cuentan con el debido respaldo, se hace urgente que la Controlaría cuente con todas las facultades y competencias para fiscalizar instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes públicos de cualquier tipo”.