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Frente a la crisis migratoria y humanitaria que se vive en Colchane, el Gobierno de Sebastián Piñera optó por la mano dura, la criminalización y represión contra las miles de personas que desde hace días han estado llegando a la comuna fronteriza con Bolivia.

Chile expulsará este miércoles a más de 100 migrantes que volverán a sus países, principalmente Venezuela y Colombia,  así lo informó el martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien explicó que estas mujeres y hombres tendrán que dejar el país “por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y estar de manera irregular”.

Estas personas tomarán un vuelo de las Fuerzas Aérea de Chile (FACH) que los devolverá a Colombia y Venezuela, confirmó a su vez el ministro de Exterior, Andrés Allamand.

Desde La Moneda se anunció el desarrollo del denominado “Plan Colchane”, que contempla un amplio despliegue policial en la frontera para llevar a cabo un “proceso disuasivo” y la difusión internacional  para advertir sobre las medidas que adoptará Chile contra quienes ingresen por pasos no habilitados

También se han licitado 15 vuelos para realizar expulsiones masivas y también habilitará drones para controlar la llegada de migrantes por el masivo desierto de Atacama.

“Esto es parte de un proceso, que no puede ser de la noche a la mañana, pero sí hay cambios concretos. Tecnología conjunta, vuelos no tripulados, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos, capacidad de monitoreo a varios kilómetros. Todo eso es por su puesto, parte del Plan Colchane, en el acápite de frontera más segura”, señaló el ministro Delgado, al referirse a al cumplimiento del decreto 265, el cual da mayores atribuciones a la Fuerzas Armadas (FF.AA) en el control fronterizo.

Delgado destacó, a modo de advertencia, las capacidades técnicas del dron Hermes, que tiene autonomía de 14 horas y puede detectar a muchos kilómetros a aquellas personas que intenten ingresar al país. “Todos los elementos que tienen las FF.AA. están hoy a disposición para apoyar a Carabineros y la PDI en lo que es la labor de los ingresos migratorios”, subrayó.

Crisis migratoria en Colchane

En las últimas semanas, el pueblo fronterizo de Colchane ha recibido un aumento  de migrantes que desbordan las precarias instalaciones de esta población de unos 1.500 habitantes. La mayoría de los extranjeros son venezolanos que vienen caminando desde su país para reunirse con familiares en Chile y en búsqueda de mejores oportunidades, mientras que otros vienen empujados por las cuarentenas en Perú.

Ante la crisis generada, el gobierno ha demostrado una vez más no vela por los derechos de las personas, tanto de los habitantes de Colchane, como de los miles de migrantes que han llegado a esta zona fronteriza.

Desde Amnistía Internacional se ha denunciado que, las medidas migratorias en Chile promueven la violación a los derechos humanos, considerando que son medidas enfocadas en contener a los grupos humanos que llegan al territorio nacional, sin priorizar su protección y asilo.

En conversación con El Ciudadano, Erika Guevara Rozas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que, en muchos países -incluido Chile- “se ha utilizado la pandemia de Covid-19 como una excusa para violentar los derechos humanos de las personas que intentan cruzar las fronteras en búsqueda de protección internacional.”

La representante de la comunidad latinoamericana de Amnistía también expuso que la crisis migratoria se ha convertido en una realidad común en el cono sur, donde “personas intentando ejercer su derecho a solicitar asilo, lamentablemente se encuentran con medidas de contención que son violatorias a los estándares internacionales.”

Guevara también expone la preocupación de Amnistía por la “tendencia a la militarización de las fronteras, como mecanismo de contención ante los flujos de personas refugiadas y en busca de protección internacional, particularmente provenientes de Venezuela en el caso de los países sudamericanos.”

Criminalización a los migrantes

Justo al inicio de esta crisis que azota el norte del país, la Coordinadora nacional de inmigrantes Chile, presentó un comunicado público, exigiendo al gobierno que este tema sea tratado como lo que es: una crisis humanitaria, no como un tema que debe ser tratado desde la criminalización a quienes cruzan la frontera.

Desde el comunicado emanado por la organización, señalaron que: “Vemos con indignación que se han intensificado los refuerzos militares en las zonas fronterizas, sin existir ningún tipo de políticas migratorias de acogida para estas comunidades, sino sólo de control sanitario. Rechazamos la violencia de efectivos policiales en frontera norte, y denunciamos la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes por parte del gobierno de Piñera”.

Una de las propuestas de la coordinadora es que el gobierno trabaje en una Regulación migratoria extraordinaria para afrontar la pandemia.

En conversación con El Ciudadano, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Vanessa González, explicó que esta propuesta había sido presentada hace más de dos años, pero que había sido rechazada por el estado.

“Comenzamos a demandar desde 2018, que es necesario poder implementar una regularización migratoria sin condiciones y extraordinaria para las comunidades que ya vivían en el país. Porque justamente ya había muchas comunidades que tienen tiempo viviendo en el país y están en una situación de irregularidad o semi regularidad por situaciones derivadas de la violencia institucional y las trabas burocráticas del propio departamento de extranjería y migración.”

Situación que solo se agudiza con el nuevo flujo de población migrante en el frente norte del país.

La presidenta de la coordinadora, indicó que la propuesta consta de combatir las barreras invisibles que precarizan la vida de los extranjeros en el territorio.

Hablamos de regulación a las personas extranjeras que no tienen cédula de identidad, para no exponerlas a todas las sanciones administrativas por faltas migratorias, el otorgamiento de residencia temporales por el plazo de un año, que se otorguen prorrogas a las personas que la han pedido y no se les han respondido y también el otorgamiento de permiso de residencia definitiva sin dilatar más los efectos burocráticos.”

“El problema con las políticas migratorias (en Chile) es imponen barreras invisibles desde la imposibilidad de realizar trámites en las oficinas o vía web, de la imposibilidad de solicitar cita”, subrayó.
Por otra parte, desde la coordinadora comprenden que la situación que se esta viviendo en Chile por la pandemia es compleja y con la crisis humanitaria lo es aún más. Pero que esto no justifica los años en los que las normas migratorias no han sido modificadas y que el problema de abastecimiento y acceso a la salud en el territorio no debe ser apelado a la llegada de inmigrantes, sino que a las fallas de la administración interna del país.
“Sabemos que también hay una deficiencia en los servicios producto de como se ha ido gestionando cierto tipo de políticas en materia, por ejemplo, de salud, y el asunto no venía solamente en el momento de la migración, sino que son asuntos pendientes que ya correspondían a problemas como país y sus instituciones”, planteó González.
Es por esto que, desde la coordinadora se solicita al Gobierno de Chile implementar medidas interregionales “que aborden la migración, justamente desde el supuesto de que hay una crisis real que está comenzando a afectar tanto a las poblaciones que están desplazadas como a los países de acogida.”
También se llama a que el Ejecutivo se haga responsable de no solo los controles sanitarios que se han implementado de forma responsable, pero desde su postura no son suficientes, “porque no estamos hablando solamente de poblaciones que migran en contexto de pandemia, sino justamente del grupo que está en vulnerabilidad, empobrecidos y precarizados y que no podemos contribuir a su precarización poniendo, por ejemplo, refuerzos policiales y fuerzas armadas”, enfatiza la dirigente.
El problema de la Ley de Inmigración
Entrar a Chile y ceñirse a la ley de inmigración vigente es un proceso muy complejo, aun más considerando el empobrecimiento de la población que ingresa a territorio nacional.
Por lo que muchas personas deciden entrar por pasos no regulados. En este caso, quienes ingresen clandestinamente a Chile, debe autodenunciarse para que, una vez realizado esto, se habrá un proceso judicial en su contra, el cual podría terminar en la expulsión de esta del país.
Sin embargo, al estar judicializado el proceso permite que quienes llegue a chile por esta vía puedan quedarse en el país por un periodo de tiempo más.
La nueva Ley de Migraciones cambia uno de esos puntos y busca evitar el procedimiento judicial, pero que también le otorga facultades a las policías fronterizas de reconducir inmediatamente a sus países de origen a quienes sean registrados como inmigrantes ilegales.
La tramitación se dilató porque un grupo de diputados de oposición llevó al Tribunal Constitucional una serie de artículos de la nueva ley y de hecho el TC declaró inconstitucionales seis de ellos. El Congreso no llegó a recibir la notificación del TC antes de empezar el receso legislativo, que termina a fines de febrero. En marzo, la normativa debería estar vigente.
Para la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Vanessa González, esta nueva propuesta de Ley, tanto como la vigente, son insuficientes y no protegen los derechos humanos de quienes llegan al país:
Es una ley que data de décadas atrás, sin embargo, las políticas que se han hecho en los años recientes, política generadas por el Departamento de Extranjería y ahora el intento de levantar manuales de inmigración en extranjería, también parece un intento fallido, porque normalmente siguen privilegiando un enfoque que es completamente excluyente de la realidad que hoy están viviendo las comunidades que migran a nivel regional y a las comunidades que llegan a Chile.”
Aparte de las acciones generadas desde La Moneda, preocupan las actuaciones de las autoridades regionales para abordar la crisis mogratoria.
La parlamentaria radical por la región de Antofagasta Marcela Hernando para el medio La Nación, señaló que le “preocupa que algunas de las autoridades regionales no sepan alertar al nivel central de la forma en que se requiere”.
Asimismo, se refirió a la alarmante la lentitud en la que se ha legislado la nueva modificación a la ley de inmigración chilena y que falta la colaboración entre las cancillerías de los países del cono sur respecto a esta problemática humana.
“Me preocupa la lentitud con la que reaccionan algunas autoridades. Estamos viviendo etapas de una ola migratoria tremenda en el sector norte, principalmente con personas que llegan desde Venezuela por las condiciones en las que se encuentra ese país. Pero esas personas han debido cruzar varias fronteras y no existe, que uno vea, coordinación de las cancillerías para poder trabajar coordinadamente en este tema”.
Piñera invitó a los venezolanos a a venir a Chile
Ante la crisis registrada en Colchane, Sebastián Piñera decidió criminalizar y expulsar a los venezolanos y demás migrantes que ingresen de forma ilegal al país, pero el mandatario parece no recordar, que en un arrebato de demagogia y populismo fue él mismo los invitó a venir a Chile.
Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”, fueron las palabras que empleó Sebastián Piñera en 2018, para su propósito de respaldar el golpe que buscó asestar el entonces diputado Juan Guaidó contra el gobierno de Nicolás Maduro, al autoproclamarse presidente interino de Venezuela, con la venia del imperialismo estadounidense.
Ante la situación que se salió de control, a Piñera no le quedó otro camino que tragarse sus palabras, lavarse las manos de su responsabilidad y arremeter contra los migrantes provenientes de la nación caribeña, con un plan que directamente expulsa a toda persona que traspase ilegalmente la frontera, fuera de Chile.
Las declaraciones de Piñera en 2018 siguen estando presentes en varias organización que defienden los derechos de los migrantes y que responsabilizan al mandatario del flujo indiscriminado de personas provenientes de Venezuela y otros países hacia Chile.
“Como organización no hemos invitado a nadie a venir a Chile. En cambio, recordemos que fue el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien incentivó a la comunidad venezolana a que arribaran a Chile. Y frente a la actual crisis humanitaria, no hemos hecho más que reaccionar, a partir las voluntades individuales y colectivas de personas en Tarapacá, junto a quienes damos apoyo a quienes ya estando en el país, la están pasando muy mal”, señalaron los integrantes de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO) en declaraciones para Radio U de Chile.
Abordaje humanitario
Desde Amnistía Internacional, Erika Guevara planteó como recomendación para el Estado chileno, que la crisis migratoria sea abordada como una situación humanitaria, donde se asegure la protección de los derechos humanos, tanto para quienes ingresan al país como para los inmigrantes que están ya erradicados en Chile.
También sugirió que se “impongan medidas de protección que eviten violentar el principio de no devolución. Es decir, que estas personas no pueden ser retornados forzosamente a su país de origen, que se busquen mecanismos de protección suplementaria, complementaria e inmediata para poder acoger a estas personas y se reconozcan sus derechos.”
Desde Amnistía internacional son enfáticos en esclarecer que debe haber colaboración en los estados receptores.
Que busquen de la cooperación y la coordinación que se requiere para una situación crítica como la que enfrentan las personas venezolanas que escapan de sus países. Que se busquen mecanismos de emigración ordenada para ayudar a estas personas a llegar a países de acogida. Y también que estos Estados busquen la cooperación internacional y el financiamiento que se requiere para proveer de la asistencia y la protección de las personas refugiadas, pero también de las comunidades de acogida y respetando los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al acceso al trabajo”, afirmó la directora para las Américas de la organización.