La Policía de Investigaciones (PDI), a través de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Copiapó, detuvo recientemente al representante legal de una radioemisora que operaba de forma irregular en la comuna de Vallenar, en la Región de Atacama. El procedimiento, desarrollado en coordinación con la Fiscalía Local de Vallenar y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), permitió la incautación de un transmisor valorado en aproximadamente tres millones de pesos y el cese inmediato de las transmisiones, tras constatarse que la emisora funcionaba sin las autorizaciones legales correspondientes.
La acción policial se enmarca en lo establecido por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168), la normativa que regula el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones en Chile. Esta legislación, vigente desde 1982 con sus modificaciones, exige que cualquier servicio de radiodifusión, como una radioemisora, cuente con la autorización legal previa para operar en una frecuencia asignada por el Estado. Operar sin concesión ni permiso técnico constituye una infracción a la ley, que puede derivar en sanciones administrativas y penales.
Uno de los elementos centrales de la normativa es el artículo que tipifica la operación de servicios de radiodifusión sin licencia como conducta sancionable. Aunque en años recientes ha existido discusión y reformas en torno a cómo se aplican estas sanciones, incluyendo debates legislativos sobre la proporcionalidad de ciertos tipos de castigos, la obligación de contar con autorización para transmitir sigue siendo un requisito fundamental.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones es la entidad técnica encargada de fiscalizar el uso del espectro radioeléctrico, así como de atender denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades, entre ellas radiodifusión sin permiso. Cualquier persona o institución puede reportar este tipo de operaciones ante Subtel para que se inicie una investigación o acción administrativa o penal, según corresponda.
El fiscal adjunto de Vallenar, Nicolás Meléndez Chacón, explicó que la causa penal se inició luego de una denuncia formal de Subtel por la operación clandestina de la emisora, lo que permitió a la Fiscalía gestionar una orden de investigar y coordinar con la PDI la verificación de la ilegalidad en flagrancia. El fiscal destacó la importancia de que el ejercicio de radiodifusión se ajuste a la legislación vigente, subrayando el rol de los medios de comunicación como actores relevantes para la comunidad, cuya labor debe desarrollarse conforme a la normativa que protege tanto la correcta utilización del espectro como los derechos de los usuarios.
Además de las sanciones penales previstas, la Ley General de Telecomunicaciones contempla un régimen sancionatorio que puede incluir multas, suspensión de transmisiones y la revocación de concesiones o permisos, dependiendo de la naturaleza y reincidencia de la infracción. Para servicios de radiodifusión sin autorización, las sanciones pueden ser severas porque el espectro radioeléctrico es considerado un recurso público escaso que requiere un uso ordenado y eficiente.
Este caso en Vallenar pone de manifiesto la importancia del marco regulatorio en Chile para las comunicaciones radiales y la necesidad de que quienes deseen operar medios de este tipo cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos por la ley. Asimismo, refleja la coordinación entre organismos técnicos, fiscales y policiales para garantizar el respeto al ordenamiento legal y evitar interferencias ilegales o uso indebido del espectro, que pueden afectar a otros concesionarios y a la seguridad de las telecomunicaciones en general.
