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Nuevo escándalo de corrupción en el Ejército

El Fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma, dictó orden de detención contra esos uniformados, como resultado de una investigación iniciada en 2018.

800 militares, tanto en activo como retirados, se encuentran involucrados en un nuevo caso de corrupción por cometer un fraude dentro del Ejército por unos tres mil millones de pesos.

Según reportó el domingo el diario El Mercurio, el fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma, dictó orden de detención contra esos uniformados, como resultado de una investigación iniciada en 2018.

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) descubrieron que los tres mil millones de pesos correspondiente a fondos públicos, fueron destinados a pagar deudas privadas de los militares a a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

El FAM, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950, recibía aportes fundamentalmente de subtenientes de la IV división del Ejército en Aysén, con el objetivo de facilitar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales, pero finalmente quebró en 2006 al quedar sin fondos.

El fraude se realizó a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron donde hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.

El fiscal Palma encabezó en 2018 la pesquisa, entonces a unos 300 militares en los Comandos de Telecomunicaciones, Personal y la Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en esta capital.

El propio fiscal reveló en ese momento que cuando el FAM se cerró, se pusieron en marcha medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios, las cuales inicialmente estaban dentro de la legalidad, mediante comisiones de servicios o dando prioridad a las personas que habían sido perjudicadas económicamente.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por RLN.

Indicó que con el tiempo esas comisiones dejaron de hacerse pero continuaron pagándose, al igual que contratos por trabajos que nunca se realizaron, por lo cual continuó saliendo dinero sin justificación alguna, lo cual es el objetivo de la investigación.

“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían: los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, indicó.

 
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