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Estamos frente a una política institucional y sistemática de maltratos, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del orden. No pueden seguir muriendo personas a manos de la policía, esto no da para más. En espera de la nueva Constitución, una intervención civil se convierte en una imperiosa necesidad. Nosotrxs no seguiremos poniendo los muertos.

¡Nunca han dado frazadas en las comisarías! Nos matan por caminar en la calle y por trabajar en un semáforo. En Cachagua, les dejan sin multa por violar las cuarentenas y los toques de queda. En Panguipulli y en la comisaría 51 de Pedro Aguirre Cerda, podemos amanecer suicidados.

A primera hora de este lunes 8 de febrero, despertamos con la noticia de la muerte de Camilo Mayaki en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Es muy difícil creer la versión de un “suicido”, cuando hace menos de cuatro días vimos cómo los mismos uniformados mataron a quemarropa a un malabarista en la vía pública. Incluso bajo el escenario hipotético del suicidio, o en la posibilidad de que haya muerto por apremios físicos, la responsabilidad es 100% de Carabineros de Chile. Los detenidos están bajo su custodia y eso implica estándares básicos que no claramente no se cumplen en tanto a derechos mínimos de los detenidos. Lo que vemos hoy es el comportamiento de una institución; ya perdimos la cuenta de casos aislados, ojos mutilados y millones robados.

La muerte de Francisco, joven que hacía malabarismo en la calle en la comuna de Panguipulli, nos recuerda que en el Chile de hoy, hay personas de primera y segunda categoría. La élite vacaciona sin preocupaciones mientras en las poblaciones donde Carabineros no asoma nariz, los narcotraficantes perfectamente identificados siguen recibiendo impunidad y armas.

De esto se trata vivir en Chile; acostumbrarnos a ver violaciones a los Derechos Humanos constantemente, donde no hay responsables, no hay consecuencias y mucho menos justicia para las víctimas. Donde el presidente interrumpe sus vacaciones, para comunicarle al país que respalda a los verdugos, y defiende como mecanismo de seguridad pública el control de identidad, el cual ha sido amplia e insistentemente cuestionado por expertos en materia de seguridad y orden público. El único y gran responsable, es el poder civil, el gobierno y el Presidente de la República, cuya acción o más bien omisión, sigue costando vidas humanas. Frente a eso, sus declaraciones de apoyo se convierten en una burla a esas madres que lloran a sus hijos presos, muertos o torturados.

Estamos transitando peligrosamente hacia una situación de facto. El monopolio legítimo del uso de la fuerza se está convirtiendo en un monopolio ilegítimo cuando deja de defender el orden y se convierte en un arma al servicio del poder. Un hecho que no tiene cabida en un régimen democrático y viola múltiples normativas, tanto de legislación nacional como de tratados suscritos por Chile.

Estamos frente a una política institucional y sistemática de maltratos, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del orden. No pueden seguir muriendo personas a manos de la policía, esto no da para más. En espera de la nueva Constitución, una intervención civil se convierte en una imperiosa necesidad. Nosotros no seguiremos poniendo los muertos.

Exigimos un pleno esclarecimiento de los hechos recientes, tanto de la muerte de Francisco como de Camilo y una investigación independiente y confiable. Hoy dos homicidas fueron a sus casas a dormir, ojalá, no tan tranquilos.

¡Es urgente la refundación de las fuerzas armadas y del orden!

Libertad a los presos de la revuelta, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.