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Actualmente, el modelo pesquero dominante en Chile se estructura en función de lógicas mercantiles neoliberales y extractivistas, pues privilegia la extracción de los recursos naturales bajo métodos de pesca no sustentable, agrega poco valor agregado a los productos extraídos y privilegia pautas de desarrollo propias de un capitalismo de libre mercado.

Introducción de presentación

La persistencia de la lucha de los pescadores artesanales, logró que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría, la anulación de la Ley de Pesca o “ley Longueira”.  La decisión de la Cámara de Diputados de anular la fraudulenta “Ley Longueira” y la condena de dos ex parlamentarios de la UDI por cohecho, representa un avance a una situación que mostró los grados de descomposición del modelo liberal.

Durante los transcursos de las últimas semanas de noviembre y de comienzos de diciembre del año 2020, el mundo pesquero vivió dos hechos políticos relevantes. El primero el 24 de noviembre, día en que la Cámara de Diputados logró aprobar, por una amplia mayoría, la anulación de la vigente Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), por el hecho de que esta fue dictaminada bajo procedimientos fraudulentos.

El segundo hecho político se dio el 2 de diciembre, cuando el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago declaro culpables de haber cometido actos de cohecho e incurrir a fraude al fisco al momento de aprobarse la LGPA el año 2012, a la ex diputada Marta Isasi (Independiente de derecha) y al ex senador Jaime Orpis (militante de la UDI).

Ambos episodios permiten demostrar que el problema pesquero continúa removiendo las aguas de la política chilena. Estas notas ahondan sobre la función de la vigente normativa sectorial y del proceso constituyente, la necesidad de articular un programa político para impulsar la actividad pesquera bajo lógicas de desarrollo sustentable, comunitario y en defensa de los bienes comunes.

La actividad pesquera en Chile se encuentra regulada por medio de la denominada LGPA o mal llamada “Ley Longueira”. Esta normativa existe en estricto rigor desde el año 1988-1989, cuando el Almirante José Toribio Merino, presentó un proyecto de ley orientado a administrar los recursos pesqueros y generar un marco de explotación global de los recursos pesqueros presentes dentro de las 200 millas marinas.

Desde ese momento, los agentes socioeconómicos que participan de la explotación de recursos en el sector (empresariales, estatales, científicos y sindicales), han conflictuado constantemente con el fin de estructurar los artículos de la ley acorde a sus intereses.

En este plano, desde la ley de pesca del año 2002 (con la famosa “Ley Lagos”) se demostró públicamente que los grupos económicos dominantes del sector pesquero operaban fácticamente al interior del Congreso Nacional. Por medio de los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar (ambos senadores y militantes de la Democracia Cristiana), por ejemplo, la gran industria del norte se vio beneficiada con sus acciones, pues estos parlamentarios realizaron indicaciones de ley favorables para este sector, siendo ellos accionistas de la empresa pesquera “EPERVA” (Iquique).

De forma más reciente, las acciones de captura del Estado por parte de la clase capitalista dominante en la pesca extractiva, se dio con la aprobación de la vigente LGPA durante los años 2012-2013 (primer gobierno de Sebastián Piñera) y cuando Pablo Longueira (el líder histórico de la UDI) era Ministro de Economía.

Desde dicho momento hasta el año 2016, se demostró públicamente que el ministerio a cargo de la cartera de pesca y diversos parlamentarios de la bancada de derecha como de la ex-Concertación (DC, PS, PPD), recibieron aportes económicos reservados de la industria pesquera, con el fin de aprobar diversos artículos de ley en discusión a su favor. Con la ejecución de dicha acción, el patrimonio pesquero de todos los chilenos pasó a ser privatizado a perpetuidad, entregándose en propiedad las principales especies pesqueras a las 7 familias dueñas del mar (los principales gremios empresariales del mar distribuidos a lo largo de Chile). A la vez, está normativa permitió que los métodos de extracción de recursos no sustentables continuasen perpetuándose, al no prohibirse ni la pesca de arrastre ni la de cerco, menoscabando así los ecosistemas marinos y los ciclos de reproducción de las especies marinas.

Actualmente, el modelo pesquero dominante en Chile se estructura en función de lógicas mercantiles neoliberales y extractivistas, pues privilegia la extracción de los recursos naturales bajo métodos de pesca no sustentable, agrega poco valor agregado a los productos extraídos y privilegia pautas de desarrollo propias de un capitalismo de libre mercado.

La profundización de esta política neoliberal generó que el tejido socioeconómico en el que se desenvuelven los agentes subalternos del sector, rompa con su tradición comunitaria y que pierda peso estratégico en materia de desarrollo global del país.

Esto se debe no solo a que con la vigente ley de pesca se haya entregado en propiedad los recursos pesqueros a las grandes corporaciones capitalistas, sino que a la vez, porque se suprimió el régimen de bienes comunes pesqueros que históricamente hegemonizó en el país. Históricamente el carácter propietario de los peces capturados, se rigió bajo los principios del “res noellius” (“cosa de nadie” en latin), lo cual posibilitó que los pescadores artesanales se distribuyeran los recursos al interior de las embarcaciones, en función “del acuerdo a la parte”.

Con la actualización de la Ley de Pesca con Ricardo Lagos el año 2002, dicha tradición se vio profundamente menoscabada, pues al introducirse el denominado “Régimen Artesanal de Extracción” (RAE), recursos como la anchoveta, el jurel, la merluza o la sardina, pasaron a ser designados propietariamente por cada embarcación. Al individualizarse los recursos por embarcaciones, los propietarios de las lanchas se hicieron de los recursos y con aquello, se procedió a excluir de derechos de venta a los tripulantes de las embarcaciones, rompiendo con la tradición colectivista.

Agréguese que con la última aprobación de la ley de pesca en el año 2012, ahora los propietarios de las cuotas de pesca pueden transferir sus recursos, de un modo similar a lo ocurrido bajo el capitalismo popular durante la dictadura militar, con la privatización de empresas públicas y la compra-venta de acciones por parte de los trabajadores.

En cuanto al pilar extractivista que mencionamos anteriormente, este predomina por la autorización institucional que da el Estado para poder extraer recursos pesqueros por medio de artes de pesca no selectivas, como lo son el cerco y el arrastre. Este tipo de métodos de pesca, son usados principalmente por embarcaciones de gran escala del sector industrial y los barcos de mediana capacidad, las cuales geográficamente operan a lo largo de las costas chilenas, generando graves impactos ecológicos en los fondos marinos y en los ciclos reproductivos de las especies marinas.

En esta materia, uno de los grandes logros del movimiento de pescadores que se ha dado en el último tiempo, fue la aprobación de la famosa “ley de la jibia”, la cual estipuló que el presente calamar no podía ser capturado por ninguna de las dos artes de pesca mencionada. Esta normativa, aprobada parlamentariamente durante los años 2018-2019, ha permitido demostrar que las artes de pesca no selectivas no son indispensables para desarrollar los procesos productivos en las costas chilenas.

Por otro lado, en el plano de las políticas de fomento industrial y de agregación de valor, el modelo económico pesquero local privilegia la producción de bienes con escaso valor agregado (como el aceite y la harina de pescado principalmente) y no la soberanía alimentaria. Esto se debe a que las principales especies de extracción que son capturadas por la industria pesquera, son destinadas mayoritariamente para la reducción de estos recursos, en vez de privilegiar la producción de bienes de consumo humano para la población.

De tal forma, esta política productiva capitalista está orientada a excluir a las comunidades originarias y a la sociedad civil de poder participar en la elaboración de las políticas económico-sociales, menoscabando los procesos de soberanía alimentaria gestados desde las clases populares.

Los pescadores y una alternativa constituyente

El movimiento de pescadores artesanales ha sido un agente clave dentro del proceso de denuncia de este modelo extractivista, pero su participación en el diseño colectivo de las políticas públicas sectoriales ha sido marginal, pues la convocatoria de los gobiernos de turno al diálogo ha asumido un carácter meramente consultivo.

Esto se debe a que los procesos de gobernanza impulsados por los gobiernos de la post dictadura, se han amparado en un marco constitucional que no garantiza la participación plena de los actores sociales y mucho menos la edificación de sistemas de cogestión en la elaboración de los programas de desarrollo. Desgraciadamente, esta situación se ha potenciado por la gran fragmentación del movimiento de pescadores, existiendo en la actualidad tres grandes confederaciones sindicales (la CONAPACH, la CONFEPACH y la CONDEP) y por dos agrupaciones sociales de hecho (la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales y la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal), lo cual dificulta el posicionamiento de un interlocutor legitimado y único frente a las autoridades estatales como los gremios empresariales.

A pesar de esta situación, la oportunidad política que se presenta para los movimientos de defensa de los bienes comunes costeros ante el actual proceso constituyente, es la de presentar sus reivindicaciones y de proponer un modelo de desarrollo pesquero alternativo en beneficio de las familias trabajadoras del país.

En ese sentido y considerando que el país actualmente enfrenta una situación crítica en materia económica y de seguridad alimentaria, los actores sindicales y sociales vinculados a esta actividad, están en la obligación de manifestar una postura común. En función de eso, podemos sostener de modo sintético que son cinco los puntos esenciales a plantear, con el fin de derribar el modelo pesquero imperante.

Los cinco puntos fundamentales

El primer elemento a plantear por parte de los actores sindicales, es el hecho de que los recursos pesqueros son patrimonio de todos los chilenos y chilenas, pues en la actualidad estos recursos se encuentran privatizados. Con la política neoliberal impulsada bajo el gobierno de Ricardo Lagos y profundizada con Sebastián Piñera, los grandes recursos son propiedad de las grandes corporaciones pesqueras, lo cual va en contra de los intereses soberanos y populares del país.

El segundo elemento a disputar, es el hecho de que se hace necesario abrir el debate sobre el derecho básico de asegurar la alimentación de productos sanos a la población y de contar con un modelo productivo industrial no neoliberal que garantice la seguridad alimentaria. Actualmente en Chile nos regimos por un modelo productivo que no garantiza el acceso de alimentos sanos a la población, pues los grandes complejos pesqueros industriales de Chile (ubicados principalmente en Corral, San Antonio, Talcahuano, Coronel, Coquimbo, Arica e Iquique), están dedicados a producir harina de pescado en base a especies sin procesar, como lo son la anchoveta, la sardina y el jurel.

Esta situación, genera que las familias chilenas de los sectores más populares no puedan consumir con facilidad los productos del mar, pues la gran industria prioriza la venta internacional de los escasos bienes de consumo elaborados, en vez de comercializar productos sanos a precio justo y con mayor valor agregado. En ese sentido, se hace necesario estipular constitucionalmente una política de soberanía alimentaria, donde los actores sociales, el Estado y la ciudadanía en general puedan diseñar e impulsar una política productivo-comercial en defensa de los intereses de las clases populares.

El tercer elemento a exponer, es la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el comercio justo y de autonomía productiva plena para las comunidades pesqueras en las costas chilenas. Históricamente desde el golpe de Estado de 1973 hasta la fecha, en el sector pesquero predomina un modo de producción capitalismo-mercantilista, en donde los productos extraídos por las comunidades son intercambiados comercialmente a través de un sistema de intermediarios.

La hegemonía de este sistema de comercialización intermediado, genera que los productos se vendan en precios inflados y por sobre el valor real, lo cual dificulta el acceso de los recursos pesqueros en las comunas no costeras y  los sectores sociales periféricos. La mejor forma de superar esta situación, es estableciendo mecanismos que aseguren la venta a precio justo de los bienes extraídos y que las comunidades laborales cuenten con una autonomía productiva plena, con el fin de agregarle valor a los bienes extraídos, mejorar sus condiciones de trabajo y propiciar el desarrollo territorial-endógeno.

El cuarto lugar elemento a demandar, es la necesidad de que la naturaleza es un ente de derecho, pues la legislación medio ambiental vigente y marítima es débil en esta materia. Actualmente la normativa medioambiental esta hecha a la medida de los intereses de los grupos empresariales extractivitas, pues la mayoría de los proyectos industriales que afectan ecológicamente los territorios costeros, se pueden instalar sin mayor dificultad. En ese sentido, se hace necesario establecer que la actividad pesquera tiene que realizarse únicamente con artes de pesca selectivas y que los proyectos acuícolas a gran escala deben autorizarse solo si los impactos medio ambientales son mínimos.

El quinto elemento a exponer y para finalizar, es que se hace necesario replantear la necesidad de que el Estado vuelva a jugar un rol en el desarrollo económico-productivo del país y especialmente en la actividad pesquera. La actividad industrial del sector está dominada exclusivamente por la presencia de agentes privados, los cuales a nivel macro-zonal se constituyen en agentes cuasi-monopólicos, pues con la vigente ley estos grupos tienen derechos preferenciales de acceso y extracción sobre los recursos pesqueros.

Esta situación prevalece desde el golpe de Estado de 1973, generando que el Estado solo cobre impuestos y fije mínimas normas de explotación de los recursos, pues las empresas públicas que se dedicaban a la actividad pesquera (como lo era la empresa Pesquera Arauco o la Pesquera Tarapacá), fueron privatizadas y entregadas fraudulentamente a los grandes grupos económicos dominantes. Ante esta realidad, se hace necesario que el Estado intervenga como un agente productivo y no meramente fijador de normas, para así romper el monopolio de los grandes grupos privados a lo largo de la costa chilena y así garantizar la producción de bienes pesqueros de consumo en post del desarrollo nacional como de la soberania alimentaria.

Jorge Ayala. Sociólogo, Magíster en Historia de la Universidad de Santiago y Magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile.

Artículo Publicado originalmente el “Revista La Estaca”, N°22, Año 5, 2021 (Paginas 18-20).