La justicia chilena, a través del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, dictó un veredicto de culpabilidad contra seis de los once acusados en una de las causas más emblemáticas de los últimos años vinculadas a Carabineros de Chile. Entre los condenados figuran altos exmandos de la institución, incluidos oficiales que integraron la plana mayor de Inteligencia, así como un civil vinculado a los hechos. El proceso judicial se prolongó por más de 150 jornadas de audiencia oral y forma parte de los efectos penales del denominado Caso Huracán, iniciado tras la fiscalización de un montaje de pruebas durante 2017.
Los hechos que dieron origen a esta causa ocurrieron en septiembre de 2017, cuando la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros en La Araucanía presentó como válidas pruebas digitales —como supuestas interceptoras de comunicaciones y geolocalizaciones— para imputar delitos de violencia rural y terrorismo a miembros del pueblo mapuche. Con la detención de ocho dirigentes y comuneros, el procedimiento fue inicialmente difundido como un operativo exitoso. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial se determinó que estas pruebas no existían en los términos presentados, que fueron implantadas en los teléfonos de los detenidos con el objetivo de inculparlos falsamente.
El Tribunal tuvo por acreditado que las herramientas tecnológicas que funcionarios policiales y un civil —identificado en el proceso como Alex Schmidt Leay— aseguraban haber desarrollado nunca existieron realmente, y que el contenido de las conversaciones atribuidas a los comuneros fue fabricado e insertado artificialmente para sustentar la hipótesis criminal de la persecución penal. La fiscalía presentó más de 400 medios de prueba, incluyendo peritajes técnicos, testimonios y documentos, que fueron clave para acreditar la manipulación de evidencia.
Los condenados enfrentan cargos por falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y otros delitos asociados, calificados en la resolución judicial como hechos reiterados que atentaron contra la legalidad de la indagación penal. Entre los oficiales declarados culpables está el ex general Gonzalo Blu Rodríguez, quien se desempeñó como jefe nacional de Inteligencia de Carabineros, y otros oficiales de alto rango, como el mayor Patricio Marín Lazo y el capitán Leonardo Osses Sandoval. También fue hallado responsable el civil vinculado a la supuesta tecnología de interceptación, así como un ex perito de LABOCAR, por su participación en la falsificación de informes.
Cinco de los imputados resultaron absueltos de los cargos, y el tribunal estableció que no se reunieron antecedentes suficientes para acreditar asociación ilícita, uno de los delitos más graves inicialmente considerados en la acusación, por lo que esa figura legal fue descartada en las condenas finalmente dictadas.
Este veredicto constituye un hito jurídico en la gestión de justicia penal chilena en torno al uso y abuso de facultades de inteligencia interna, especialmente en contextos de conflicto social. El fallo reconoce la afectación de bienes jurídicos esenciales como la fe pública y la integridad del sistema de investigación criminal, señalando que las conductas acreditadas implicaron un grave menoscabo institucional.
La audiencia de determinación de penas está programada para realizarse en una próxima fecha, mientras que la lectura de la sentencia será fijada por el tribunal para abril de 2026, en la ciudad de Temuco, conforme a las etapas propias del proceso penal chileno una vez establecido el veredicto de culpabilidad.
