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Recurrir a los ahorros, pedir el IFE o “pitutear” en paralelo al trabajo en la Convención Constitucional es parte de lo que han tenido que hacer algunos de los asesores de los constituyentes. Van casi tres meses del inicio del trabajo del órgano y todavía no se resuelven las asignaciones presupuestarias para pagar los sueldos del personal de apoyo. “Me pidieron irme de la casa donde vivo, porque no podía pagar el arriendo, pero hay gente que está peor, hay personas que tiene guaguas, que paga pensión, casos mucho más delicados”, revela uno de ellos. A raíz de esto, en los últimos días han sostenido reuniones entre varios colectivos en las que surgió la idea de crear un sindicato.

Nuestra preocupación son nuestros keyufes, nuestros ayudantes, nuestros asesores”. Con esas palabras la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, expresó su inquietud sobre una situación que en los últimos días comenzó a salir a flote. Fueron algunos convencionales quienes empezaron a levantar críticas hacia el gobierno, ya que desde el inicio del funcionamiento del órgano constituyente no han podido pagarles los sueldos a sus asesores.

Son casi tres meses en que el personal de apoyo de los y las convencionales no ha recibido ningún peso del presupuesto asignado para el funcionamiento de la Convención. Algunos han acudido a ahorros, al IFE o a trabajos esporádicos, en paralelo a sus funciones de asesorar a quienes están redactando la nueva constitución para el país.

“El servicio público es una vocación que la inmensa mayoría, sino decir todas las personas que estamos acá, llevamos con ímpetu”, afirmó Sebastián Sandoval, asesor del convencional Mario Vargas. Fue el pasado jueves cuando la presidenta Loncon realizó un punto de prensa rodeada de decenas de asesores de distintos convencionales, donde Sandoval tomó la palabra.

“Yo le pido a la ciudadanía que entienda, que muchos de nosotros y nosotras que estamos acá tenemos un compromiso férreo. A veces arriesgamos mucho en temas de familia, en temas de trabajo, oportunidades, más allá de lo que pueda ofrecer esta Convención (…) En esa circunstancia necesitamos tener cierta cantidad de recursos para poder continuar con nuestra labor y así también poder subsistir”, afirmó ante las cámaras.

La declaración fue consecuencia de una situación límite. El 20 de agosto la mesa de la Convención envió una solicitud a la Dirección de Presupuesto para destinar $1.743 millones adicionales al órgano constituyente. Esta semana, un mes después, se rechazó la cifra por parte del gobierno, accediendo solo a una fracción. La respuesta se tomó con preocupación. El dinero solicitado, entre otros ítems, iría destinado en parte al pago del personal de apoyo.

“No queremos que se repita la escena del inicio, cuando el gobierno nos dejó caer”, fue parte de la reacción de Loncon en esa oportunidad.

Tras la noticia, los asesores de distintos colectivos, denominación que usan para lo que en el Congreso serían bancadas, sostuvieron reuniones y se llegó a la decisión de hacer el comunicado público. Pero fueron más allá y concluyeron que necesitarían otro nivel de organización: un sindicato.

Vivir sin sueldo

Los casos no son iguales para todos los asesores. Según explican algunos de quienes ejercen esta labor, cada constituyente tiene al menos dos personas que lo apoyan en su trabajo. Vienen desde distintas realidades socioeconómicas y mantienen diversas profesiones.

Rodrigo, un asesor de La Lista del Apruebo que prefiere no dar su nombre real, relata que “están manteniéndose lo más que puedan. Creo que cada convencional hace un esfuerzo seguramente por pagarle algo a esa persona que no tienen ningún ingreso, porque de verdad hay algunas que no tienen ningún ingreso. Renunciaron a sus trabajos y se fueron a la Convención”.

“En mi caso, los ahorros, unos pitutos que tenemos por fuera, ese es el caso nuestro, pero hay personas que no”, explica. Hay otros casos en que son los mismos convencionales los que les estarían pagando de su propio bolsillo a los asesores, lo que no es una posibilidad para todos.

“Mucha gente está resistiendo”, relata otro asesor, esta vez de un convencional perteneciente a un conglomerado de izquierda. Su situación es difícil, cuenta. “En mi caso personal me pidieron irme de la casa donde vivo, porque no podía pagar el arriendo”, explica, pero cree que “hay gente que está peor, hay personas que tiene guaguas, que paga pensión, casos mucho más delicados”.

Rodrigo coincide. “Hay personas que pagan pensiones de alimentos. No sabemos cuántas personas han dejado de pagar pensiones de alimentos porque no tienen todavía sus contratos o una seguridad económica, y para sobrevivir también, son varios meses”, cuenta.

Muchos asesores prefieren no hablar del tema o hacerlo sin identificarse. La preocupación es evitar más polémicas con respecto a la Convención y proteger la imagen de la instancia ante la ciudadanía. Además, saben que el trabajo de asesor no es bien mirado por muchos: “Siempre hablar de platas es muy delicado, porque básicamente para un grupo de personas nosotros somos gente que no hace nada”, dicen.

Úrsula Eggers, al igual que Sebastián Sandoval, es una de las pocas que se refiere al asunto públicamente. “La gente es muy motivada con este proceso histórico, es casi un regalo poder tener la oportunidad de apoyar (…) pero no por este romanticismo vamos a permitir que se den ciertas prácticas que no son dignas, no son humanas y obviamente no queremos en el nuevo Chile”, asegura en conversación con El Desconcierto.

Relata que su caso no es comparable con el de otros trabajadores de la Convención, ya que no ha sufrido grandes problemas económicos en estos meses. “Solidarizo con todos mis compañeros y compañeros, me duele escuchar que hay gente ha tenido que irse de la casa o que no ha podido cumplir con los pagos por los gastos asociados a sus hijos, yo soy mamá también”, sostiene.

Además de la falta de remuneraciones, Eggers asegura que tampoco están dadas las condiciones mínimas para que los y las asesoras hagan sus labores para apoyar a los convencionales. “No tenemos asignados lugares de trabajo, hemos tenido incluso que trabajar en los patios. Es realmente lamentable, pero los asesores están sentados a veces en los pasillos afuera de la sala con los computadores”, cuenta.

“Uno entiende que hay trabajos mucho más precarizados, pero entendiendo la labor fundamental en la que estamos colaborando, nosotros estamos tratando de facilitar el proceso constituyente. Es muy triste”, añade.

Formar un sindicato

Para los convencionales la situación es preocupante. Manuela Royo, convencional del distrito 23 independiente por la lista Apruebo Dignidad, fue una de las constituyentes que relevó el tema a través de redes sociales.

“Es súper compleja la situación de quienes trabajamos con asesoras que además son compañeras que también son de regiones e independientes. No contamos con los recursos de los partidos políticos ni de los centros de estudio para financiar nuestro trabajo”, afirma.

Para la convencional la imposibilidad de pagar sueldos “no hace imposible, pero sí dificulta mucho el trabajo de la convención constituyente, en especial para quienes hemos sido coordinadoras, que es un trabajo doble y triplemente difícil”.

En tanto, Marcos Barraza (PC), constituyente del distrito 13, hace hincapié en los derechos laborales del personal de apoyo. “La gente tiene que trabajar y recibir una remuneración. Claramente esto no puede ser visto solo como un mal rato o una conducta indebida, aquí hay una vulneración de derechos que el gobierno está impulsando en términos laborales”, asegura.

Para el convencional, los asesores “son un componente central en este esfuerzo, en términos de la tarea de la nueva constitución. El gobierno aquí no muestra ineptitud, sino que muestra su intención de obstruir, le mete obstáculos a Convención Constituyente”.

Otros de los puntos que hacen los asesores y constituyentes consultados tiene que ver con la modalidad de contratación que tendrán una vez que se formalice su trabajo. Esta será bajo contratos o convenios a honorarios, lo que se critica por los obstáculos que representa para el acceso a seguridad social.

Además, ya fueron informados que en el momento en que se encuentre una solución y se les comiencen a pagar las remuneraciones, el pago no será completo. “Lo que ya sabemos es que no nos van a pagar julio (…) No nos van a pagar un mes que trabajamos”, cuenta un asesor.

La razón sería que en julio todavía no estaba aprobado el reglamento provisorio referido a las asignaciones, por lo que técnicamente la figura del “asesor” no existía. El trabajo durante ese mes se entendería como ad honorem.

Este cúmulo de hechos fue el que llevó a que en las reuniones que tuvieron los asesores de varios colectivos, principalmente identificados con la centroizquierda, se llegó a la conclusión de crear una “mesa” o “sindicato” de asesores. El objetivo sería poder para canalizar de mejor manera las inquietudes respecto a su trabajo, el que impacta directamente en el rol de los convencionales.

“Hace rato que se está conversando el poder tener una figura de sindicato de trabajadores de la Convención, o sindicato de asesores, y es una muy buena idea”, confirma Úrsula Eggers. “Esta incomodidad de nuestro desempeño laboral, de no tener las condiciones mínimas de trabajo es algo que viene desde el inicio”, agrega.

Resolver el problema

El responsable, constitucionalmente, de que el proceso siga su curso, es el Presidente de la República. La Constitución señala que él debe entregarlos apoyos administrativos, financieros necesarios, para que el trabajo de la Constituyente pueda marchar”, afirmó el vicepresidente Jaime Bassa el miércoles pasado, después del rechazo de la Dipres a asignar más recursos al órgano.

El convencional hizo referencia tanto al artículo 134 de la Constitución, que establece que las asignaciones serán establecidas por el reglamento de la Convención. Esto se suma al inciso final del artículo 133, que sostiene que es el Ejecutivo quien debe entregar el apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para “la instalación y el funcionamiento de la Convención”.

Uno de los asesores detalla que “todos nosotros ya hicimos ingresos de nuestros papeles, pero la Segpres no nos llama para que nosotros podamos firmar nuestros contratos (…) como no tienen cómo pagarnos no quieren que firmemos”.

En tanto, Rodrigo cuenta que “el Comité Externo se constituyó, se armó la plataforma, toda la pega administrativa que al Comité le correspondía, la hizo. (…) El lío está en que en los otros órganos que deberían operar ahora, que es la Segpres, no operan”.

Este mismo sábado 25 de septiembre, el Comité Externo de Asignaciones, el órgano técnico que regula la distribución de las asignaciones, envió un mensaje a todos los convencionales. “El día 10 de septiembre de 2021 despachamos la primera nómina validada a SEGPRES para la contratación y pago del personal de apoyo, pero aún no obtenemos de parte de ellos certeza sobre la fecha del pago. Hasta la fecha hemos presentado a SEGPRES más de 300 requerimientos de contratación”, sostiene el correo electrónico.

“Seguiremos insistiendo para obtener la más pronta respuesta posible para resolver este problema”, añaden.

Sobre este tema, han sido varios los emplazamientos que se han hecho al gobierno, apuntando principalmente al ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, cartera de la que depende la Dipres, y al ministro de la Segpres Juan José Ossa.

En respuesta, Ossa afirmó el pasado jueves que “la Convención está funcionando, todos los chilenos hemos visto cómo ha ido mejorando su funcionamiento. Es más, se nos requirió un aporte adicional de recursos hace unos días atrás para que siga funcionando y ese aporte fue entregado de forma inmediata”.

“El apoyo a la Convención nunca ha estado en tela de juicio, los dineros que se han requerido para su funcionamiento fueron entregados. Es más, fueron aumentados en tres ocasiones en los últimos meses”, aseguró. “Lo que sí existe es una solicitud distinta al funcionamiento diario y operativo de la Convención que dice relación con una solicitud de $1.700 millones que realizó la Convención pero para efectos de contratación de asesores y pagos de viáticos”, agregó.

De momento, los ánimos parecieron calmarse después de la última reunión de la mesa directiva con los ministros Ossa y Cerda, el pasado jueves. “La conversación giró en torno a encontrar una solución, los ministros se comprometieron a darle la vuelta al problema, en función de resolver y precisar la situación a nivel técnico”, detalló Loncon, por lo que las conversaciones seguirán y todavía no está dada la última palabra para saber cuándo se podrán pagar los sueldos de los asesores.