Escuche este artículo

La administración de Sebastián Piñera expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para desincentivar la migración irregular por la que el gobierno buscar echar del país a 1.500 personas en 2021.

«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados», dijo Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones.

Según información oficial, la mayor parte son venezolanos (más de 70) a quienes deportaron a sus países de origen por entrar a Chile de forma irregular o porque cometieron ilícitos que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.

A más de 800 personas ya las deportaron en siete vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa» que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.

Cuestionamientos a la política migratoria

Las expulsiones reciben permanentemente duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y entidades como las Naciones Unidas, que alertan de graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.

Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.

De hecho, la Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que respondieron a un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación ocurrió posteriormente a su deportación.

Desde el oficialismo señalan que en los últimos meses afinaron y concretaron junto a este estamento los criterios y protocolos de expulsión, asegurando que solo aplican la nueva la nueva ley de migración del país.

Endurecimiento de la normativa incentiva la migración ilegal

Esta regulación es el camino del Ejecutivo para «ordenar» la situación de los extranjeros, que pese a la pandemia y la crisis social que estalló en 2019 ven en Chile a uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.

Los expertos, en tanto, señalan que el endurecimiento de fronteras desemboca en un aumento de personas que cruzan por pasos no habilitados, como evidencian los últimos meses en la zona norte del país, golpeada por una seria crisis por la entrada de miles de personas indocumentadas.

Varias localidades fronterizas enfrentaron situaciones críticas en septiembre y octubre, cuando hubo diversas marchas y disturbios contra la migración.

Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- siendo la comunidad venezolana la más numerosa, alrededor de 450.000 personas, seguida por la peruana y la haitiana.