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Uno de los puntos que más preocupa es la indefensión en la que quedarían las y los dirigentes sociales que defienden los derechos humanos en materia ambienta.

Parlamentarios y dirigentes sociales calificaron como «una vergüenza» la postura del Gobierno de Piñera, al negarse a suscribir el Acuerdo de Escazú, el cual permitiría mejorar varios aspectos de la legislación medioambiental y dar garantías en cuanto al acceso a la información y participación ciudadana en este importante ámbito.

Para el diputado Boris Barrera, la decisión del Ejecutivo de no firmar responde a una mirada economicista y poco sustentable «que nos deja en muy mal pie frente a la comunidad internacional».

«Tiene una mirada economicista y no sustentable desde el punto de vista del cuidado del medioambiente. Este acuerdo establece derechos de participación, de información y de justicia en términos ambientales, que son muy necesarios en los momentos que estamos viviendo en el mundo y por eso hacemos el llamado a este gobierno, a que lo suscriba», sostuvo Barrera.

En ese sentido, uno de los puntos que más preocupa a los parlamentarios del PC es que los países que suscriben el acuerdo se obligan a garantizar la debida protección de los derechos humanos para las y los dirigentes sociales que promueven y defienden los derechos humanos en materia ambiental.

De acuerdo a esto, para el diputado Amaro Labra, la decisión del gobierno deja en desprotección a las comunidades y activistas, especialmente de las zonas más carenciadas: «El gobierno al no firmar Escazú deja sin protección a las comunidades y a los activistas. Cualquiera que recorra este país sabe que los derechos ambientales no están protegidos y que los derechos humanos son muy frágiles de romper», indicó el parlamentario.

En la misma línea, la diputada Marisela Santibáñez dijo que con esta decisión de La Moneda, «queda de manifiesto la prioridad que el Presidente Piñera le da al sector privado por sobre la protección ambiental. Con los años la política de Chile ha buscado profundizar los derechos en materia ambiental por medio de tratados internacionales, pero esta negativa de suscribir el Acuerdo de Escazú daña el proceso internacional del Estado para posicionarse como referente en el mundo. Se convierte en un retroceso que no mira hacia un futuro sustentable», dijo la parlamentaria.

Recordemos que el 27 de septiembre de 2018, la bancada comunista presentó un proyecto de acuerdo sobre la materia, en el que se solicitaba al Presidente revertir la decisión del Gobierno de postergar la firma de este acuerdo y además, suscribirlo con el objeto de comprometer al Estado de Chile a garantizar la participación, acceso a la información y la justicia ambiental. Dicho proyecto de acuerdo fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados.