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«Nuevo instructivo de austeridad y eficiencia de los recursos públicos» se denomina el oficio de 16 páginas, emitido el pasado 11 de febrero, y en el que destaca una nueva área de «Gestión inmobiliaria centralizada», que pide ahorrar en el arriendo de oficinas e insta a cada servicio a coordinarse para utilizar distintos espacios.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera impuso restricciones presupuestarias a 17 áreas del Gobierno, que incluyen a un total de 288 reparticiones públicas, según consigna un reporte publicado en el diario La Tercera.

“Nuevo instructivo de austeridad y eficiencia de los recursos públicos” se denomina el oficio de 16 páginas, emitido el pasado 11 de febrero e incluye las firmas del Mandatario y del ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Como sugiere su título, ya hubo una versión anterior de este instructivo con medidas para “evitar el mal uso de los recursos públicos”, y fue enviado el 4 de abril del año pasado, añade el matutino.

“Dada la permanente preocupación por evitar el mal uso en la ejecución del gasto público, he considerado impartir las siguientes instrucciones”, dice el oficio, en el que destaca una nueva área de “Gestión inmobiliaria centralizada”, que pide ahorrar en el arriendo de oficinas e insta a cada servicio a coordinarse para utilizar distintos espacios.

Por otro lado, está el ítem “Respecto de compras conjuntas”, que motiva a los organismos a realizar compras conjuntas de bienes y servicios cuando sea posible, y asimismo, a realizar capacitaciones en este tipo de compras.

También, y a excepción de la Cancillería, todos los ministerios y servicios públicos deberán entregar su programa anual de viajes internacionales de sus autoridades que requieran gastos fiscales cada mes de enero.

Asimismo, se determinó que solo ministros, subsecretarios y jefes de servicio, al igual que personas consideradas “imprescindibles”, pueden asistir a congresos o seminarios fuera del país, y los pasajes de estas últimas se deben comprar con al menos 30 días de anticipación.

El documento finalmente rescata y precisa medidas de austeridad de su versión anterior, por ejemplo, respecto al “uso y circulación de vehículos fiscales”, donde prohíbe su uso para fines particulares, mientras que antes solo instruía que fuesen usados por los funcionarios a quienes se les asignaron.

Los organismos del Estado tampoco podrán adquirir nuevos automóviles o arriendos con opción de compra cuyo valor supere las 600 UTM (28.983.000 pesos) para los ministros, mientras que el tope para los subsecretarios quedó en 450 UTM (21.737.000 pesos), concluye el reporte.