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Como una «situación tremendamente grave» califica el periodista Mauricio Weibel lo revelado en la jornada de ayer. Esto, porque se hicieron públicos los antecedentes que indican que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) engañó a la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener una autorización judicial. Todo esto les permitió intervenir las comunicaciones del profesional, investigador del caso del millonario desfalco conocido como ‘milicogate’.

La publicación de Ciper sacudió a la opinión pública y fueron muchos los parlamentarios que criticaron lo ocurrido. Es más, el diputado Gabriel Silber (DC) anunció que solicitará que se convoque de urgencia a la Comisión de Control de Sistema de Inteligencia. Weibel, por su parte, en conversación con El Desconcierto, sostiene que «la libertad de expresión está resquebrajada».

Lo ocurrido, según reveló el citado medio, fue que en septiembre de 2017, el entonces director de la DINE, el general Schafik Nazal Lázaro, solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Juan Poblete Méndez, la autorización para interceptar las comunicaciones emitidas y recibidas de una línea telefónica de la empresa Movistar. La excusa fue una supuesta agente extranjera que estaba recopilando información del Ejército.

Sin embargo, el documento presentado ante la Corte contenía el número de teléfono del periodista. La justicia dio el visto bueno y la institución militar ofició a la compañía para intervenir las llamadas, conseguir la ubicación georreferenciada y acceder a sus mensajes.

«El Ejército no solo le mintió al Poder Judicial, sino que también le mintió al Congreso y, lo que es aún más grave, es que luego el gobierno validó esto«, afirma el profesional. Esto, porque cuando los espionajes se hicieron públicos, en 2019, el entonces director de la DINE, Guillermo Paiva, sostuvo que las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia.

Pero no solo él salió a respaldar las intercepciones. El ministro de Defensa de la época, Alberto Espina, aseguró a la opinión pública y a la Cámara de Diputadas y Diputados que el espionaje se había realizado dentro del margen de la ley.

«El ministro Espina dijo que había revisado todo esto y lo validó. Es una situación tremendamente grave«, acusa Weibel. «No estamos hablando de hechos interpretables, que pueden ser de una u otra forma, aquí hay un delito», agrega.

«Alberto Espina dijo públicamente en conferencia de prensa y luego ante el Congreso, delante de todo el mundo en reiteradas ocasiones, de que esto era completamente legal. Que había revisado los antecedentes y que esto era completamente legal«, cuenta.

«O no revisó los antecedentes, o encubrió un delito. No hay muchas opciones«, sentencia.

Actualmente, Espina es consejero del Consejo de Defensa del Estado, nombrado en noviembre del año pasado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, algo que Weibel también cuestiona: Creo que él no está en condiciones de seguir en el Consejo de Defensa del Estado. Cómo alguien que en esta condición puede ser acusado por encubrimiento o por falsificación de instrumento público, va a estar en el CDE.

De la misma forma, cree que el gobierno también tiene algo que decir al respecto. «Cada día en que se mantengan en sus cargos estos generales la responsabilidad política del gobierno se acrecienta«, asegura. «En cualquier país democrático, en cualquier país OCDE, esos militares desde el Comandante en Jefe hacia abajo estarían hoy totalmente fuera de la institución y sabiendo de que van a ser procesados y cualquier ministro que haya avalado esto estaría afuera», agrega.

«Libertad resquebrajada»

«El espionaje no solo era en contra mía sino que se dirigía a la ministra que investiga las causas de corrupción. Es de la máxima gravedad que esto ocurra en cualquier país democrático», enfatiza el periodista. En su opinión, esto adquiere más relevancia porque «el escenario político es que estamos ad portas de la elección más importante de nuestra historia, que es la elección de constituyentes«.

«Es tremendamente grave que esa elección se esté dando en un contexto de ataque a la prensa. Insisto, va mucho más allá de mí, esto tiene que ver con que no se puede construir una sociedad democrática, una sociedad de derechos plenos y respeto a los derechos humanos si es que no tenemos protegida la libertad de expresión«, sostiene.

Además, agrega que «los convenios internacionales obligan al Estado chileno a dar garantías reforzadas a los periodistas, eso aquí no está ocurriendo sino todo lo contrario».

«Que tomen medidas y que defiendan su dignidad»

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ofició al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para que entregue todos los antecedentes respecto al caso. Además, solicitó que se detallen las medidas para hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas o penales que pudieran tener lugar en estos hechos.

Weibel ve en este tipo de este tipo de oficios una oportunidad para «que los poderes que fueron engañados, el Legislativo y el Judicial, tomen medidas y que defiendan su integridad y su dignidad«.

Con respecto a la querella que fue declarada admisible en febrero pasado, el periodista asegura que «vamos a encontrar a los que hicieron estos, ya tenemos a muchos identificados, los vamos a llevar a la justicia y vamos a hacer que los condenen. Y si la justicia nacional no opera vamos a ir a todas las instancias internacionales».

Finalmente, agrega que este  es «un tema país, porque aquí lo que importa es que tiene que ser reformulada la Ley de Inteligencia y que tiene que ser protegida la acción de la prensa. Eso es lo que tiene que salir de todo este esfuerzo jurídico y social«.