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Un verdadero remezón en el mundo político y privado resultó ser la querella criminal por el delito de estafa, interpuesta por la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, en contra del ingeniero Francisco Enrique Sánchez Barrera, ex subgerente de la empresa y recientemente exintendente de Atacama, donde se suman Rodrigo Andrés Albornoz Encalada, Ingeniero en Administración y Contador General y contra todos quienes resulten responsables, como autores, cómplices y encubridores de este delito

El documento legal, presentado por los abogados Valentina Horvath Gutiérrez, Mauricio Daza Carrasco, Pedro Orthusteguy Hinrichsen, y Carlos Hidalgo Guerrero, indica que la empresa SCM Atacama Kozan, ubicada en el sector Punta del Cobre, comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, es chileno-japonesa, dedicada a la producción y comercialización de concentrado de cobre de alta pureza.

El querellado, Francisco Sánchez “se desempeñó como Sub Gerente General entre los años 2010 al 2018, mientras que el otro querellado Rodrigo Albornoz, se desempeñó como Jefe de Administración y Contratos, luego como Gerente de Administración y Finanzas entre los años 2011 al 2018, asumiendo finalmente como Sub Gerente General desde el 01 de octubre de 2018 hasta fecha reciente”.

Según siguen exponiendo los abogados, en el rubro de la minería se requiere contratar proveedores o contratistas externos que proveen toda clase de servicios e insumos, desde combustible para los vehículos hasta alimentación para los trabajadores. “Es del caso que ambos querellados, por sus funciones y antigüedad en la empresa, eran quienes se relacionaban de manera directa con estos proveedores y negociaban los contratos en representación de SCM Atacama Kozan.”

En el escrito se explica cómo fue que se habría operado para poder obtener, de manera fraudulenta, dinero por parte de contratistas: “Durante el mes de febrero de 2019, representantes de los dueños de la empresa recibieron antecedentes de que los querellados, abusando de sus cargos y la confianza depositada en ellos, exigieron a diversos contratistas, sin autorización ni conocimiento de nuestra representada, que aumentaran artificialmente el precio de los contratos de servicios, obras y bienes prestados a SCM Atacama Kozan. Lo anterior, a fin de destinar el mayor valor de dichos contratos a cubrir beneficios tanto para los querellados como para terceras personas, a su requerimiento. De esta forma nuestra representada terminaba pagando los beneficios ilícitos que procuraban para sí o terceros los imputados Sánchez y Albornoz, por la vía de que se cobraba a SCM Atacama Kozan, mediante engaño, el sobreprecio con cargo al cual se concretaba el fraude bajo la apariencia de que estaban pagando servicios, obras y bienes que forman parte del giro de la referida empresa. A través de este engaño se causó un perjuicio que aún se está cuantificando pero que alcanza un monto equivalente a varios millones de dólares americanos”.

Los abogados señalan que se inició una investigación interna, que se encuentra aún en desarrollo, pero que a la fecha ha confirmado la existencia de esta maquinación fraudulenta de los querellados para causar perjuicios a SCM Atacama Kozan, solicitando a sus proveedores aumentar simuladamente el valor de los bienes y servicios que entregaban a su empresa, para recibir de éstas dineros, bienes o servicios en su beneficio personal o de terceros. Estos hechos ocurrieron a lo menos desde el año 2014 hasta el 2018.

Según se detalla en la querella criminal, algunos de los bienes y/o servicios que recibió uno de los querellados, por parte de contratistas, mediante el aumento engañoso de los dineros que debían cobrar a la víctima, consistieron en el pago de jardinero particular, una piscina ubicada en su domicilio, compras en un conocido supermercado y en una tienda de materiales de construcción, lavandería de ropa, pagos de cuentas de servicios básicos como agua, electricidad y servicio de TV satelital, construcciones de onerosas obras en su domicilio, mantención de un vehículo marca Mercedes Benz, entre otros cuantiosos gastos y desvíos de dinero, todo pagado por SCM Atacama Kozan ante la presentación de estados de pagos y facturas aumentadas artificialmente por los proveedores, a requerimiento de los querellados.

Defraudación, simulación, perjuicio, abuso de la posición de poder, son algunos de los términos en que se sustentaría la querella, además de la confianza depositada en ellos, para maquinar un engaño de la empresa. “Lo anterior en términos de simular una apariencia de seriedad, ya que se trataba de proveedores y contratistas habituales en el rubro minero, haciendo creer que el valor de sus servicios o bienes eran muy superior al real, generando con ello un estado de error que la llevó a disponer importantes sumas de dinero, en beneficio ilícito de los querellados, incrementando el patrimonio personal de los mismos, a costa del patrimonio de la empresa”, señala  la presentación.

En otro capítulo de la querella presentada, se indica que “a los referidos contratistas se les garantizaba la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de SCM Atacama Kozan por parte de los querellados bajo la condición fraudulenta de que accedieran a abultar artificialmente el monto de sus contratos, y acceder a destinar el sobreprecio a los gastos que Sánchez y Albornoz”. De lo anterior se deberá investigar las respectivas responsabilidades que le corresponden a cada uno de los querellados.

Los abogados querellantes mencionan que el daño patrimonial a la empresa “podría bordear los 5 millones de dólares”.

Todos estos antecedentes se presentaron ante el Juzgado de Garantía, querella que fue acogida a tramitación y los antecedentes se derivaron al Ministerio Público.

En tanto, con la presentación de una querella de tales características, se puede abrir una investigación, en el Ministerio Público, o bien la querella se puede sumar a una investigación ya abierta.

La parte querellante puede pedir diligencias, cuyos resultados se podrían agregan a la carpeta investigativa. Luego de esa investigación, que dirige la Fiscalía, se decide que hacer penalmente con la causa: formalizar, aplicar salida alternativa, archivar, u otras variantes.

Fuente Nostalgica.