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De acuerdo al artículo, el entonces director de Inteligencia, general Schafik Nazal, envió al juez Poblete una petición de autorización para realizar escuchas telefónicas a una supuesta agente extranjera que buscaba «antecedentes estratégicos» sobre la institución armada, en una operación denominada «W».

El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era Weibel, autor en 2016 del libro «Tradición a la Patria», en el que se denunciaba malversaciones de fondos en el Ejército con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre.

En agosto de 2019, la operación W fue respaldada ante la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputadas y Diputados por el entonces director de Inteligencia del Ejército, el general Guillermo Paiva, y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien dijo que se ajustaba a la legalidad.

En el momento de las escuchas a Weibel, el comandante en jefe del Ejército era Humberto Oviedo (2014-2018), procesado por malversación de fondos públicos provenientes de gastos reservados.

EXIGEN SALIDA DE ESPINA DEL CDE

Tras conocerse la publicación de Ciper, el diputado Jorge Brito, militante de Revolución Democrática -parte del Frente Amplio- e integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara Baja, pidió la salida del ex ministro Espina del CDE.

«Sabemos que la autorización fue dada con engaño por parte del Ejército y, en consecuencia, el ministro Espina, que tantas veces fue al Congreso Nacional a decir que las operaciones W y Topógrafo (esta última, las escuchas a cuatro militares que denunciaron presuntas irregularidades en el seno de la institución armada), se ajustaban a derecho, tiene que dar las explicaciones», dijo el legislador opositor.

A la fecha, más de 1.000 uniformados han pasado por tribunales debido al llamado «Milicogate», uno de los casos de corrupción más graves descubiertos en los últimos años sumados al «Pacogate», la malversación por parte de Carabineros de casi 30.000 millones de pesos.