El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó un impacto significativo en el debate internacional al declarar que el derecho internacional no es una limitación real para su ejercicio del poder, y que el único freno efectivo a sus decisiones como jefe de Estado sería su propia moralidad. La afirmación fue realizada en una entrevista con The New York Times, en la que el mandatario abordó aspectos de su política exterior y su visión del rol de Estados Unidos en el mundo.
Trump dijo expresamente que “mi propia moralidad, mi propia mente… eso es lo único que puede detenerme” cuando se le preguntó sobre los límites a su autoridad para actuar en el extranjero. Añadió que “no necesito el derecho internacional” para guiar las decisiones de su gobierno, aunque matizó que cree que su administración, en términos generales, debe cumplir normas globales, sujeto a lo que él mismo entiende por ese marco jurídico.
Estas declaraciones se produjeron en un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes y acciones militares controvertidas de Washington, como la reciente operación militar en Venezuela que concluyó con la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa para ser juzgados en tribunales estadounidenses. La operación ha sido calificada por críticos como violatoria del principio de soberanía de los Estados y, según algunos juristas internacionales, podría contravenir normas fundamentales del derecho internacional humanitario y los tratados que regulan el uso de la fuerza entre países.
El derecho internacional está compuesto por normas derivadas de tratados, costumbres y principios generalmente aceptados, así como decisiones de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). Estados Unidos, sin embargo, no es parte de la CPI y en diversas ocasiones ha rechazado la jurisdicción de tribunales internacionales, lo que ha generado choques con aliados y adversarios por igual.
La postura expresada por Trump ha provocado preocupación entre líderes europeos y expertos en relaciones internacionales, quienes consideran que subordinar el derecho internacional a la interpretación unilateral de un jefe de Estado pone en riesgo los mecanismos diseñados para prevenir conflictos, proteger derechos fundamentales y asegurar la convivencia pacífica entre naciones. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de normas internacionales ha servido como marco para contener la arbitrariedad de los Estados y ofrecer fórmulas de solución pacífica de controversias, basadas en tratados multilaterales como la Carta de las Naciones Unidas.
Analistas legales advierten que afirmar que “no se necesita” el derecho internacional puede tener efectos duraderos en la percepción global de la ley como norma vinculante. Aunque un presidente de Estados Unidos posee amplias facultades como comandante en jefe según la Constitución de ese país, no está exento de las obligaciones que surgen de pactos y convenios internacionales, ni las acciones de su gobierno quedan fuera del escrutinio de la comunidad internacional. La jurisprudencia y la práctica estatal contemporánea sostienen que la soberanía y la seguridad de los pueblos se protegen mejor cuando los Estados respetan las normas acordadas colectivamente.
Estas declaraciones se inscriben en una tendencia más amplia de cuestionamiento de los marcos multilaterales y organismos internacionales en favor de políticas más unilaterales o basadas en intereses nacionales exclusivos. Las implicancias prácticas de esta visión de poder aún están por verse, pero ya han comenzado a provocar reacciones diplomáticas y debates en foros internacionales sobre la pertinencia y el futuro del orden jurídico global.
