El recién nombrado embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, generó una nueva controversia al criticar públicamente la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como “Ley Uber”, calificándola de “sobrerregulación” que a su juicio perjudica tanto a las empresas como a los consumidores. La declaración del diplomático se produjo tras reunirse con representantes de la plataforma de transporte Uber, con quienes expresó su interés en seguir colaborando para que Chile “siga avanzando” en materia tecnológica este año. Estas expresiones, difundidas a través de sus redes sociales, encendieron críticas desde distintos sectores políticos locales.
La diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, respondió de forma enérgica al embajador, instándolo a respetar la dignidad de su cargo y recordándole que no tiene legitimidad para opinar sobre asuntos internos de Chile. A través de su cuenta en la plataforma X, Hertz afirmó que el representante extranjero no debe intervenir en el debate interno sobre legislación nacional, subrayando que la soberanía del país exige que las decisiones legislativas sobre regulación del transporte digital corresponden exclusivamente a las autoridades chilenas elegidas democráticamente.
La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, aprobada en abril de 2023, busca ordenar y mejorar la seguridad del transporte mediante aplicaciones digitales, exigiendo requisitos como registro electrónico de empresas, conductores y vehículos, seguros vigentes, y la obligación de informar a los usuarios sobre detalles de los viajes. Además, prohíbe la recogida de pasajeros en la vía pública sin reserva previa y permite que los taxis se asocien con una o más plataformas de este tipo. Aunque su implementación ha enfrentado retrasos técnicos, su propósito es fortalecer la regulación y la seguridad en un sector de rápida expansión.
Este episodio se suma a una serie de tensiones diplomáticas entre el embajador Judd y diversos actores políticos chilenos desde su llegada al país. En semanas recientes ya había entrado al debate público tras responder a críticas del Presidente Gabriel Boric hacia la administración estadounidense, en un cruce que incluyó mensajes sobre la defensa del hemisferio occidental y la soberanía nacional. En esa ocasión, Judd defendió la responsabilidad compartida de los países de la región en materia de seguridad, lo que también fue interpretado por algunos sectores como una intervención en asuntos domésticos.
Las reacciones a sus comentarios sobre la Ley Uber no se limitaron al ámbito político formal. En redes sociales, usuarios chilenos expresaron indignación por la intromisión del diplomático en un debate que concierne directamente a las políticas internas del país, con mensajes que reflejan un rechazo generalizado a que un representante extranjero emita juicios sobre decisiones legislativas soberanas.
Analistas señalan que estas declaraciones podrían tensar aún más las relaciones bilaterales en un contexto ya marcado por diferencias en temas de política exterior y soberanía, especialmente en lo relativo a cómo los Estados Unidos aborda asuntos regionales desde su representación diplomática. La controversia pone de relieve los límites y delicadezas de la diplomacia en un clima político polarizado, donde las declaraciones de un embajador pueden tener repercusiones más allá de lo estrictamente bilateral.
