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Entre al menos febrero y agosto de 2020, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de propiedad de la empresa AES Andes S.A., invirtió $3 millones mensuales en servicios de “ciberinteligencia”.

En ese periodo, semana a semana, un tercero elaboró informes sobre amenazas comunicacionales y operativas para el proyecto a partir de barridos de información disponible en línea, así como también de datos obtenidos de la Deep y Dark web; lugares de internet que no se encuentran indexados y a los que -por tanto- no se puede llegar a partir de búsquedas en la web, sino que requiere de programas específicos para su acceso.

INTERFERENCIA tuvo acceso a once informes confeccionados en este periodo, constatando que además de recibir reportes sobre lo que pasa en línea, Alto Maipo obtuvo por este servicio direcciones particulares, números telefónicos, el RUT y distinta información de contexto –como ocupación, pareja y antecedentes políticos– de ambientalistas y opositores al proyecto.

También se entregaron nombres de trabajadores de la propia hidroeléctrica que participaban de grupos en redes sociales opositores al proyecto. Miembros de la Coordinadora No Alto Maipo, de Red Metropolitana No Alto Maipo, de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) e incluso de quien era concejala de San José de Maipo en aquel momento, Maite Birke (Independiente), fueron pesquisados a través de este servicio contratado por la hidroeléctrica. También se asegura que se están infiltrando grupos de WhatsApp de organizaciones opositoras y foros anónimos creados en la Deep web.

En cuanto al trabajo de delación de miembros de la propia compañía, “Potenciales Terroristas Internos”, o “PTI”, fue como se catalogó en los informes a trabajadores insatisfechos de Alto Maipo. Dentro de los documentos a los que este medio tuvo acceso, cuatro trabajadores fueron expuestos ante la empresa por ser parte del grupo en redes sociales de la Coordinadora No Alto Maipo.

INTERFERENCIA tomó contacto con el equipo de comunicaciones de AES Andes –empresa antes llamada AES Gener–, controladora del proyecto Alto Maipo, para saber si continúa destinando recursos para servicios de “ciberinteligencia”, si despidió a alguno de los trabajadores mencionados en los informes y si se realizaron acciones concretas de seguimiento de estos, fuera de lo mencionado en los informes. La compañía indicó que no se referirá al respecto.

El contexto en que se hicieron los informes

El proyecto hidroeléctrico, que contempla la instalación de dos centrales que producirán 531 MW de potencia con el agua que abastece a buena parte de Santiago, realizó la inversión en estos servicios de vigilancia en momentos complejos.

Los informes comenzaron a entregarse luego de tres meses de iniciarse el estallido social, en el verano de 2020, donde una de las consignas que comenzó a tomar fuerza fue recuperar y garantizar el acceso al agua. La situación financiera del proyecto, además, complicaba –y complica– a sus controladores.

Inicialmente, el proyecto contemplaba un presupuesto de US$ 600 millones, cifra que ya alcanza los US$ 3.500 millones y que mantiene a la hidroeléctrica de AES Andes acumulando a junio de este año una deuda de más de US$ 1.400 millones con “grandes bancos locales e internacionales», según informó La Tercera.

Sin embargo, desde Alto Maipo indican que las centrales se encuentran avanzadas en un 99% de su construcción. Bajo este contexto de sobreinversión, deudas y necesidad de echar a andar las centrales, es que Alto Maipo financió los informes y, según estos mismos, infiltró grupos de organizaciones contrarias a la hidroeléctrica.

¿Ciberinteligencia o espionaje? 

Buena parte de los informes comienzan con una serie de solicitudes de información a la empresa. Esto con el objetivo de “poder realizar búsquedas complementarias de hechos relacionados con Alto Maipo”.

Por ejemplo, en el informe del 26 de marzo de 2020, se solicita la demanda interpuesta en contra del proyecto y Aguas Andinas por la celebración de un contrato entre ambas entidades donde se entrega el uso del agua de 7 millones de usuarios en la Región Metropolitana para su uso en la producción de energía en las centrales.

También, en otro informe fechado el 2 de abril, se solicita el RUT de Christopher Dinamarca Quezada, trabajador subcontratado para el proyecto, fallecido el 11 de febrero a raíz de un accidente en la faena.

Pero hubo un requerimiento que llamó la atención por sobre los otros, no sólo por lo que se solicitó a la empresa, sino también por las acciones que estaba realizando el proveedor de «ciberinteligencia» de Alto Maipo y que quedan en evidencia en aquella solicitud. “Se requiere documentación oficial del proyecto Alto Maipo que esté completamente obsoleta o desactualizada. Esta información será usada como ‘prueba de confianza’ en los grupos que están siendo infiltrados”, se indica.

La información fue pedida por el proveedor a partir del informe con fecha 16 de abril de 2020, requerimiento que persistió en los informes del 23 de abril, del 30 de abril y del 4 de junio. A partir de la semana del 18 de junio no se volvió a solicitar documentación obsoleta, desconociéndose si esta fue o no entregada por Alto Maipo.

Dos semanas antes del primer requerimiento de “documentación obsoleta”, desde un número desconocido contactaron a Anthony Prior y María Jesús Martínez, voceros de la red No Alto Maipo. En conversación con Martínez vía WhatsApp, un supuesto “hacker” que se hacía llamar Phillips se ofreció para “tratar de ayudar en todo lo que pueda respecto a Alto Maipo”.

El autor de los informes de “ciberinteligencia” a los que accedió esta redacción firma bajo el pseudónimo de Phillips Smith.

Así como existe un ítem de requerimientos, también se incluye un apartado para hallazgos. En el caso del informe de la semana del 13 de abril y bajo el subtítulo “Situación actual” figura información privada de cinco reconocidos opositores al proyecto.

Datos personales de Marcela Mella, vocera de la Coordinadora No Alto Maipo; Anthony Prior y María Jesús Martínez, voceros de la Red Metropolitana No Alto Maipo; y Maite Birke (independiente), entonces concejala de San José de Maipo, son expuestos a AES Gener en el documento. El RUT, domicilio –en el caso de Mella, se entregan dos direcciones, mientras que en el de Birke se entregan 3– número celular, ocupación y correo electrónico de los ambientalistas fueron proporcionados a AES Andes y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Más adelante, en el informe se entregaron los datos personales de Francisca Fernández, miembro de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

Luego se aseguró que todas estas organizaciones, además de un chat anónimo que opera en la Deep web, se encuentran “infiltrados y en un constante seguimiento”.

El informe culmina con una lista de artículos de prensa donde se habla del proyecto, señalándose artículos disponibles en medios como Radio Bío BíoEl Mostrador y la Radio Comunitaria JGM de la Universidad de Chile.

Hablan los espiados

Respecto a la divulgación de datos personales, desde la Red Metropolitana No Alto Maipo indicaron «manifestamos enérgicamente nuestra preocupación frente a la amenaza que representa Alto Maipo para dos de nuestros integrantes (María Jesús Martínez y Anthony Prior) entre otros, a raíz de  la información entregada por INTERFERENCIA».

En opinión de la organización, «los antecedentes expuestos dan cuenta de una situacion de caracter extremadamente grave donde una vez más transnacionales violentan a dirigentes sociales en nuestro país», por lo que «esperaríamos un rol activo del Estado en resguardo de los y las defensores ambientales para la protección de sus Derechos Humanos».

Además, aseguraron que «evaluaremos todas las medidas necesarias para protejer a nuestros compañeros ante la vulneración de sus derechos, ademas de analizar todas las acciones judiciales pertinentes contra quienes resulten responsables».

En tanto, Marcela Mella de la Coordinadora No Alto Maipo indicó que la situación «es bastante grave» ya que «aun teniendo un marco legal que favorece estos proyectos y una red de protección política enorme a su favor, gasten recursos en esto, es bastante delicado». En esa línea, expresó creer que «ninguna de las comunidades que se moviliza en torno a una causa social debería tener estos problemas de seguridad».

La exconcejala de San José de Maipo, Maite Birke, por otro lado, comentó que «las infiltraciones y espionajes en las organizaciones sociales opositoras hablan muy mal de los proyectos, como es el caso de Alto Maipo, el que está secando el Cajón del Maipo y que afectará el abastecimiento de agua potable de la Región Metropolitana».

En opinión de Birke, «nunca es justificable una labor de inteligencia hecha por una empresa en contra de sus propios trabajadores y en contra de dirigentes sociales y líderes que se oponen a sus prácticas o sistemas de trabajo».

Cómo indica Birke, la información de ambientalistas, opositores y lo informado en prensa no son los únicos elementos de interés reportados en los informes de “ciberinteligencia” de Alto Maipo. Sus propios trabajadores y su actividad en redes sociales también fueron estudiados.

Trabajadores calificados como “Potenciales Terroristas Internos”

En el reporte de la semana del 4 de junio se advierte sobre los peligros que representa para el proyecto el contar con “colaboradores insatisfechos”, a quienes denominan “potenciales terroristas internos (PTI)”.

En el documento se asegura que “la falta de compromiso con la empresa, combinada con la ausencia de satisfacción en el trabajo” puede llevar a trabajadores a “corromper el funcionamiento interno de la empresa, en especial cuando existe una presión social producto del estallido social del 18 de octubre y de una pandemia sanitaria”.

El texto asegura que “disponer de este tipo de empleados dentro de la organización está lejos de ser ideal”, por lo que se asegura que este tipo de casos podrían “ser una arista que pudiese ser investigada con cierta discreción”. Se solicita “apoyo de la línea directiva” para “identificarlos y realizar seguimiento de las RR. SS. [redes sociales]”.

Más adelante, en el reporte de la semana del 18 de junio, se reitera la solicitud de apoyo para una “investigación discreta”. En el informe del 3 de julio, nuevamente se solicita apoyo: “cada vez son mayores las pruebas que indican que hay fuga de información desde el interior del PHAM [Proyecto Hisdroeléctrico Alto Maipo] hacia las comunidades sociales”, se indica, por lo que “es recomendable establecer algún tipo de estrategia para identificar a los involucrados y, en lo posible, hacerles seguimiento por medio de la tecnología disponible”. Aquella tarea sería realizada, se asegura, “respetando la privacidad de la persona”.

Ya para el reporte del 16 de julio las solicitudes de apoyo gerencial cesaron, dando paso a acusaciones.

Sólo por pertenecer al grupo de Instagram, “Coordinadora No Alto Maipo”, los trabajadores de iniciales J.S., M.V. y C.S. son apuntados como posibles elementos negativos para el proyecto. Más adelante, en el último informe al que tuvo acceso esta redacción, fechado el 24 de julio, se señala a un cuarto trabajador como miembro de aquel grupo opositor al proyecto, de iniciales L.M.

INTERFERENCIA consultó a AES Andes si visó realizar seguimiento a sus trabajadores y sí, luego de obtener los reportes de “ciberinteligencia” mencionados, se tomó alguna acción respecto a los trabajadores J.S., M.V., C.S. y L.M. Como ocurrió con otras consultas planteadas por este medio, AES Andes no entregó respuesta por razones que se exponen a continuación.

La –no– respuesta de Alto Maipo

El pasado 2 de septiembre, INTERFERENCIA contactó a AES Andes para consultar sobre los informes y, también, por supuestos correos de la empresa entregados a esta redacción por una fuente conocedora de la contratación del servicio. En el correo se copiaron extractos tanto de los informes como de los correos filtrados.

La empresa controladora de Alto Maipo indicó que no contestaría ninguna de las consultas, argumentando que el correo citado sería falso. Aquel desmentido se basó en que dentro de los receptores del mail se encontraba Jorge Lagos, actual vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa, quien a la fecha en que fue enviado el correo, según AES Andes, no formaba parte de la compañía.

Efectivamente, según publicaciones en prensa y también la propia cuenta de Jorge Lagos en LinkedIn, éste habría ingresado a la compañía en mayo de 2020 bajo su actual cargo, en circunstancias que el correo citado por este medio estaba fechado en el 4 de junio del mismo año, un mes antes.

Ante la negativa de la empresa de energía de referirse al tema, INTERFERENCIA volvió a contactar a la fuente que filtró el correo, quien indicó que, si bien Lagos no estaba en la empresa formalmente en junio, sí sería una práctica común que futuros altos cargos pasen por un período “de prueba”, actuando como asesores de la compañía. Este sería el por qué, según esta fuente, Lagos estaba copiado en el correo por el que se consultó a la controladora de Alto Maipo.

Sin embargo y a causa de que AES Andes desconoció la existencia de dicho correo, su contenido no será publicado.

Lo que sí fue corroborado luego de la negativa de la empresa a responder consultas, fue la prestación del servicio de “ciberinteligencia”, así como también la existencia de los informes.

Este medio tuvo acceso a facturas pagadas por AES Andes a una empresa prestadora de estos servicios, la cual -bajo compromiso de mantener su anonimato- confesó haber realizado “ciberinteligencia” para Alto Maipo y haber confeccionado los informes. Las facturas a las que accedió esta redacción se encuentran autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos mediante su plataforma de consultas.

A cambio del servicio, Alto Maipo desembolsó poco más de $3 millones de pesos mensuales, siendo representada en las facturas por Roberto Salazar, gerente de Control Financiero de la compañía de energía.