Santiago, 23 de julio de 2025 –
La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado la liquidación de una deuda tributaria por parte de la sucesión del dictador Augusto Pinochet Ugarte, correspondiente al periodo 1999‑2004, tras constatar declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas”. La resolución incluye sobre $1.550 millones adicionales que el Servicio de Impuestos Internos (SII) exigía por impuestos impagos.
La sentencia se basa en que la familia no logró justificar el origen de inversiones y rentas desplegadas en el Banco Riggs de Estados Unidos, y otras cuentas en el extranjero, bajo sociedades pantalla ubicadas en paraísos fiscales como Bahamas. Uintendeda Ashburton y Althorp habrían ejecutado transferencias y depósitos en nombre de Pinochet y su entorno, generando dividendos no declarados ni gravados.
Con el fallo, se obliga al pago de impuestos atrasados, más costas legales – unos $1.854.352 – elevando el total a casi $236 millones de pesos.
¿Qué se investigó y por qué?
La investigación judicial, con origen en una auditoría del Congreso de EE. UU. y filtraciones del Banco Riggs en 2004, determinó que Pinochet acumuló una fortuna estimada en USD 21,3 millones, de los cuales USD 17,8 millones carecían de justificación legal o documental. Además, se detectaron sociedades ficticias en paraísos fiscales, empleadas para ocultar el flujo de fondos.
Consecuencias judiciales
La Corte de Santiago respaldó al SII, aplicando la presunción de renta cuando el contribuyente no demuestra el origen de dinero invertido o gastado. La defensa apeló argumentando vulneración del debido proceso, pero el tribunal lo rechazó por encontrar el proceso adecuado y conforme a norma legal.
Aunque esta decisión no implica cárcel, sí tiene efectos patrimoniales: obliga a la sucesión a pagar las millonarias sumas declaradas y demuestra que las inversiones no contaron con soporte legal o tributario adecuado.
Un desfalco prolongado y con origen en el Estado
Según lo establecido por el tribunal y revelado por El Mercurio, los fondos con los que Pinochet amasó su fortuna no tenían origen privado, sino que provenían de gastos reservados del Estado, desviados desde instituciones como el Ejército y la Presidencia. Estos recursos, destinados a fines institucionales, habrían sido redirigidos sistemáticamente para beneficio personal del dictador y su círculo familiar más cercano.
Herencia manchada y conflictos internos
El dictamen llega en un contexto tenso para la familia Pinochet. Recientemente, Jacqueline Pinochet presentó una querella contra su hermano Marco Antonio por presunta apropiación indebida de bienes heredados, abriendo una disputa legal interna que reflota una verdad incómoda: la fortuna familiar se construyó sobre actos de corrupción, desfalcos y abuso de poder durante la dictadura cívico-militar.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, estimó que el monto defraudado al Fisco alcanza los 20 millones de dólares. Parte de ese dinero se ocultó en cuentas bancarias en el extranjero mediante sociedades ficticias en paraísos fiscales, una maniobra que hoy sigue generando consecuencias judiciales para sus descendientes.
No hay prescripción
Uno de los principales argumentos de la defensa de los herederos fue la supuesta prescripción de la acción civil, lo que implicaría que el tiempo para perseguir responsabilidades legales ya habría expirado. Sin embargo, el tribunal desestimó esta postura, afirmando que el plazo legal comenzó a correr en 2018, cuando la Corte Suprema delimitó los bienes no alcanzados por las causas penales. Por ello, la acción presentada en 2021 por el CDE se considera plenamente válida y dentro del marco legal.
Deuda en pesos y con intereses
La sentencia establece que la devolución debe realizarse en pesos chilenos y al tipo de cambio vigente al momento del cumplimiento, incluyendo los intereses legales correspondientes. Así, cada uno de los 16 herederos deberá responder proporcionalmente por el dinero mal habido, que fue incorporado a la herencia familiar sin contar con sustento jurídico o ético.
¿Y qué pasó con los bienes embargados?
En mayo de 2025, otro fallo judicial ordenó la restitución de más de USD 6 millones en bienes embargados a los herederos de Pinochet, tras declararse la prescripción de la acción penal debido al paso del tiempo. La Corte revocó embargos sobre 23 propiedades, vehículos y cuentas bancarias, argumentando falta de acción penal vigente. Esta decisión fue objetada por organizaciones de derechos humanos y la abogada querellante Carmen Hertz, quienes anunciaron recursos ante la Corte Suprema.
Balance del caso
| Aspecto clave | Estado actual |
|---|---|
| Deuda tributaria confirmada | ≈ $236 millones de pesos exigidos por el SII |
| Bienes restituidos a herederos | USD 6+ millones devueltos por prescripción legal |
| Investigación judicial | Basada en cuentas en Banco Riggs, sociedades en paraísos fiscales |
| Futuro jurídico | Recursos ante Corte Suprema por ambas decisiones en curso |
Qué significa para Chile
Esta serie de fallos marca un hito en la fiscalización patrimonial del legado judicial del régimen militar y sus implicaciones financieras. Por un lado, confirma la capacidad del SII para aplicar presunción de renta en casos donde no hay justificación documental del origen de los fondos. Por otro, genera debates sobre dilaciones judiciales y prescripción de delitos económicos, y si eso favorece la impunidad.
