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Batuco, Tranquillas y Cuncumén conforman el bloque que sostiene la toma del camino precordillerano cruce La Higuera, que tendría paralizadas las operaciones mientras no se cumpla el petitorio por parte de la minera controlada por el grupo Luksic. Las comunidades exigen que la empresa se haga cargo de la contaminación de los suelos de regadío del río Cuncumén, por altas concentraciones de cobre y sus sistemas productivos, además del polvo emanado desde sus faenas y que afecta tanto a la actividad silvoagropecuaria como la salud de las personas.

Diversas han sido las gestiones que se han realizado por parte de las autoridades regionales para destrabar el conflicto, que ya lleva 19 días, entre las comunidades del Valle del Choapa (Región de Coquimbo) y la Minera Los Pelambres (MLP), controlada por el grupo Luksic, debido a la zona de saturación que existe por años, y que a la fecha no han tenido mayores avances.

Tras intensas negociaciones, con la mediación del gabinete regional liderado por el delegado presidencial Rubén Quezada, ciertas localidades llegaron a acuerdo con la empresa, sin embargo, el pasado sábado MLP abandonó la mesa ante el petitorio de tres comunidades: Batuco, Tranquillas y Cuncumén.

Con el fin de contribuir y colaborar en el restablecimiento de las conversaciones, y ante la importancia de que la minera retorne al diálogo, la diputada Nathalie Castillo se reunió con la concejala Milena Báez, así como con el exconcejal y dirigente de la comuna de Salamanca, Luis Alegre, para coordinar las gestiones entre dirigencias, Gobierno y la empresa.

“Nos hemos puesto a disposición de la comunidad y de la delegación regional para actuar como mediadores de este conflicto, con las herramientas de gestión y atributos propios de nuestro quehacer como diputada de la zona. Esta coordinación es elemental para que MLP pueda retornar a la mesa que abandonaron el pasado sábado. Creemos que ha sido un avance el trabajar de forma conjunta para ir destrabando el conflicto y por otra parte dar tranquilidad al movimiento de que el compromiso es evitar a toda costa la intervención del uso de la fuerza por parte del Gobierno, algo que la comunidad valoró profundamente”, señaló la parlamentaria Castillo.

En este sentido, junto con avanzar en el trabajo mancomunado con el Ejecutivo para restablecer el diálogo, se acordó realizar acciones que frenen el uso de la fuerza, poniendo en el centro el legítimo derecho a la protesta social, además del acompañamiento técnico y jurídico para la contingencia y circunstancias futuras.

“Hemos recibido la buena noticia de que la Corporación 20 de Octubre de La Serena –especialista en materia de derechos humanos– ha puesto su trabajo a disposición con las comunidades movilizadas, lo que es tremendamente positivo para el mejor desempeño en esta lucha medioambiental que han levantado por décadas las localidades organizadas”, agregó la diputada.

En un comunicado oficial firmado por las comunidades de aguas de la zona, exigen que la empresa se haga “cargo de la contaminación de los suelos de regadío del Río Cuncumén, por altas concentraciones de cobre y sus sistemas productivos”, además de la contaminación a diario –agregan– por el polvo emanado desde la operación de MLP, que afecta “nuestra actividad productiva silvoagropecuaria y la salud de las personas”. Asimismo, extienden la solicitud a las autoridades competentes para evaluar los futuros proyectos de expansión de la minera: Proyecto INCO (aprobado en febrero del 2018 y avance de ejecución cercano al 80%); y el proyectos PAO y EVU, presentados en abril del 2021 y 2022, respectivamente, ambos en espera del proceso de evaluación ambiental.

Sobre el petitorio pendiente entre estas tres comunidades con la empresa minera, se encuentran los siguientes puntos: el cumplimiento de los acuerdos de MLP con las comunidades en un tiempo determinado; el establecimiento de un mecanismo de compensación bajo “criterios razonables”; determinar la forma de resolver las consecuencias de la actividad minera en la calidad del aire, agua y tierra para asegurar la reparación a las comunidades; la mesa que aborde estos temas debe estar integrada por ejecutivos con capacidad de decisión; y que MLP reconozca el daño causado como punto de partida para la resolución del conflicto.

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