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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acusación particular en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Ana Pinochet, en medio de la investigación por corrupción en su contra.

Mediante esta, el CDE busca que ambos reciban las condenas de 15 años y 10 años de cárcel, respectivamente, por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de activos, ilícitos por los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público.

Según señaló el consejo, “el imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la gestión de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, dineros que recibía en efectivo desde la Dirección de Finanzas del Ejército, los aplicó ilícitamente en usos personales o ajenos en lugar de los destinos públicos a los cuales estaban asignados y ejecutó, junto a su cónyuge, diversas maniobras de colocación, ensombrecimiento e integración en el mercado formal de los mismos”.

“Ellas fueron realizadas por el matrimonio Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significación, esto es, con el propósito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud”, añadió en la acusación, elaborada por la consejera María Inés Horvitz y su equipo.

Así también, el organismo pide el comiso de todos los bienes adquiridos durante el periodo que comprende la investigación en contra del matrimonio, y que luego estos bienes sean rematados para así devolver, en parte, el dinero defraudado al Fisco.

«Colocación, ensombrecimiento e integración»

A lo anterior, se agrega la imposición de una multa de 1.000 UTM (aproximadamente $ 52 millones) en contra de cada uno de los imputados, como pena accesoria. Según recoge La Tercera, esta acción de parte del Consejo de Defensa del Estado se asemeja a la estrategia desarrollada para el caso Riggs, en contra del dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart.

De acuerdo con el documento presentado, se habría logrado probar, después de la investigación del fiscal José Morales, todas las “maniobras” clásicas de ocultamiento de dinero de origen ilegal. “Todas las maniobras descritas a nivel internacional para ‘limpiar’ el dinero ilícitamente obtenido se verifican en este caso”, asegura.

“En efecto, conforme a la clasificación más reconocida de las etapas del blanqueo de dineros obtenidos ilícitamente, a saber, la elaborada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Las fases principales se denominan comúnmente de colocación (placement), ensombrecimiento (layering) e integración (integration) y pueden realizarse separada o simultáneamente”, detalla.

Así, “entre los mecanismos empleados para lograr la naturalización del dinero sucio están las transacciones con inmuebles con la intermediación de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo. O a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el último vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (método de reversión de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de vehículos”.

Para el CDE, se da crédito que “Fuente-Alba y Anita Pinochet con pleno conocimiento que los dineros señalados anteriormente, provenían de la comisión del delito de malversación de caudales públicos cometido entre los años 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los años 2010 al 2016, con el objetivo de ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias ilícitas en el sistema económico formal, tanto aquellas que provenían directa, como indirectamente del delito base”.

“Asimismo, poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describirán, provenientes directa e indirectamente del delito base, con ánimo de lucro”, y “mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los años 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de crédito de bancos nacionales con cupo en pesos y dólares”.

Estas “fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen ilícito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permitió colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas”, concluye.