Foto: Fiscalia de Atacama
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LO QUE OCURRIÓ

La Fiscalía de Atacama inició la investigación del fallecimiento de un trabajador al interior del Hotel y Casino Antay de Copiapó, ocurrido la madrugada de un 8 de Junio del 2018.

“Hasta el momento podemos confirmar que se trata de un hombre adulto que cumplía labores de jardinería y quien habría sufrido una caída de altura, sufriendo lesiones que lamentablemente ocasionaron su deceso. Sin embargo, serán los resultados de las diligencias ordenadas las que determinarán cómo ocurrieron los hechos”, sostuvo el fiscal Hernan Gallardo en aquel entonces.

El fiscal explicó a la prensa, que fue un guardia de seguridad quien encontró el cuerpo sin vida del trabajador luego de que se diera aviso de la ausencia de éste.

La Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía fue el organismo quien se comunicó con la familia del afectado y explicó los distintos pasos a seguir en el proceso investigativo.

  LA SENTENCIA

Hoy –jueves 4 de abril del 2019 -, El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, aprobó el avenimiento entre el demandante y la empresa Gran Casino de Copiapó S.A., que pagará indemnización por $47.500.000 (cuarenta y siete millones quinientos mil pesos) a nieto de trabajador que perdió la vida en el recinto de juegos al caer desde una altura de cuatro metros, en junio de 2018.

En la audiencia (causa rol 338-2018), el juez José Marcelo Álvarez aprobó el acuerdo y dispuso que la cifra se pague a través de un cheque nominativo que deberá ser puesto a disposición del tribunal para su custodia a más tardar el próximo miércoles 24 de abril.

“Por medio del presente avenimiento las partes se otorgan el más amplio, total y término de la presente demanda, declarando que nada se adeuda por ningún concepto emanado de ella, salvo las que tengan por objeto obtener el íntegro y oportuno cumplimiento del acuerdo”, sostiene el fallo que tiene el carácter de sentencia definitiva y ejecutoriada para todos los efectos legales.

La demanda de indemnización de perjuicio por accidente laboral fue presentada en contra de Eduardo Carrera Jorquera, bajo cuya subordinación y dependencia se desempeñaba Raúl Humberto Ortiz Rojas, abuelo del demandante, y en contra del Gran Casino de Copiapó como empresa mandante.

El magistrado Álvarez explicó que “el tribunal, a fin de poner término al litigio, siempre llama a conciliación en la audiencia preparatoria, pero en esta audiencia de juicio nuevamente se llamó a acuerdo y no tener que vivir nuevamente el proceso doloroso que significa la declaración de testigos y demás medios de prueba y se propuso nuevamente por el tribunal un acuerdo, que fue aceptado por las partes”.