En septiembre, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama aprobó el proyecto portuario Copiaport-E, una iniciativa de infraestructura que busca fortalecer la conectividad marítima y potenciar la actividad logística de la región. Según consta en el acta de la sesión 17/2025, 11 autoridades participaron en la votación, con 10 votos favorables y uno en contra.
Desde la empresa promotora señalaron que el proceso consideró instancias de diálogo con grupos locales. “Hemos tenido comunicación permanente con las comunidades del área de influencia, tanto con sindicatos como con comunidades indígenas, logrando acuerdos de colaboración y medidas de mitigación que fueron parte del proceso de consulta indígena”, indicaron sus representantes.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversias. Diversas organizaciones sociales y comunidades manifestaron preocupación por los posibles efectos del proyecto en Bahía Chasco, zona reconocida por su biodiversidad y valor ecosistémico. Entre ellas, el Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA), movimiento ecologista de orientación progresista que ha tenido un rol activo en debates medioambientales de la región.
El coordinador de CODEMAA, Giuliano López, calificó la decisión como “una pérdida para la región”, afirmando al diario Chañarcillo que “el Estado no está dando el ancho para proteger ecosistemas relevantes en plena crisis climática”.
La representante del colectivo, Cecilia Aguilera, cuestionó además las condiciones de la sesión: “No se nos permitió opinar ni registrar la audiencia, pese a que se trataba de una instancia pública”.
Por su parte, Henry Saldaño, miembro de la comunidad de Totoral, expresó al mismo medio que las comunidades ancestrales del sector no fueron consideradas adecuadamente en el proceso. “En cambio, se incluyó a comunidades de formación reciente. Esto nos hace recordar conflictos anteriores, como el caso de la termoeléctrica Castilla”, señaló.
Las autoridades que aprobaron el proyecto
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Rodrigo Illanes Naranjo, Delegado Presidencial Regional (Frente Amplio)
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Verónica Ossandón, directora SEA Atacama
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Natalia Penroz, SEREMI de Medio Ambiente (Frente Amplio)
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Jessica Rojas, SEREMI de Salud (PPD)
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Yenny Valenzuela, SEREMI de Energía y SEREMI de Minería (s) (Frente Amplio)
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Mauricio Guaita, SEREMI de Obras Públicas (Frente Amplio)
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Rocío Díaz, SEREMI de Vivienda y Urbanismo (Frente Amplio)
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Carla Orrego, SEREMI de Transportes (Partido Comunista)
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Cristian Cortés, SEREMI de Agricultura (PPD)
La única autoridad que rechazó la iniciativa fue la SEREMI de Desarrollo Social, Verónica Rivera (FREVS), quien argumentó que el proyecto podría afectar la actividad productiva de pescadores artesanales de la zona.
Debate político y cuestionamientos internos
La composición de la votación llamó la atención en el ámbito regional. La mayoría de los SEREMI que respaldaron el proyecto provienen de sectores políticos que históricamente han apoyado agendas ambientales y sociales, lo que ha generado debate entre organizaciones que anteriormente encontraron en estas autoridades un apoyo a la defensa de Bahía Chasco.
El respaldo de representantes del PPD también abrió interpretaciones políticas, especialmente luego de que la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, referente del mismo partido, manifestara públicamente su rechazo al proyecto. La contradicción entre la postura municipal y la votación de los SEREMI del PPD ha dado pie a tensiones internas dentro del partido en la región.
Aunque la aprobación ya es oficial, el proceso sigue bajo observación de comunidades locales y agrupaciones ambientales que evalúan recurrir a instancias administrativas y judiciales para exigir mayor escrutinio sobre el impacto ambiental del proyecto.
