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Tribunal condena a tres años de libertad vigilada a conductor ebrio que causó la muerte de dos jóvenes

0:00 / --:-- Locución HD

En el marco de un procedimiento abreviado sustanciado en la región de Valparaíso, el Juzgado de Garantía de San Antonio condenó a una pena de tres años y un día de libertad vigilada intensiva a José Ignacio Venturino Saporta, responsable de un trágico accidente automovilístico que costó la vida a dos jóvenes. El fallo judicial zanja una de las aristas procesales de este bullado caso, estableciendo responsabilidades por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, conducción temeraria y la omisión de auxilio a las víctimas, hechos que conmocionaron a la opinión pública nacional tras registrarse el 30 de marzo de 2024.

Los antecedentes expuestos durante la investigación detallan que la tragedia vial se desencadenó cuando el condenado, entonces de 25 años de edad, conducía un vehículo marca BMW a una velocidad de 176,4 kilómetros por hora en una zona de curvas. Peritajes técnicos elaborados por las policías y presentados por el Ministerio Público confirmaron que el sujeto operaba el automóvil bajo los efectos del alcohol, arrojando una dosificación de 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre en su organismo, condición que redujo drásticamente sus capacidades psicomotoras al momento del impacto fatal donde Agustina y Trinidad perdieron la vida de forma instantánea en el asiento trasero.

Testimonios y peritajes claves en la investigación judicial

El proceso investigativo liderado por la fiscalía incorporó contundentes elementos probatorios, entre los que destacaron los informes cinemáticos y toxicológicos, además de estremecedores testimonios de testigos presenciales que llegaron inmediatamente al sitio del suceso. Las declaraciones ciudadanas confirmaron que el conductor no entregó ningún tipo de asistencia a las pasajeras que agonizaban en la calzada, evidenciando una total indolencia. Uno de los testigos relató ante el tribunal que, al interpelarlo por el estado de las jóvenes, el imputado respondió en actitud confusa y bajo hálito alcohólico que no las conocía, centrando su desesperación inicial en los daños materiales del automóvil y en las consecuencias familiares que enfrentaría.

A lo largo del iter procedural, la defensa del imputado, encabezada por el abogado penalista Matías Balmaceda Mahns, invocó diversas alegaciones médicas, incluyendo certificados de hospitalización en centros privados bajo diagnósticos de trastorno de estrés agudo, lo que marcó la discusión en torno a las medidas cautelares aplicadas tras la formalización inicial. Pese a los intentos del Ministerio Público por conseguir la prisión preventiva en las instancias de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el tribunal mantuvo inicialmente arresto domiciliario total y arraigo nacional, culminando ahora con esta sentencia de procedimiento abreviado que contempla además la cancelación definitiva de la licencia de conducir y el pago de una multa económica superior a los 700 mil pesos.

Implicancias legales y reproche social ante la conducción irresponsable

La sentencia dictada por la justicia chilena ha reabierto el debate público en torno a los estándares punitivos y las alternativas de cumplimiento de condenas corporales para delitos viales con resultado fatal. Si bien el marco legal chileno contempla penas efectivas para la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, la aplicación de la libertad vigilada intensiva en este procedimiento abreviado vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la proporcionalidad de las sanciones ante negligencias graves al volante que cobran vidas humanas inocentes.

Con el cierre de esta etapa judicial y el cumplimiento de las accesorias legales impuestas al sentenciado, la causa marca un precedente en el análisis de la severidad con la que los tribunales sancionan la conducción temeraria combinada con el consumo de alcohol y la omisión de socorro. Las familias de las víctimas y la comunidad en general continúan reflexionando sobre la urgencia de fortalecer la prevención y el rigor normativo para erradicar la conducción bajo sustancias alcohólicas de las rutas del país.